CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

Situación de partida para la puesta en marcha de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028

1. Introducción

Con la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo y su desarrollo reglamentario con el Real Decreto 438/2024, de 30 de abril, por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los Servicios Garantizados de la misma ley, se ha plasmado el compromiso público, social y político por el empleo digno y por el desarrollo profesional de todas las personas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad laboral, apelando directamente a la función esencial de las Políticas Activas de Empleo en todas sus dimensiones. Asimismo, la evolución de los mercados de trabajo que asumen los retos de la digitalización y la sostenibilidad requiere una permanente adaptación de las Políticas Activas de Empleo para acompañar las transiciones laborales y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo modelo productivo. En este sentido, las Políticas Activas de Empleo representan, dentro de las políticas públicas laborales, las acciones de acompañamiento de las personas a lo largo de su vida activa y el principal apoyo en sus transiciones laborales, además de fortalecer ese acompañamiento y asesoramiento a los sectores productivos y particularmente, a la pequeña y mediana empresa.

Asimismo, mediante medidas de mejora y reciclaje de capacidades y competencias profesionales, las Políticas Activas de Empleo también pueden orientar a las personas hacia los sectores que se enfrentan a escasez de mano de obra cualificada. Esto contribuye a afrontar el cambio estructural y aumentar la resiliencia de la economía en tiempos de cambio.

Esta concepción de las Políticas Activas de Empleo, asumida en España en coherencia con las políticas de la Unión Europea, las sitúa como un pilar social y económico de carácter estructural que implica compromisos políticos y estratégicos y la actualización del Derecho laboral en su vertiente de nuevos derechos para la formación y el empleo. Precisamente esta revisión de la dimensión jurídica de las Políticas Activas de Empleo ofrece una nueva perspectiva a nivel europeo de la orientación profesional, el reciclaje profesional o la creación de nuevas oportunidades de empleo, que se explicitó en 2017 con la aprobación del Pilar Social Europeo y la concreción de sus recomendaciones y objetivos.

En el caso de España, la respuesta adecuada a esta nueva visión y misión de las Políticas Activas de Empleo requirió una profunda transformación del marco legal del empleo durante la vigencia de la Estrategia anterior, mediante la Ley 3/2023 y su desarrollo reglamentario y con el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, en el que al tiempo de reformar el nivel asistencial de la prestación por desempleo, se estableció por primera vez en este país una regulación que permite complementar de forma generalizada la política de protección por desempleo y las políticas activas de empleo. Con este marco legal, las actuaciones de mejora de la empleabilidad promovidas por los servicios públicos de empleo y por otras administraciones públicas han trascendido hasta convertirse en derechos subjetivos y garantizados de la ciudadanía y parte esencial de su relación con el empleo.

En la misma línea, la moderna conceptualización de las Políticas Activas de Empleo asume plenamente el apoyo a las empresas en su función generadora de oportunidades de empleo, impulsando un nuevo diseño de servicios hacia los empleadores basados en la mejora de la información sobre las necesidades y oportunidades de empleo, la gestión de las ofertas, así como la disponibilidad y la capacitación de las personas en búsqueda de empleo.

En esta capacidad renovada de las Políticas Activas de Empleo, conviene recordar su función complementaria e inseparable de la protección social que, en su dimensión laboral, tiene una perspectiva coyuntural y temporal durante el proceso de inserción o reinserción en el empleo.

Por otra parte, la centralidad de las Políticas Activas de Empleo se ha visto reforzada por su utilidad en la respuesta pública a otros retos acuciantes en la mejora de los mercados de trabajo. Este es el caso de su contribución a la extensión de la vida laboral y al denominado envejecimiento activo, mediante el reciclaje de las competencias profesionales, el aprovechamiento de la experiencia y del relevo profesional, incluida la transición empresarial, y la compatibilidad del empleo con la jubilación parcial.

