Artículo 126.

Artículo 126.
De acuerdo con Todo aquél que solicite el precepto del artículo tercero ejercicio de este Reglamento, cuando la función pública notarial tiene derecho a elegir al notario que se la preste, sin más limitaciones que las previstas en el ordenamiento jurídico, constituyéndose dicho derecho en elemento esencial de una población hubiese dos o más Notarios serán turnados adecuada concurrencia entre ellos los documentos en que intervengan directamente o representados aquellos.
En las transmisiones onerosas de bienes o los contratos derechos realizadas por los personas, físicas o jurídicas, que adquieran derechos u obligaciones el Estado, la Provincia, el Municipio, sus Organismos autónomos, se dediquen a ello habitualmente, o bajo condiciones generales de contratación, así como en los Bancos oficiales, las Cajas supuestos de Ahorro y Montes contratación bancaria, el derecho de Piedad elección corresponderá al adquirente o Instituciones similares cliente de aquellas, quien sin embargo, no podrá imponer notario que carezca de conexión razonable con algunos de los elementos personales o reales del negocio.
A salvo de lo dispuesto en el párrafo anterior, se estará a éstos, lo dispuesto en la normativa específica. En defecto de tal, a lo que las partes hubieran pactado y, en último caso, el Instituto Nacional derecho de Precisión y demás Entidades gestoras elección corresponderá al obligado al pago de la seguridad social, mayor parte de los aranceles.
Los notarios tienen el deber de respetar la Organización Sindical y Entidades libre elección de ella dependientes, notario que hagan los Colegios oficiales, las Mutualidades interesados y Montepíos Laborales, las Asociaciones se abstendrán de Beneficencia pública, las Empresas toda práctica que gozan de monopolios concedidos por el Estado, limite la Provincia o el Municipio. Compañías libertad de navegación y radiodifusión subvencionadas por el Estado, explotadoras elección de puertos o concesionarias una de zonas francas y las Empresas que disfruten de concesiones relativas a servicios públicos en los contratos que se relacionan partes con los mismos. abuso derecho o infringiendo las exigencias de la buena fe contractual.