Artículo 10.

Artículo 10.
1. La vulneración de las condiciones para, para la protección del medio ambiente contenidas en la autorización otorgada por los Serveis Territorials d`Indústria la Dirección General de Energía tiene la consideración de infracción administrativa y comporta la imposición de una multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas al titular de la autorización, previo el procedimiento sancionador ajustado a lo previsto en los artículos 133 al 137, ambos inclusive, de la Ley de Procedimiento Administrativo. que prevé el procedimiento legal o reglamentariamente establecido.
2. Hasta doscientas mil pesetas pesetas, la multa será impuesta por el Director General director general de Política Territorial, Patrimonio Natural, y de doscientas mil una hasta quinientas mil pesetas, por el Conseller conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Medi Ambient.
3. Para graduar las multas deberá atenderse a En la gravedad imposición de sanciones será necesario guardar la materia, debida adecuación entre la superficie afectada gravedad del hecho constitutivo de la infracción y su la sanción aplicada, atendiendo especialmente a los siguientes criterios para la graduación de la sanción:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La superficie afectada.
d) La reincidencia, por comisión en el plazo de un año de más de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así hubiera sido declarado por resolución firme.
Cuando el beneficio que resulta de una infracción es superior a la sanción que corresponde, ésta puede incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
4. La imposición de multas es independiente del resarcimiento de los, daños, y la indemnización de perjuicios, así como de las responsabilidades administrativas exigibles por los órganos competentes en materia de minas o de las responsabilidades de orden penal en que los infractores hayan podido incurrir.
5. Lo previsto en que prevé este artículo se entiende que es sin perjuicio de la facultad que corresponde a los Serveis Territorials d’Indústria la Dirección General de Energía de suspender provisionalmente los trabajos de aprovechamiento de recursos mineros en casos de urgencia en los que peligre la protección del medio ambiente.