En este mismo sentido, la reforma de las Políticas Activas de Empleo acometida en el anterior período estratégico contempla y contribuye positivamente a la nueva realidad migratoria, generando oportunidades de inserción y acogida sostenible de las personas inmigrantes y promoviendo el retorno de la emigración en condiciones idóneas. Cabe significar la adaptación de las Políticas Activas de Empleo a las necesidades de la gestión migratoria mediante la actualización de las profesiones de difícil cobertura, en los supuestos previstos para éstas, así como la formación de las personas migrantes tanto en sus países de origen como en España, aprovechando las oportunidades que ofrece la autorización de estancia y reagrupación familiar por razón de estudios y el arraigo socioformativo, todo ello de acuerdo con las oportunidades que ofrecen tanto la Ley como el Reglamento de Extranjería.

A través de la anterior planificación estratégica, de sus planes anuales y operativos y, especialmente, de las reformas normativas realizadas en los últimos años, las Políticas Activas de Empleo pueden considerarse un ejemplo de evolución y adaptación de la acción pública a una realidad cambiante que afecta a una de las dimensiones esenciales de la ciudadanía como es el empleo.

En definitiva, esta nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo contiene los siguientes elementos innovadores:

La nueva Estrategia se asienta sobre la reforma del marco normativo de la política de empleo que se ha llevado a cabo estos últimos tres años.

Por primera vez, se incorpora un detalle pormenorizado del grado de cumplimiento de las medidas incorporadas en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021/2024.

Es la primera Estrategia que cuenta para su elaboración con una evaluación de las políticas de empleo implementadas en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo anterior.

En la previsión de las medidas incorporadas en la nueva Estrategia, se ha tenido en cuenta la experiencia en la gestión y ejecución de las inversiones financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como la justificación por hitos o la intensidad de los incentivos y acompañamientos.

Se cuenta con los Centros de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación, para el Empleo, que ha sido una inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ha constituido como una red de encuentro físico y virtual del personal que desempeña la tarea de la orientación laboral del Sistema Nacional de Empleo y de la red de otros profesionales de la orientación laboral.

Por primera vez se comprometen y concretan cinco metas: Mejora de la empleabilidad, tasa de intermediación, cobertura en la atención a las personas perceptoras de prestaciones, consolidación y mejora de la calidad de las redes de orientación para el empleo personalizada, integral e inclusiva, así como impulso y sistematización de la atención a las empresas.

Con respecto a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo anterior, se cuenta con una mayor fortaleza y desarrollo en la innovación tecnológica, disponiendo de nuevas herramientas que potenciarán la calidad y cantidad del trabajo, especialmente en el ámbito del perfilado de servicios, en la detección de necesidades formativas y en la interoperabilidad con distintas instituciones y bases de datos.

Los Planes Anuales, a través de los que se vaya implementando la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, tendrán mayor flexibilidad en el marco financiero, fruto de las previsiones contenidas en la nueva Ley de Empleo, en la que se establece una fórmula que permite la consideración plurianual presupuestaria en el momento de regular programas y servicios de empleo por parte de los distintos servicios públicos de empleo.

Las medidas propuestas se han diseñado para ser desarrolladas en una situación económica y laboral favorable, a pesar de la persistencia de incertidumbres a nivel internacional.

A partir de esta Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, se elaborará en el seno del diálogo social, una Estrategia Global en favor de las personas en desempleo de larga duración y de más edad, se aprobará un Plan de empleo en favor de las personas jóvenes y el primer Plan de actuación para la mejora de la empleabilidad del pueblo gitano.

1.1 Marco Internacional de referencia.

Como se ha señalado, el diseño evolutivo de las Políticas Activas de Empleo en España ha venido adaptándose a los criterios y recomendaciones internacionales, fundamentalmente de la Unión Europea, pero también de otros organismos de obligada referencia como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En primer lugar, de conformidad con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en la Cumbre celebrada en Gotemburgo (Suecia) el 17 de noviembre de 2017, primer conjunto de derechos sociales proclamados por las instituciones de la Unión Europea desde la Carta de los Derechos Fundamentales del año 2000. El nuevo Pilar europeo supuso un punto de inflexión para el conjunto de las políticas sociales europeas a través de sus 20 principios y derechos clave, plenamente asumidos en el marco español y fuente de inspiración de la planificación estratégica y de la reforma laboral realizada en España en materia de empleo.

