Legislación › Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2
Las amenazas y desafíos en el ciberespacio
En este capítulo se examinan las principales amenazas y desafíos del ciberespacio a los que se enfrenta España.
La promoción de un entorno seguro y fiable es una tarea que debe partir del conocimiento y la comprensión de los desafíos y las amenazas, incluyendo las nuevas y emergentes que afectan al ciberespacio. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 diferencia entre las ciberamenazas y las acciones que usan el ciberespacio como medio para realizar actividades maliciosas o ilícitas.
Ciberamenazas:
Las ciberamenazas son todas aquellas disrupciones o manipulaciones maliciosas que afectan a elementos tecnológicos. Abarcan un amplio abanico de acciones. Las ciberamenazas se caracterizan por su diversidad tanto en lo que concierne a capacidades como a motivaciones. Afectan a la práctica totalidad de los ámbitos de la Seguridad Nacional, como la Defensa Nacional, la seguridad económica o la protección de las infraestructuras críticas, entre otros, y no distinguen fronteras.
Su carácter transversal, exige que la ciberseguridad sea afrontada con una perspectiva integral que comprenda a las Administraciones Públicas, al sector público y privado y a la sociedad en su conjunto, en tanto puede tener implicaciones simultáneas en aspectos tan diversos como la soberanía, los derechos fundamentales, la defensa, la economía y el desarrollo tecnológico.
En este escenario, las defensas deben evolucionar continuamente para ir adaptándose a una amenaza que lleva la iniciativa y que se multiplica por el efecto llamada que genera su alto grado de impunidad. Todo ello, mientras la superficie a defender se incrementa y complica cada día.
En este sentido, la seguridad de las redes y sistemas de información requiere potenciar las medidas de prevención, detección y respuesta, fomentando la seguridad por diseño y por defecto, que debe estar incorporada tanto en el desarrollo de productos y servicios tecnológicos, como en su actualización o manera de utilización.
Acciones que usan el ciberespacio para fines maliciosos:
Las tecnologías digitales dan entrada a nuevas actividades y formas de negocio que requieren ser debidamente reguladas, pues pueden afectar a la estabilidad y al ejercicio de derechos y libertades, presentando sustanciales amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional. Igualmente, las mismas cualidades que hacen del ciberespacio un motor del progreso, pueden ser explotadas con fines perniciosos al sumarse a las excepcionales facilidades que concede para el anonimato, la suplantación y la amplificación.
Debido a la revolución de Internet, Estados, grupos organizados, colectivos y hasta individuos aislados pueden alcanzar un nivel de poder y una capacidad de influir impensable en otros tiempos. La conectividad digital lleva a que los movimientos sociales globales tengan una importancia estratégica hasta hace poco subestimada.
Las acciones que usan el ciberespacio como medio para realizar actividades maliciosas o ilícitas incluyen las relacionadas con el ciberespionaje y la cibercriminalidad.
El ciberespionaje es un método relativamente económico, rápido y con menos riesgos que el espionaje tradicional, dada la dificultad de atribución de la autoría. Las mayores capacidades corresponden principalmente a actores estatales (organismos de inteligencia o militares), que fundamentalmente operan a través de las denominadas Amenazas Persistentes Avanzadas (APT). Un tipo de amenaza en la que el adversario posee sofisticados niveles de conocimiento y de recursos e infraestructuras para, mediante múltiples tipos de ataques, interactuar sobre sus objetivos por un extenso periodo de tiempo, adaptarse a los esfuerzos del defensor para resistir, así como mantener el nivel de interacción para ejecutar sus objetivos.
Asimismo, se constata una tendencia creciente de las denominadas amenazas híbridas, acciones coordinadas y sincronizadas dirigidas a atacar de manera deliberada las vulnerabilidades sistémicas de los estados democráticos y las instituciones, a través de una amplia gama de medios, tales como acciones militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de la información, o elementos de presión económica. Actores estatales y no estatales, bien de forma directa o a través de intermediarios, explotan las facilidades que ofrece Internet para la desinformación y propaganda y un interés generalizado en la obtención y desarrollo de capacidades militares para operar en el ciberespacio, incluyendo en muchos casos capacidades ofensivas.
La cibercriminalidad, por su parte, es un problema de seguridad ciudadana de primer orden, representando una de las amenazas más extendidas y generalizadas, que se materializa de forma continua y que victimiza cada vez de manera más importante a miles de instituciones, empresas y ciudadanos. El término Cibercriminalidad, hace referencia al conjunto de actividades ilícitas cometidas en el ciberespacio que tienen por objeto los elementos, sistemas informáticos o cualesquiera otros bienes jurídicos, siempre que en su planificación, desarrollo y ejecución resulte determinante la utilización de herramientas tecnológicas; en función de la naturaleza del hecho punible en sí, de la autoría, de su motivación, o de los daños infligidos, se podrá hablar así de ciberterrorismo, de ciberdelito, o en su caso, de hacktivismo.
El empleo de nuevas modalidades de transacción financiera y económica, como las criptomonedas, para el tráfico y el comercio de bienes y prestación de servicios ilícitos o la extorsión, el fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios, constituyen un serio desafío a la seguridad por su sofisticación y complejidad. Estos pueden ser utilizados en el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos y representan una fuente de ingresos para el crimen organizado y por lo tanto son facilitadores de otras actividades como la financiación del terrorismo, que toma provecho de la dificultad de seguimiento que estas nuevas técnicas ofrecen.
Los ciberdelincuentes operan bajo esquemas de crimen organizado y continúan explorando de manera incesante técnicas sobre las que construir modelos de negocio lucrativo y de bajo riesgo, amparados por la difícil trazabilidad de sus acciones.
Los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques o para actividades de radicalización de individuos y colectivos, financiación, divulgación de técnicas y herramientas para la comisión de atentados, y de reclutamiento, adiestramiento o propaganda. Íntimamente relacionado con ello, se halla la amenaza contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad cierta de causar un colapso a través de las redes mediante una caída en cadena de los servicios esenciales.
Los grupos hacktivistas realizan ciberataques por razones ideológicas y, aprovechándose en ocasiones de productos, servicios y herramientas disponibles en el ciberespacio, buscan desarrollar ataques con un gran impacto mediático o social.
Tampoco se puede menospreciar la amenaza que entraña el incremento continuado de la contratación de servicios de cibercriminales, las organizaciones que buscan causar daño a sus competidores y los recursos tecnológicos y humanos internos que puedan resultar dañinos para las organizaciones, sin olvidar todas aquellas amenazas emergentes y las acciones resultantes de la falta de cultura de ciberseguridad.
Por otra parte, la información digital se ha convertido en un activo de alto valor añadido. El análisis de los datos personales que circulan en la red se aprovecha para múltiples fines que abarca desde estudios sociológicos hasta campañas comerciales. El empleo malintencionado de datos personales y las campañas de desinformación tienen un alto potencial desestabilizador en la sociedad, y la explotación de brechas en los datos personales supone una violación a la seguridad de dichos datos, que afecta a la privacidad de las personas y a la integridad y confidencialidad de sus datos.
En cuanto a las campañas de desinformación, hacen uso de elementos como las noticias falsas para influir en la opinión pública. Internet y las redes sociales amplifican el efecto y alcance de la información transmitida, con potencial aplicación en contra de objetivos como por ejemplo organizaciones internacionales, Estados, iniciativas políticas o personajes públicos o incluso a procesos electorales democráticos.


