CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1

Una visión integral de la protección civil

Antecedentes y situación actual

La Constitución española no contiene una mención expresa a la protección civil y emergencias, pero sí establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física como el principal derecho fundamental (artículo 15), en el marco de un sistema político basado en la unidad y en la solidaridad territorial (artículo 2), en el que las diferentes Administraciones Públicas deben ser eficaces y actuar bajo el principio de coordinación (artículo 103), pudiendo establecer deberes a los ciudadanos en situaciones de grave riesgo (artículo 30.4), todo lo cual confluye en el título competencial de seguridad pública del artículo 149.1.29.ª.

La dimensión nacional de la protección civil se contempla así en el marco de la vigente Estrategia de Seguridad Nacional, cuya última versión fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional en 2021.

Esta incluye a las emergencias y catástrofes como uno de los principales riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional, por su impacto en la seguridad de las personas y los bienes. En tal sentido, prevé como factores potenciadores del riesgo de emergencias y catástrofes tanto la despoblación rural como la sobrepoblación de algunas ciudades, la degradación del ecosistema agravada por los efectos del cambio climático o el incremento en la magnitud y frecuencia de algunos fenómenos meteorológicos adversos. En este contexto, se identifican como principales riesgos las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos y maremotos, los riesgos volcánicos, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes en instalaciones o durante procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, los accidentes catastróficos en el marco del transporte de viajeros y los riesgos nucleares, radiológicos y biológicos.

Es por ello que la Estrategia de Seguridad Nacional incluye como primer eje estratégico «Una España que protege la vida de las personas y sus derechos y libertades, así como el orden constitucional», en la que el fortalecimiento de las capacidades de los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional –la defensa nacional, la acción exterior y la seguridad pública, con el apoyo de los servicios de inteligencia e información del estado– junto al refuerzo de la sanidad pública, la protección civil y la protección de las Infraestructuras Críticas son claves para hacer frente a las amenazas que afectan a los valores e intereses de España y contribuyen a su cohesión territorial.

En concreto, en la actuación frente a situaciones de crisis se incluyen el Sistema Nacional de Protección Civil, la consolidación de estructuras funcionales y redes de coordinación, junto con la asignación de los recursos necesarios, como contribución para fortalecer la gestión de emergencias y catástrofes, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM). Asimismo, se resalta la importancia de asegurar el intercambio de información permanente y en tiempo real entre el Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema de Seguridad Nacional en caso de catástrofe.

El Sistema Nacional de Protección Civil está, por tanto, plenamente integrado en el Sistema de Seguridad Nacional. Además, el Consejo de Seguridad Nacional ostenta la competencia para la aprobación, a propuesta del Ministro del Interior, de la Estrategia Nacional de Protección Civil. Asimismo, la Ley 17/2015 establece que la dirección de las emergencias de interés nacional, que exige la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos nacionales e internacionales, es competencia del Ministro del Interior.

En la línea de lo anterior, la configuración jurídica actual de la protección civil en España y el marco operativo para la gestión de riesgos de catástrofes se han visto impulsados mediante la aprobación y entrada en vigor en 2020 del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, concebido con carácter integrador y multirriesgo; el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos, en 2021, como plan de última generación que completa el círculo de seguridad humana a la que atiende la seguridad pública, y la nueva Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, como segunda norma del Sistema y que se alinea con las situaciones operativas del PLEGEM para garantizar una escalada ordenada de las situaciones de gravedad y los distintos planes que puedan verse afectados.

A su vez, y en cumplimiento del mandato de la Conferencia de Presidentes de La Palma, de 13 de marzo de 2022, fue aprobado ese mismo año el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres ‘Horizonte 2035’, que persigue impulsar y desarrollar un sistema maduro, para garantizar una respuesta altamente eficaz a las emergencias y catástrofes, asegurando una protección en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.

La principal novedad que se incorpora en este estadio de su desarrollo es el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, que dota al sistema de un marco conceptual coherente con la actual distribución de competencias entre las administraciones territoriales, adoptando un modelo de gobernanza avanzado en el que las atribuciones de cada nivel competencial se ejercitan en el marco de un proceso global de planificación.

En la dimensión internacional se ha ido configurando un marco jurídico internacional que incorpora normas e instituciones dirigidas a asegurar la cooperación internacional en acciones de protección civil y al intercambio de conocimientos y asistencia mutua para hacer frente a los desafíos globales de la gestión del riesgo de catástrofes. En este contexto, la acción internacional de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), en tanto que centro directivo del Ministerio del Interior encargado de las relaciones internacionales en el ámbito de la protección civil, ha de dar respuesta a la creciente internacionalización de la actividad del Estado derivada tanto de nuestra pertenencia a la Unión Europea y de nuestra participación en foros multilaterales como de las relaciones bilaterales con otros países.

Las áreas prioritarias de la actividad internacional de la Administración General del Estado en el ámbito de la protección civil son: 1) la Unión Europea, en particular el Mecanismo de Protección Civil de la Unión; 2) el entorno de Naciones Unidas y sus instrumentos en materia de gestión del riesgo de catástrofes; 3) la Unión por el Mediterráneo; 4) la cooperación bilateral con los socios tradicionales de la política exterior española, en particular con Iberoamérica y los países vecinos: Francia y Portugal, pero también los países del Mediterráneo occidental.

En los últimos años, hemos sido testigos de numerosas catástrofes que han puesto a prueba la capacidad de respuesta y prevención de nuestro país, como las recurrentes inundaciones provocadas por danas, la pandemia originada en 2020 por la COVID-19, la aceleración de los efectos del cambio climático con intensas campañas de incendios forestales, la borrasca Filomena o la erupción volcánica de la isla de La Palma. Es por ello que, si bien la Estrategia Nacional de Protección Civil de 2019, dado su enfoque integral y multidisciplinario, ha permitido abordar de manera adecuada una amplia gama de sucesos y ha sido evaluada de manera positiva por su capacidad para hacer frente a las distintas situaciones de emergencia que se han presentado, nos encontramos ante la necesidad de contar con una nueva estrategia aún más sólida y eficaz.

Esta Estrategia se concibe así, como una evolución de su predecesora, la cual ha demostrado ser un instrumento de planificación estratégica eficaz para hacer frente a distintos sucesos que pueden poner en peligro la seguridad de la ciudadanía y el territorio español.

Para poder definir sus Objetivos, se ha procedido a alinear su contenido con los cuatro (4) ejes estratégicos que se detallaron en el mencionado Plan «Horizonte 2035», a saber:

Fortalecer la capacidad operativa, directiva, planificadora y coordinadora de los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Ordenar los recursos de forma transparente, homogénea y que garantice su interoperabilidad y la asistencia entre las diferentes Administraciones Públicas.

Garantizar la capacidad de las diferentes Administraciones Públicas para hacer frente a las amenazas correspondientes a su nivel de planificación y respuesta.

Incrementar la resiliencia de la sociedad mediante el impulso de la cultura preventiva, incorporando a cuantos actores puedan ser relevantes para garantizar un nivel óptimo de seguridad en situaciones de catástrofes.

En torno a estos objetivos, la Estrategia establece 58 las líneas de acción (L.A.), que incorporan a su vez elementos de alineación o convergencia con medidas europeas e internacionales, reflejo de la naturaleza global de la mayoría de las amenazas a la Seguridad Nacional.

Como conclusión, debe señalarse que la integración del Sistema Nacional de Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional permite al Gobierno de la nación afrontar la gestión de las amenazas y los riesgos con un enfoque integral.