Además, los dirigentes de la Unión Europea, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil han reafirmado este compromiso con el Pilar europeo en la Cumbre Social de Oporto de 2021.

Por otro lado, el 4 de marzo de 2021, la Comisión presentó el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que incluye los objetivos principales de la Unión, ambiciosos pero realistas, para 2030 en materia de empleo (que al menos el 78 % de la población entre 20-64 años de edad esté empleada), competencias (que al menos el 60 % de todos los adultos deban participar en formaciones todos los años) y de reducción de la pobreza (que al menos 15 millones menos de personas estén en riesgo de pobreza o de exclusión social, incluidos 5 millones de personas).

En línea con lo anterior, se tendrán en cuenta las recomendaciones que se deriven de la European Anti-Poverty Network (EAPN), Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión Europea. En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e independiente que trabaja para trasladar este objetivo a la realidad española y por incidir en las políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y local.

Los gobiernos de la Unión Europea han refrendado los objetivos sociales de la Estrategia Europa 2030 incluidos en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y han presentado sus contribuciones nacionales para alcanzar estos objetivos.

Por su parte, en las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029, Ursula von der Leyen, anunció un nuevo impulso en ámbitos en los que es necesario avanzar más, enmarcados en un nuevo Plan de Acción sobre la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. Este plan incluirá iniciativas que examinen cómo está afectando al mundo laboral la digitalización, desde la gestión de la inteligencia artificial hasta el teletrabajo y el impacto de la cultura «siempre en línea» en la salud mental de las personas.

En línea con lo anterior, una vez realizadas las reformas normativas necesarias, el Pilar Social y su Plan de Acción son referentes esenciales en la concreción y ejecución de esta nueva Estrategia con el objetivo de apoyar un mejor funcionamiento estructural de los mercados de trabajo, sobre la base de la igualdad de oportunidades y de acceso al empleo, y de promover las condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social.

En este mismo ámbito de la planificación española coherente con el impulso político y financiero de la Unión Europea están las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros recogidas en la Decisión 2024/3134 del Consejo de 2 de diciembre de 2024. Las cuatro orientaciones son: impulsar la demanda de mano de obra; aumentar la oferta de trabajo y mejorar el acceso al empleo, la adquisición de capacidades a lo largo de la vida y las competencias; mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social; y, promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la integración social y combatir la pobreza.

Por otro lado, la crisis provocada por la pandemia del COVID 19 y su impacto en los mercados laborales obligó a la adopción de nuevas medidas, que también fueron asumidas en el Sistema Nacional de Empleo español, en particular mediante la Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE), ampliamente incorporada a las Políticas Activas de Empleo en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.

Por otra parte, hay que resaltar el impacto positivo que ha supuesto el despliegue de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de la iniciativa Next Generation EU, que además de haber incorporado sustanciales recursos económicos adicionales para las políticas activas de empleo en los ejercicios presupuestarios pasados, sus componentes específicos en materia de formación y empleo han servido de fuente directa para el diseño de nuevas políticas activas de empleo a través de su incorporación permanente en la propia normativa nacional, que tiene su traslado a esta Estrategia y se incorporarán a los correspondientes Planes Anuales.

En línea con la Comunicación de la Unión de las Competencias, presentada por la Comisión Europea como un plan para mejorar la educación, la formación y el aprendizaje permanente de alta calidad en la Unión Europea, la Estrategia también impulsa el talento de las personas trabajadoras y asume la necesidad de su aprendizaje permanente para mantenerse al día en una economía en evolución. En este sentido, concede especial relevancia a la adquisición de nuevas competencias como parte habitual de la vida profesional de las personas trabajadoras y al impulso del empleo cualificado en diversos ecosistemas productivos, siendo el sector de la construcción uno de ellos a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Vivienda Industrializada, que busca impulsar una reconversión del modelo constructivo español. En este mismo ámbito, la Estrategia incorporará los objetivos y los recursos de la ampliación del programa de Garantía Juvenil y del Programa Operativo vigente del Fondo Social Europeo. En este sentido, la práctica coincidencia del período de vigencia de esta nueva Estrategia y de estos principales marcos de referencia facilitan el ejercicio de planificación mediante la incorporación de objetivos, indicadores y recursos comunes.

