Artículo 316. Infracciones administrativas menos graves.

Artículo 316.
Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos graves:
a) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico hidráulico, siempre que la valoración de aquéllos estuviera esté comprendida entre 50.000 75.001 y 500.000 750.000 pesetas.
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas en los supuestos en que hubiera lugar a la declaración de caducidad o revocación de las mismas.
c) La derivación de aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, así como la realización de trabajos o mantenimiento de cualquier medio que hagan presumir la continuación de la captación abusiva de las mismas, siempre que, en estos dos últimos supuestos, exista requerimiento previo del Organismo de cuenca en contrario.
d) La ejecución sin la debida autorización administrativa de obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su uso, en los supuestos en que, de producirse daños para el dominio hidráulico, su valoración estuviera comprendida entre 50.000 75.001 y 500.000 750.000 pesetas.
e) La invasión o la ocupación de los cauces o la extracción de áridos en los mismos sin la correspondiente autorización autorización, cuando se produjeran como consecuencia de ello daños para el dominio público cuya valoración estuviera comprendida entre 50.000 75.001 y 500.000 750.000 pesetas.
f) Los daños a la las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción de o daños a los materiales acopiados para su construcción, conservación, limpieza y monda monda, en los supuestos en que la valoración de tales daños o de los bienes sustraídos estuviera comprendida entre las 50.000 75.001 y 500.000 750.000 pesetas.
g) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente y siempre que los daños derivados para el dominio público no fueran superiores a 500.000 750.000 pesetas.