CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2

Riesgos en el ámbito de la protección civil

2.1 Introducción.

La protección civil es una disciplina encargada de prevenir, mitigar y responder a situaciones de emergencia o catástrofes que puedan poner en peligro la seguridad y bienestar de la población. Desempeña un papel crucial en la salvaguarda de la vida, la propiedad y el entorno ante situaciones de emergencia o catástrofes.

Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, este ámbito se enfrenta a diversos riesgos. Es crucial comprender y abordar estos riesgos para fortalecer la capacidad de respuesta y protección de la sociedad, con la finalidad de llevar a cabo una planificación meticulosa para garantizar una respuesta eficiente y efectiva.

Los riesgos en el ámbito de la protección civil pueden clasificarse en diferentes categorías: naturales y antropogénicos.

En primer lugar, los riesgos naturales representan un peligro significativo. Fenómenos como terremotos, inundaciones, maremotos, tormentas, incendios forestales y eventos climáticos extremos pueden desencadenar emergencias de gran magnitud. La gestión de estos riesgos implica no solo la anticipación de su ocurrencia, sino también la preparación para mitigar sus efectos y la capacidad de respuesta rápida y coordinada durante y después del evento.

Los riesgos tecnológicos, por otro lado, están asociados a actividades humanas y tecnológicas que pueden generar emergencias, como accidentes industriales, fugas químicas, colapsos estructurales o los que pueden dan lugar a contaminación radiológica que pueden tener consecuencias devastadoras. La complejidad de estos riesgos demanda una preparación específica y una capacidad de respuesta adaptada a situaciones tecnológicas. La protección civil debe adaptarse a la naturaleza específica de estos eventos, incorporando protocolos y estrategias especializadas para hacer frente a desafíos tecnológicos emergentes.

En el ámbito social, la vulnerabilidad de la población se convierte en un factor crítico. Además, incluye aspectos como la densidad demográfica, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la edad media de la población y el nivel de formación sobre las medidas de prevención. Estos factores pueden aumentar la magnitud de las catástrofes y dificultar la ejecución de acciones de protección civil. La inclusión de un enfoque socialmente consciente en las estrategias de protección civil es esencial para abordar las disparidades y garantizar una respuesta equitativa.

El deterioro del medio ambiente y el cambio climático son quizás los desafíos más importantes del siglo XXI, que únicamente a partir de la década de los años setenta comenzaron a tratarse desde un enfoque internacional. Las soluciones a estos problemas no son fáciles, porque el deterioro del medio ambiente está, en buena medida, asociado a un modo de vida basado en el consumo y el crecimiento. Por su parte, el cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles y la deforestación provocará en España un aumento de la desertificación, una reducción de los recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad, entre otros efectos.

De la experiencia adquirida en la prevención, gestión, recuperación y seguimiento de los diferentes episodios de emergencia se desprenden las principales tendencias de los últimos años. Un periodo que se ha caracterizado por una gran inestabilidad de los patrones climáticos y crecientes desajustes estacionales, que dificultan los procesos de predicción y se traducen en episodios atemporales de fuertes contrastes. Por un lado, se han producido etapas de fuerte sequía meteorológica e hidrológica y temperaturas extremas en zonas poco habituales. Por otro, se han experimentado cuadros de lluvias torrenciales durante el verano y otoño, que han generado episodios de inundaciones, así como intensas nevadas. Este tipo de episodios constituyen el fenómeno natural que más daños materiales causa en España y en Europa.

Por otra parte, la importancia de los incendios forestales en nuestro país guarda relación con un clima eminentemente mediterráneo como el español. El resultado de las políticas públicas en esta materia, unido a la generación paulatina de una mayor concienciación ciudadana que incluye el rechazo de la opinión pública a ciertas prácticas de riesgo, permite mantener una tendencia decreciente en cuanto a número de incendios y superficie quemada, si bien sigue siendo un riesgo elevado en nuestro país, que tenderá a agravarse en el futuro como consecuencia del cambio climático.