Conviene señalar que, más allá de los instrumentos de planificación y financiación, la coherencia de las Políticas Activas de Empleo que se ejecutarán en el marco de esta nueva Estrategia permitirá la aplicación de otros recursos y medios técnicos de indudable utilidad para su eficacia. En esta línea, cabe recordar la participación de los Servicios Públicos de Empleo españoles en la Red EURES, la utilización de la Clasificación europea multilíngüe de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO) y el respeto a las recomendaciones del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP).

Mención aparte merece el marco de colaboración y aprendizaje mutuo que representa para nuestro Sistema Nacional de Empleo la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (PES Network), impulsada en 2014 mediante Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo para mejorar la cooperación entre todos los servicios públicos de empleo europeos, modificada por la Decisión 2020/1782. La citada Red se integra por los servicios públicos de empleo de la UE27, entre ellos el SEPE, así como por los servicios públicos de empleo de Noruega e Islandia y la Comisión Europea.

En este sentido, es necesario alinear la presente Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo con las prioridades que incluye el Programa de Trabajo de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo 2025-2026.

Este ámbito de cooperación para la mejora continua de los servicios públicos de empleo y de las Políticas Activas de Empleo se puede considerar consolidada especialmente en el marco del programa EVADES que acoge las evaluaciones del desempeño de los servicios públicos de empleo españoles de acuerdo con las directrices de la PES Network y constituye una importante herramienta para la mejora continua en la gestión de los servicios públicos de empleo. La agenda europea contempla un nuevo período de evaluación del desempeño para el ejercicio 2025 por lo que puede resultar un instrumento extremadamente útil para fortalecer las actuaciones más eficaces o, en su caso, la adopción de medidas correctoras en el período de vigencia de esta nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.

En este sentido, el pleno aprovechamiento de los recursos y medios técnicos de la Unión Europea para la mejora de las Políticas Activas de Empleo en España es uno de los elementos esenciales para el diseño y el desarrollo de esta nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo. Por lo que respecta a estos recursos, a modo de ejemplo, cabe citar la Agenda Europea de Capacidades y la potencialidad de las cuentas de aprendizaje individuales y de las microcredenciales en el ámbito de la formación laboral, el uso de los sistemas de anticipación de necesidades de habilidades y competencias desarrolladas por el CEDEFOP o la utilización de ESCO para los procesos esenciales de gestión y cobertura de las ofertas de empleo y el análisis de las ocupaciones y de sus necesidades de competencias.

Asimismo, fuera del ámbito europeo, hay que hacer referencia a la Red Iberoamericana de Servicios Públicos de Empleo (RISPE), constituida el 23 de mayo de 2023, dando cumplimiento a la Declaración de Punta Cana, suscrita en la IV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Trabajo, y Máximos Responsables de la Seguridad Social y de la cual ya forman parte 14 países, entre ellos España. El objetivo principal de la RISPE es facilitar la cooperación entre los servicios de empleo de los países iberoamericanos para mejorar sus políticas de empleo, la formación en el trabajo y la protección frente al desempleo. Sus líneas de actuación y programa de trabajo 2024/2025 establecen como prioridades la focalización en la orientación como herramienta fundamental de la política de empleo, la importancia de la digitalización, el intercambio de buenas prácticas y experiencias, la importancia del análisis, prospección y tendencias del mercado de trabajo y el establecimiento de sinergias con otras organizaciones y redes. El trabajo colaborativo de la Red ya ha ofrecido importantes resultados, destacando especialmente la aprobación en su III Asamblea de los «Principios básicos comunes necesarios para mejorar el empleo y la formación de los jóvenes», poniendo de este modo el foco en uno de los colectivos de atención prioritaria establecidos en el artículo 50 de la Ley de Empleo.

