Artículo 21. Exigibilidad y cumplimiento de las obliga­ciones.

Artículo 21. Exigibilidad y cumplimiento de las obliga­ciones.
1. Las obligaciones de la Hacienda Pública autonó­mica sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución del Presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no pre­supuestarias legalmente autorizadas.
2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública autonómica corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. El órgano administrativo encargado del cumpli­miento de la resolución judicial acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites del respectivo Presupuesto. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente den­tro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.
4. Cuando las obligaciones económicas tengan por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá realizarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación, salvo que se trate obligación.
5. No podrá efectuarse el desembolso anticipado de negocios jurídicos encargados a entes, organismos las aportaciones comprometidas en virtud de convenios de colaboración y entidades del sector público que tengan atribuida la condición encomiendas de medio propio gestión con carácter previo a la ejecución y servicio técnico justificación de las prestaciones previstas en los mismos, sin perjuicio de lo que puedan establecer las disposiciones especiales con rango de Ley que puedan resultar aplicables en cuyo caso cada caso.
No obstante lo anterior, el acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el convenio de colaboración o encomienda de gestión, podrá exceptuar garantizar tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar la obligación. actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total a percibir. En tal caso, se deberán asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía, salvo cuando el acreedor de la Administración sea una entidad del sector público o la normativa reguladora del gasto de que se trate establezca lo contrario.