En cuanto a los efectos de la actividad sísmica, aunque España no es una zona especialmente expuesta a estos fenómenos, sí son frecuentes los movimientos sísmicos en determinadas zonas. Si bien su ocurrencia con consecuencias catastróficas es de baja probabilidad, en caso de producirse como ocurrió en Lorca, Murcia (2011), genera un elevado impacto sobre la población afectada, sus bienes y las infraestructuras. La actividad volcánica ha situado a nuestro país, con la erupción en el volcán Tajogaite en la Isla de La Palma (2021), entre los países en los que el monitoreo y vigilancia se convierten en esenciales.

Finalmente, por lo que respecta a los sucesos relacionados con los riesgos tecnológicos, cabe destacar que en los últimos años se han mantenido en niveles moderados de ocurrencia.

La integración de estos elementos en la planificación y ejecución de medidas de protección civil es fundamental para fortalecer la resiliencia de las comunidades. La identificación y evaluación precisa de los riesgos, la capacitación adecuada del personal y la sensibilización de la población son componentes esenciales de un enfoque holístico y efectivo en el ámbito de la protección civil. Solo mediante una comprensión completa de los riesgos y una preparación adecuada se puede garantizar una respuesta eficaz y mitigar los impactos negativos de las emergencias y catástrofes.

2.2 Riesgos: Identificación y análisis.

Los planes de protección civil son los instrumentos de previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas, animales, bienes, medio ambiente y patrimonio histórico, artístico y cultural, así como del esquema de coordinación de las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir.

Además, y como una muestra de la madurez alcanzada por los dispositivos de protección civil de las diferentes Administraciones Públicas, y también de la gran complejidad de un sistema moderno de emergencias, la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, atribuye a la Norma Básica de Protección Civil aprobada por Real Decreto 524/2023, el establecimiento de los riesgos que deban ser objeto de planificación de protección civil, y el establecimiento de las bases para la mejora de la coordinación y eficiencia de las actuaciones de los servicios de intervención y asistencia en emergencias.

La Norma Básica recoge, en primer lugar, el catálogo de riesgos que deban ser objeto de la protección civil, y que deben ser definidos bien por disposición reglamentaria, bien en la propia Norma, a la que se incorpora el correspondiente catálogo. La inclusión de un riesgo en el catálogo establecido en el anexo de esta Norma Básica se realiza mediante real decreto a propuesta del Ministerio del Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.

Los riesgos más relevantes a efectos de la presente Estrategia Nacional de Protección Civil, de entre los citados en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil y de la Norma Básica de Protección Civil, son los siguientes:

– Inundaciones.

– Incendios forestales.

– Terremotos y maremotos.

– Volcánico.

– Fenómenos meteorológicos adversos.

– Accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas.

● Riesgo químico derivado de accidentes en instalaciones en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas.

● Riesgo biológico derivado de accidentes en instalaciones en los que se utilicen o almacenen sustancias Biológicas.

● Riesgo nuclear derivado de accidentes en instalaciones en los que se utilicen o almacenen sustancias combustibles empleadas en las centrales nucleares.

● Riesgo radiológico derivado de accidentes en instalaciones en los que se utilicen o almacenen sustancias radioactivas.

– Accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

– Accidentes de aviación civil.

– Riesgo bélico.

A continuación, se definen y analizan los principales riesgos en el ámbito de la protección civil.

2.2.1 Inundaciones.

En España la pluviosidad media no es muy abundante, aun así, los episodios de precipitaciones con valores extremos concentrados en pocas horas se repiten con mayor asiduidad, generando caudales tales que al circular por el terreno pueden dar lugar a crecidas, avenidas o riadas, desbordando su cauce habitual, provocando la inundación de terrenos, y afectando a personas y bienes, produciendo pérdida de vidas humanas, alrededor de 300 en los últimos 30 años, y cuantiosos daños materiales estimados en unos 500 millones de euros anuales.

La gran variabilidad entre los caudales ordinarios y extraordinarios de algunos ríos, en ocasiones de forma súbita, y la ocupación desordenada de los márgenes de los cauces, hace que el problema de las inundaciones revista en España una especial gravedad.

Por otra parte, los temporales y borrascas de alto impacto de varios días de duración que afectan a grandes cuencas producen otro tipo de inundación más lenta, que causan fundamentalmente daños económicos y, más infrecuentemente, personales.

Aunque las crecidas son, en su origen, un fenómeno natural eminentemente físico e hidrológico, en su desarrollo sobre zonas donde hay actividades humanas se convierte en un problema relacionado con la ordenación del territorio que presenta importantes repercusiones sociales y económicas.