Por otro lado, en el caso de la OIT conviene recordar que ya en 2019 el Gobierno español impulsó y fue anfitrión en Madrid de la 108.ª Conferencia Internacional de Trabajo que analizó el conjunto de recomendaciones de la «Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo. Trabajar para un futuro más prometedor». Las conclusiones de esta Conferencia, que se tuvieron en cuenta en las reformas realizadas en las Políticas Activas de Empleo españolas en los años siguientes, señalaron la necesidad de fortalecer la protección de las personas trabajadoras mediante una garantía universal del empleo que proteja sus derechos fundamentales y garantice un salario para alcanzar un nivel de vida digno. Con ello, la OIT actualizaba sus orientaciones sobre las Políticas Activas de Empleo y el papel de los servicios públicos de empleo en relación con los derechos laborales de la ciudadanía, introduciendo una perspectiva más amplia y ambiciosa en relación con las transiciones y transformaciones en el empleo, plenamente coherente con la línea seguida por el Gobierno español en estos últimos años.

Por su parte, las recomendaciones de la OCDE sobre el papel de los servicios públicos de empleo, en particular después de la pandemia, han venido insistiendo en la necesidad de modernizar los servicios de empleo y formación como factores clave para mejorar el mercado laboral, y de redoblar los esfuerzos para volver a conectar a las personas poco cualificadas y otros grupos vulnerables con los empleos disponibles.

Asimismo, los servicios públicos de empleo responden cada vez en mayor medida a las prescripciones de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, y a sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus respectivas metas de carácter global, en particular el Objetivo 8 que se refiere expresamente al «Trabajo decente y el crecimiento económico».

También se ha alineado con la Carta Global de Derechos Laborales aprobada el pasado mes de noviembre en el seno del Congreso Internacional del Trabajo, que fue un encuentro de análisis y debate que concluyó con el compromiso de blindar los derechos de las personas trabajadoras en favor de la alianza de la lucha por el trabajo digno y la lucha climática para el futuro de millones de personas trabajadoras, promoviendo su protección, garantizando sus derechos laborales e impulsando su reconversión hacia empleos verdes, de calidad y dignos.

1.2 Participación y gobernanza.

Además de la necesidad de conectar esta nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo de forma coherente con los marcos de referencia internacionales, en particular con los propios de la Unión Europea, conviene recordar la importancia de la participación y en particular del Diálogo Social como fuente de mejora en el diseño y ejecución de las Políticas Activas de Empleo. En este sentido, cabe señalar el Acuerdo por la reactivación económica y del empleo firmado en 2020 por el Gobierno y los interlocutores sociales que ya establecía un compromiso para la reactivación económica y la creación de empleo de calidad junto a la extensión de las medidas de protección. La participación de los interlocutores económicos y sociales, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, ha sido decisiva tanto en los procesos de planificación estratégica y el diseño de las Políticas Activas de Empleo como en el seguimiento de su ejecución y evaluación.

Por otra parte, en el caso de España, la descentralización política y administrativa reflejada en la coexistencia de servicios públicos de empleo en cada Comunidad Autónoma, además del Servicio Público de Empleo Estatal, permiten atender con mayor eficiencia las características y necesidades heterogéneas de los mercados laborales en cada territorio. En este sentido, tal y como han puesto de manifiesto distintas evaluaciones, es esencial mencionar la fortaleza del sistema de planificación y gestión de las Políticas Activas de Empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo y, por tanto, el trabajo desarrollado por las comunidades autónomas en relación con sus competencias de ejecución. Como se indicará más adelante, la reforma de las Políticas Activas de Empleo en el marco de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo refuerza este factor territorial con el fortalecimiento de la dimensión local y las potencialidades de las administraciones locales.

