Sección 1

Sección 1.ª Protección de la riqueza natural y del medio ambiente

3.1. Coherencia, diversidad y riqueza del territorio de Castilla y León.-La coherencia geográfica del territorio de Castilla y León, así como la diversidad y riqueza de sus espacios naturales, son un recurso básico de la Comunidad, que debe ser valorado mediante políticas que promuevan un uso sostenible e inteligente de los recursos naturales. A tal efecto:

a) Se fomentará una perspectiva integral de la riqueza natural de Castilla y León, fortalecedora de la identidad regional, y se dará prioridad a las acciones de ámbito supralocal que generen sinergias territoriales.

b) Será objetivo estratégico para la acción pública, fomentar la excelencia ambiental, para contribuir a un modelo de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático, así como para fortalecer la capacidad de la Comunidad de atraer nueva población y actividades, y para desarrollar un sistema diferencial de recursos turísticos.

3.2. Red de espacios naturales.-La Red de Espacios Naturales de Castilla y León y la Red Natura 2000 configuran el sistema de zonas más relevantes del patrimonio natural de la región, albergando los ecosistemas y paisajes mejor conservados. Los criterios de actuación en dichos espacios serán los siguientes:

a) Proteger, conservar y recuperar los lugares de singular valor, en particular mediante la elaboración de los correspondientes instrumentos de ordenación territorial y gestión.

b) Promover acciones de desarrollo socioeconómico para los habitantes de los espacios naturales y de sus zonas de influencia socioeconómica, fomentando un uso sostenible e inteligente de los recursos, así como el mantenimiento de las prácticas tradicionales de gestión sostenible del territorio.

c) Promover la calidad de las obras públicas y de la arquitectura contemporánea, asociada a la imagen de calidad de dichos ámbitos.

3.3. Puesta en valor de los montes y bosques.-Los montes y los bosques tienen una función esencial en la ordenación y vertebración del territorio, y, en particular, del mundo rural. Por tanto, la acción pública debe dirigirse a la conservación de estos espacios mediante una gestión planificada, con instrumentos que integren la política forestal con las demás políticas sectoriales, y a nivel de detalle con instrumentos de ordenación de cada monte. Asimismo, debe mantenerse un equilibrio armónico entre las distintas funciones de los montes, tanto económicas como ambientales y sociales. La puesta en valor de estos espacios, así como de los recursos forestales, es estratégica tanto para la calidad del territorio como para la vertebración socioeconómica de muchas áreas rurales y, en especial, de las más desfavorecidas y periféricas. La ordenación y promoción del uso de los productos de los montes, así como su transformación, son necesarias para el desarrollo futuro de dichas áreas; en tal sentido, la certificación de la gestión forestal sostenible es una herramienta adecuada para conseguir estos objetivos.

3.4. Red de corredores ecológicos.-Para fomentar la interrelación y el intercambio ecológico en los espacios naturales debe mantenerse el buen estado ecológico de los territorios existentes entre los mismos, en particular, apoyando las prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y asegurando la permeabilidad de las infraestructuras y de las barreras naturales, en especial de las riberas de los ríos. Al mismo tiempo, es necesario defender el mantenimiento de la calidad del paisaje, aun cuando los paisajes humanos están sometidos a una constante transformación.

3.5. Protección ambiental.-La protección ambiental debe ser una directriz esencial para la acción pública. A tal efecto:

a) Se dará prioridad a la conservación de los factores abióticos y bióticos que garantizan la calidad del medio ambiente, procurando:

1.º Defender la calidad del aire, mejorando las herramientas de análisis y control, y aplicando planes de actuación allí donde se detecten situaciones de contaminación atmosférica.

2.º Elaborar planes de movilidad en los centros urbanos de referencia, que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la calidad del aire.

3.º Fomentar estrategias locales contra la contaminación acústica y lumínica, elaborando herramientas específicas, tales como mapas de ruido y guías de diseño urbano.