2.2.2 Incendios forestales.

Los incendios forestales se producen de forma periódica y recurrente todos los años en España. Su número, en términos absolutos, es muy elevado en comparación con otros países de la UE, si bien se trata del segundo país europeo en extensión de la superficie forestal, y el cuarto en superficie ocupada por masas arboladas.

Al elevado número de incendios y extensión de la superficie forestal se suma el aumento de la intensidad con que estos se producen. Los grandes incendios con dimensiones superiores a las 500 ha, como los ocurridos en la Sierra de la Culebra (Zamora) en 2022, poseen un comportamiento cada vez más extremo e impredecible, hecho que dificulta su extinción, e implica mayores consecuencias sobre bienes y personas.

Por otra parte, el creciente grado de desarrollo urbano en los entornos forestales (interfaz urbano-forestal), ocasiona que los incendios forestales ocurridos en estas zonas representen un riesgo especialmente grave debido a las peculiaridades y complejidad que entraña su extinción.

Los incendios forestales contribuyen a la degradación de los ecosistemas forestales, provocando elevados daños ecológicos y económicos e incluso pérdida de vidas humanas, por lo que requieren una atención preferente para gestionarlos de modo que se reduzca su ocurrencia, su incidencia y sus consecuencias.

2.2.3 Terremotos y maremotos.

La península ibérica se halla situada en el borde sudoeste de la placa euroasiática en su colisión con la placa africana. Nuestro país no presenta un área de grandes terremotos, aunque sí tiene una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes moderadas capaces de generar daños muy graves.

Se registran anualmente en la península ibérica unos 6.000 sismos, en la mayoría de los casos de baja magnitud, que se concentran al sur de la línea Cádiz-Alicante y en el área pirenaica, principalmente.

Aunque no de manera frecuente, España ha sido golpeada a lo largo de la historia por un buen número de terremotos catastróficos que han producido cientos de víctimas. Algunos de estos eventos incluyen el terremoto de 1804 en Dalías (Almería), el de 1829 en Torrevieja (Alicante) y el de 1884 en Arenas del Rey (Granada). Más recientemente, también se han registrado víctimas debido a los terremotos de 1956 en Albolote (Granada), de 1969 en Cabo de San Vicente (Portugal) y de 2011 en Lorca (Murcia), el cual provocó 9 fallecidos y 324 heridos, además de daños estructurales a más de un millar de edificios y en el importante patrimonio cultural de la ciudad.

No existe actualmente ningún método capaz de predecir con precisión el tiempo, lugar y magnitud de un sismo, aunque si pueden delimitarse las zonas de mayor peligro basándose en los registros históricos y los condicionantes geológicos.

Es necesario, por ello, avanzar en la articulación de medidas preventivas como la adopción y el efectivo cumplimiento de normas de construcción sismo-resistente adaptadas a la geografía que el riesgo presente.

El riesgo de maremotos es muy poco probable en nuestro entorno, pero con un gran impacto potencial, tal como ocurriera en el conocido como terremoto de Lisboa de 1755, que produjo una gran ola que afectó a toda la costa atlántica española, especialmente a las provincias de Cádiz y Huelva, a la que se añadieron las consecuencias directas del terremoto, ocasionando más de mil víctimas en nuestro país. No puede tampoco descartarse la ocurrencia del mismo fenómeno, con menor intensidad, en la costa mediterránea e Islas Baleares, a causa de la sismicidad en el mar de Alborán y en la costa el norte de Argelia, tal como ocurriera en el año 2003 (terremoto de Boumerdès, Argelia).

2.2.4 Volcánico.

España tiene una historia volcánica relativamente activa, con varias erupciones significativas a lo largo de los siglos.

La erupción del volcán Tajogaite de La Palma, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se dio por finalizada el 13 de diciembre de 2021, materializó el riesgo geológico con las mayores consecuencias y afectando a personas, infraestructuras críticas, flujos comerciales, elementos patrimoniales y bienes materiales, así como en el de sector servicios. Durante la gestión de la emergencia, totalmente nueva para el sistema de protección civil, se puso de manifiesto la importancia de la planificación previa de la organización de los medios y recursos humanos y materiales y la necesidad de apoyo y seguimiento científico para el asesoramiento de los gestores de la emergencia. De igual importancia son las actuaciones de restauración de daños y el abono de indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros a los afectados.

