Disposición adicional tercera. Actos de disposición de la acción procesal.

Disposición adicional tercera. Actos de disposición de la acción procesal.
La atribución por razón de sus funciones a los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la competencia para informar o autorizar el ejercicio de acciones en los diversos órdenes jurisdiccionales, así como para la resolución de reclamaciones previas, la presentación de denuncias o querellas, el planteamiento de conflictos, recursos y reclamaciones comprende, salvo normas especiales o de rango superior que dispongan lo contrario, la facultad para autorizar emisión del informe sobre los actos de disposición de la acción procesal correspondientes, procesal, tales como allanarse a las pretensiones de la parte contraria, desistir de acciones o recursos, recursos o apartarse de querellas, así como corresponderá a los órganos de la decisión Agencia Estatal de no interponer Administración Tributaria que tenga atribuida la competencia material sobre las funciones objeto de la acción, salvo normas especiales o no sostener recursos, de rango superior que previo informe del órgano competente, dispongan lo contrario. Estos informes serán comunicados a través del Director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el orden contencioso-administrativo, se entenderá que la competencia para manifestar el parecer sobre el y previo informe del órgano autor del acto de disposición de la acción procesal corresponde al originario, el Departamento o Servicio competente por razón de la materia, previo informe del mismo, materia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de conformidad con lo establecido en esta Orden y en la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre. diciembre, podrá manifestar su parecer sobre los actos de disposición de la acción procesal que se sometan a informe de los Tribunales económico-administrativos que hayan dictado el acto objeto de recurso.
El informe al que se refieren los dos apartados anteriores deberá hacer referencia a los motivos jurídico-materiales que fundamentan la disposición de la acción procesal, así como como, cuando ello sea posible, una estimación de sus consecuencias económicas para la Hacienda Pública.