4.º Garantizar la calidad de las aguas velando por el buen estado de las aguas superficiales y de los acuíferos, la protección de los humedales y el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos.

5.º Mantener la calidad de los suelos, con acciones de prevención de la erosión y la contaminación, diagnóstico de áreas vulnerables y elaboración de programas de recuperación de suelos degradados.

6.º Proteger y conservar los espacios arbolados continuando las acciones de reforestación, así como las relativas a la prevención y extinción de incendios.

7.º Garantizar la conservación de la fauna y flora silvestre, en especial la más amenazada, elaborando planes para su recuperación y para la gestión de los hábitats prioritarios.

b) La acción pública dará prioridad a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras y sistemas de servicios básicos ligados al ciclo del agua, así como a la gestión sostenible y segura de los residuos.

c) Se fomentarán prácticas más sostenibles en todos los procesos de transformación del territorio, así como programas que incentiven el uso de energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

d) Los centros urbanos de referencia generalizarán el uso de herramientas de gestión ambiental, como las estrategias locales de desarrollo sostenible.

e) Las Administraciones públicas buscarán fórmulas innovadoras de financiación de las inversiones en el patrimonio natural y del medio ambiente, en colaboración con el sector privado.

3.6. Infraestructuras del ciclo del agua.-La acción pública en materia hidráulica debe apoyarse en la colaboración entre la Junta de Castilla y León y los Organismos de Cuenca, a fin de mejorar sistemáticamente la eficiencia en la gestión del agua, la garantía de suministro a la población y la preservación de la calidad de las aguas. A tal efecto:

a) Se impulsará la recuperación de humedales y acuíferos sobreexplotados, el control de calidad de las aguas, la depuración de vertidos, el mantenimiento de caudales ecológicos, así como la recuperación de riberas, en especial en tramos urbanos.

b) Se fomentará el ahorro en el consumo mediante el adecuado mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento y la reutilización de aguas residuales, sin perjuicio de prever un incremento razonable de los recursos hídricos necesarios para garantizar el desarrollo equilibrado y sostenible de la Comunidad.

c) Con las salvaguardas ambientales necesarias, se impulsarán las obras hidráulicas de regulación y transporte que permitan atender las demandas actuales y futuras conforme a lo dispuesto en la letra anterior, así como el aprovechamiento energético de ríos y canales.

d) La infraestructura hidráulica urbana deberá satisfacer las demandas actuales y futuras de la población mediante acciones de mejora programadas, promoviendo estrategias de colaboración con los entes locales dirigidas a modernizar y mejorar las infraestructuras existentes con el fin de:

1.º Asegurar la dotación y la calidad del agua para consumo humano, mejorando los servicios al usuario y aumentando la eficiencia en la gestión, con criterios de ahorro y equilibrio de costes.

2.º Preservar la calidad de las aguas, manteniendo la biodiversidad fluvial y lagunar, y a la vez proteger los acuíferos subterráneos.

3.º Fomentar las soluciones mancomunadas o mediante consorcios, capaces de abordar con mayor eficiencia tanto las carencias en abastecimiento y depuración como la previsión.

e) Asumiendo que los regadíos cumplen un papel imprescindible para garantizar la actividad en el medio rural, es necesario continuar su implantación y consolidar los existentes, mejorando las infraestructuras y modernizando los sistemas de riego para lograr el máximo ahorro de agua.

f) Fomentar la recuperación de infraestructuras hidráulicas históricas que hayan perdido su función inicial, para cumplir usos alternativos.

3.7. Infraestructuras de residuos.-La acción pública en materia de residuos debe abordarse como política integral, minimizando los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, reduciendo la generación de residuos y fomentando su reutilización, reciclado y valorización, así como consolidando la red regional de infraestructuras de gestión. A tal efecto se desarrollarán planes y políticas específicas para los residuos urbanos, industriales peligrosos y no peligrosos, sanitarios, de la construcción, ganaderos, agrícolas y forestales, sin perjuicio de establecer actuaciones comunes que procuren sinergias beneficiosas.