La Comunidad Autónoma de Canarias es la única que presenta una actividad volcánica reciente, que hace que sea el único ámbito territorial para el que la legislación vigente establece la necesidad de disponer de un Plan de protección civil para dicho riesgo, aunque en la España peninsular también se presenten evidencias de un vulcanismo geológicamente reciente pero ya extinto (Olot, Campo de Calatrava, Sierra de Gata).

2.2.5 Fenómenos meteorológicos adversos.

Se considera fenómeno meteorológico adverso (FMA) a todo evento atmosférico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas y sus bienes o alterar la actividad humana de forma significativa.

Los fenómenos meteorológicos adversos producen graves daños personales y económicos, presentándose como los fenómenos que mayor número de víctimas mortales anuales ocasiona en España. Desde comienzos de siglo, alrededor del 83 % de las víctimas mortales en España por fenómenos naturales son debidos a fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por causas directas o, más frecuentemente, por causas indirectas, como son las altas temperaturas al provocar el agravamiento de patologías previas.

Los fenómenos que habitualmente producen mayor impacto en nuestro país son las tormentas, las olas de calor y los vientos fuertes, tanto en tierra como en línea de costa. Además, en los últimos años, también han afectado las tormentas extratropicales, en particular al archipiélago canario.

La sequía, consecuencia de la falta continuada de lluvia, afecta sistemáticamente al territorio ocasionando problemas socioeconómicos de diversa índole. Los efectos del cambio climático previsiblemente irán en aumento a lo largo del siglo XXI, incrementándose el número de días cálidos y la duración de las olas de calor, a la vez que disminuirá el número de días de helada y de precipitación.

Las tormentas son cada vez más intensas localmente; ejemplo de ello son las asociadas a una depresión aislada en niveles altos (dana) como la que asoló la región de Murcia y el sur de Alicante en septiembre de 2019, considerada una de las que mayores costes económicos ocasionó, y la dana que afectó al centro peninsular, Madrid y Castilla-La Mancha, en septiembre de 2023, causando pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales y en infraestructuras.

Por otra parte, la borrasca Filomena destacó por la gran nevada ocurrida en el interior peninsular entre los días 8 y 10 de enero de 2021, que puede ser calificada como histórica tanto por su extensión como por su espesor, ya que cubrió casi la mitad de la España peninsular. También fueron muy importantes las lluvias en Andalucía, sobre todo en Málaga, donde en algunos puntos llegaron a ser torrenciales durante el día 8 y ocasionó dos víctimas mortales; además, generó importantes costes económicos y puso a prueba el sistema de protección civil.

Entre los días 2 al 4 de septiembre de 2023 se produjo una vaguada atlántica que formó una dana, afectando a especialmente las provincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara y se produjeron numerosas incidencias asociadas a inundaciones en todas las provincias afectadas, problemas de circulación de trenes y cortes de carreteras nacionales y secundarias.

Lamentablemente se registraron ocho fallecidos en toda España, por arrastres de corrientes de agua, o por inundación de instalaciones en las que se encontraban. En Castilla-La Mancha se realizaron evacuaciones de viviendas y barrios en distintas localidades, y en Cataluña se confinaron varios municipios para evitar daños a la población por crecidas repentinas de cauces, e inundaciones por acumulación de agua.

En España, los registros meteorológicos muestran un importante incremento de las temperaturas medias desde la última década del siglo pasado, siendo más acentuado en la época estival. En lo que llevamos de siglo, se están batiendo marcas históricas de temperaturas máximas y mínimas más altas diarias (46,8 ºC en el observatorio de Valencia/aeropuerto el 10 de agosto de 2023), además de presentar una fuerte desestacionalidad.

2.2.6 Accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias peligrosas.

Estos riesgos se deben identificar y analizar dependiendo del tipo de accidente, clase de instalación afectada, ubicación geográfica y la clase de sustancia peligrosa que pueda afectar a la población:

2.2.6.1 Riesgo químico derivado de accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas.

Tras experimentar un importante incremento durante los primeros años del presente siglo, en los últimos cinco años el número de establecimientos donde se almacenan sustancias peligrosas y que han de estar acogidos a la Directiva 2012/18/UE (Directiva Seveso) se ha visto estabilizado e incluso reducido ligeramente, siendo en la actualidad de 867 en toda la geografía española.

Entre las actividades de las industrias Seveso españolas cabe destacar, por su abundancia, las dedicadas al almacenamiento y distribución de combustibles derivados del petróleo y gas natural, a la producción y suministro de energía y a la fabricación de sustancias básicas de química orgánica, entre otras.

Ese alto número de establecimientos contrasta con el relativo bajo número de accidentes que se suelen producir en los mismos, y que puede atribuirse a la mejora en las normativas que regulan dichos establecimientos. En los últimos cinco años, se han notificado a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, un total de 33 accidentes ocurridos en establecimientos Seveso, de los cuales solo uno produjo consecuencias severas en el exterior.

En cuanto a las causas de los accidentes reportadas, la mayoría se deben a fallos en los sistemas mecánicos y a errores operativos del personal.

2.2.6.2 Riesgo biológico derivado de accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias biológicas.

La reciente pandemia ha promovido una toma de conciencia por parte de la sociedad sobre la amenaza que suponen los riesgos biológicos y la importancia de desarrollar las medidas necesarias para su control. Situaciones derivadas de una liberación accidental o por el uso deliberado de agentes patógenos u organismos modificados genéticamente pueden constituir sucesos que, en algunos casos, tienen su origen en actividades ilícitas y cuya intención es provocar daño a las personas o bienes.

Dado que la biotecnología es uno de los sectores con potencial de convertirse en uno de los principales motores de cambio tecnológico, se ha experimentado un importante incremento de actividades donde el riesgo biológico se debe evaluar.

2.2.6.3 Riesgo nuclear derivado de accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias combustibles empleadas en centrales nucleares.

En España existen siete reactores nucleares en funcionamiento en cinco emplazamientos de central nuclear, ubicados en cuatro provincias, destinados a la producción de energía eléctrica. Estas instalaciones nucleares se consideran prácticas con riesgo de accidentes, que pueden llevar asociados emisiones de material radiactivo al exterior del emplazamiento, capaces de producir efectos graves sobre la salud de las personas y los bienes.

La preparación y respuesta de protección civil a las potenciales emergencias derivadas del funcionamiento de estas centrales nucleares tiene un tratamiento diferenciado en el Sistema Nacional de Protección Civil y se atribuye a la Administración General del Estado la competencia en todas sus fases.

Además, existen tres reactores nucleares que se encuentran parados y en distinta situación administrativa, en tres emplazamientos de central nuclear, uno de los cuales (Santa María de Garoña, Burgos), mientras almacene combustible gastado y hasta que no se produzca el tránsito entre el sistema de protección del riesgo nuclear al sistema de protección del riesgo radiológico, sigue considerándose bajo el sistema de protección del riesgo nuclear.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), de 16 de marzo de 2021, contempla el cierre ordenado de las centrales nucleares españolas en el horizonte temporal 2027-2035.

2.2.6.4 Riesgo radiológico derivado de accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias radioactivas.

En España existen cuatro instalaciones nucleares distintas de las centrales nucleares, que son: la Planta de fabricación de concentrados de uranio (planta Quercus), en Saelices el Chico (Salamanca); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), en Aravaca (Madrid); la Fábrica de elementos combustibles, en Juzbado (Salamanca); y el Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de Muy Baja, Baja y Media Actividad, en El Cabril (Córdoba), que son consideradas prácticas en las que podrían darse situaciones de emergencia por riesgo radiológico, pero con consecuencias limitadas al emplazamiento o con riesgos radiológicos no significativos en el exterior.

También pertenecen al ámbito de este riesgo dos antiguas centrales nucleares en avanzado estado de desmantelamiento para las que ya se ha realizado la desafección de su consideración como riesgo nuclear. Se trata de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), que cesó su operación en octubre de 1989, encontrándose actualmente en fase de latencia tras su desmantelamiento parcial y en espera de su desmantelamiento total, y la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara), que terminó de operar en abril de 2006, estando actualmente en la fase final de su desmantelamiento total. Estas instalaciones, y las actividades que en ellas se desarrollan cuyo riesgo de accidentes con consecuencias radiológicas en el exterior del emplazamiento no serían significativas, sino que en todo caso se limitarían al emplazamiento.

Por otra parte, existen en España 1.267 instalaciones radiactivas de distintas categorías, en las que se manejan, procesan o almacenan sustancias radiactivas o nucleares. En todas ellas podría existir un riesgo de liberación incontrolada o accidental de sustancias radiactivas al exterior, y en caso de producirse accidentes en estas instalaciones podrían comportar, en determinados casos, un riesgo para la salud, tanto para el personal de tales instalaciones, como para el personal de intervención, la población del entorno, así como la contaminación del medio ambiente.

Además, hay infraestructuras como aeropuertos, puertos marítimos, aduanas y otras instalaciones y actividades no reguladas como las destinadas a la recuperación, almacenamiento o manipulación de materiales metálicos para su reciclado en las que podría producirse algún incidente radiológico con posible repercusión en el exterior.

Por último, no se pueden descartar los riesgos radiológicos que puedan derivarse de sucesos excepcionales derivados del uso inadecuado, negligente o ilícito de las fuentes radiactivas.

2.2.7 Transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

España es un país donde se produce un gran movimiento (en volumen y número de vehículos y trayectos) de mercancías peligrosas por ferrocarril y especialmente por carretera. Según datos de los últimos mapas nacionales de flujos de mercancías peligrosas, cada año en España se mueven en ferrocarril alrededor de un millón y medio de toneladas de mercancías de este tipo, estimándose el tránsito por carretera en unos 30 millones de toneladas.

La gran cantidad de establecimientos donde se almacenan sustancias peligrosas repartidos por toda la geografía peninsular hacen especialmente relevante el flujo de sustancias entre las distintas industrias nacionales y de países vecinos (importaciones y exportaciones). Entre los productos más transportados figuran los líquidos inflamables (gasóleo y gasolinas principalmente) y los gases (como la mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados), suponiendo más de la mitad del volumen transportado.

2.2.8 Accidentes de aviación civil.

España es un país en el que se producen un gran número de desplazamientos aumentados por la gran afluencia de turismo.

Se entiende por este riesgo los accidentes de aeronaves dentro del espacio aéreo de soberanía y responsabilidad española, así como ocurridos fuera del espacio aéreo de responsabilidad española cuando las aeronaves implicadas tengan su origen o destino en el mismo.

Este riesgo es susceptible de generar grandes emergencias en el campo de la protección civil, por su carácter altamente catastrófico y por su gran escalabilidad, ya que el número de víctimas aumenta el de afectados en una escala media de 1 a 5.

Ante este riesgo, resulta de aplicación el Reglamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil que, entre sus propósitos incluye el de «mejorar la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y a sus familiares», y a su vez, se refleja en el Real Decreto 632/2013 de asistencia a las víctimas de aviación civil y sus familiares, lo que refuerza y condiciona la planificación en el ámbito de la protección civil y otros organismos implicados en este tipo de accidentes.

2.2.9 Riesgo bélico.

En los últimos años del contexto geopolítico internacional, las dinámicas de confrontación y competencia han prevalecido sobre las de negociación y acuerdo, lo que se ha traducido en un deterioro generalizado de las relaciones internacionales en todas sus facetas: comercial, tecnológica, diplomática o militar. Además, el declive democrático experimentado durante los últimos años contribuye a una mayor inestabilidad.

En este sentido, ha aumentado el uso de las estrategias híbridas que, mediante acciones coordinadas y multidimensionales, tratan de explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones con un objetivo de desestabilización o coerción política, social o económica. Estas estrategias se caracterizan por la dificultad de atribuir su autoría y por emplear medios que pueden incluir, además de acciones convencionales, otras como campañas de desinformación, ciberataques, espionaje, subversión social, sabotaje, coacción económica o el uso asimétrico de medios militares.

El incierto escenario actual caracterizado por una mayor fragmentación y complejidad, la existencia de conflictos bélicos en nuestro entorno próximo y la proliferación de armas de largo alcance son indicadores del deterioro de la arquitectura de seguridad europea e incrementan el riesgo para la seguridad y bienestar de los ciudadanos.