Así, es esencial mencionar los instrumentos de gobernanza previstos en el artículo 8 de la Ley de Empleo, Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que permiten la cooperación para la planificación y seguimiento de las Políticas Activas de Empleo desde el punto de vista orgánico. Asimismo, los otros instrumentos de planificación y coordinación de la política de empleo previstos en el artículo 11 de la Ley, además de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, son el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo (SISPE). Ambos garantizan respectivamente la elaboración de las directrices necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos en el conjunto del Estado y en cada una de las distintas comunidades autónomas, los indicadores para conocer y evaluar anualmente su grado de cumplimiento y el establecimiento de protocolos para el registro de datos comunes y la integración de la información relativa a la gestión de las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo.

Hay que señalar que la participación y el modelo de gobernanza del Sistema Nacional de Empleo, incluyendo los instrumentos legalmente previstos que vienen sirviendo adecuadamente a sus objetivos desde hace más de una década, han sido considerados reiteradamente como una fortaleza del propio Sistema y, por extensión, como una garantía de la calidad del diseño y de la ejecución de las Políticas Activas de Empleo en cada período de planificación. Asimismo, en los últimos años se ha realizado un importante impulso de la Gobernanza del Sistema Nacional de Empleo, materializado especialmente en la Red COE (Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación) como soporte especializado del Sistema Nacional de Empleo para promover la innovación y experimentación en materia de políticas activas de empleo, no solo como lugar de encuentro físico y virtual de toda la Red sino también como armazón operativo de la política de empleo.

1.3 Marco normativo.

Las reformas de las Políticas Activas de Empleo impulsadas en el marco de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 se refrendaron desde el punto de vista normativo con la aprobación de la citada Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo y posteriormente con el Real Decreto 438/2024, de 30 de abril, por el que se regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo que recoge los servicios garantizados establecidos en el título IV de la Ley, tanto los dirigidos a las personas como a las empresas.

Esta reforma legal, necesaria formalmente para establecer los derechos garantizados para la empleabilidad que había previsto la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, sirvió para consolidar con carácter general todos los aspectos esenciales de la mejora de las Políticas Activas de Empleo que se han indicado anteriormente.

En concreto, la Ley de Empleo reguló los servicios garantizados, directamente ligados a la mejora e innovación de la política de empleo, y desarrolla los elementos inspiradores centrados en su enfoque en favor de las personas y de las empresas, mediante el acompañamiento profesional a lo largo de toda la vida laboral para las personas trabajadoras y para las empresas, particularmente pequeñas y medianas.

Así, la presente Estrategia es la primera planificación plurianual que se realiza en el marco de esta nueva Ley de Empleo, por lo que debe ser coherente con la consideración de las Políticas Activas de Empleo como políticas públicas asociadas al ejercicio de derechos garantizados para la ciudadanía y las empresas. En este sentido, la nueva Estrategia no solo responderá a las recomendaciones del Pilar Social europeo y a los marcos de referencia internacionales sobre el papel que deben asumir los servicios públicos de empleo para asegurar las transiciones laborales justas y eficientes, sino garantizará el ejercicio efectivo de los derechos previstos legalmente mediante recursos y actuaciones de carácter estable y suficiente.

Para la materialización de este enfoque, a diferencia de la Estrategia anterior que debía priorizar las reformas normativas, esta nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo se focalizará en asegurar el ejercicio de los derechos de los usuarios, personas y empresas, y, por tanto, en desplegar los servicios previstos en la Cartera Común regulada en el Real Decreto 438/2024, de 30 de abril.

2. Estado de situación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024

Las medidas que estructuran la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 suponían, en última instancia, una operacionalización de los objetivos estratégicos y específicos, es decir, una forma de concretar en actuaciones un conjunto de fines de política pública. Por lo tanto, comprobar si se han ejecutado, y de qué manera, es una forma de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos en los que se inscribían.

En la evaluación intermedia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 se estableció una primera valoración sobre el grado de avance de las medidas, comparando la planificación inicial y el grado de ejecución en el momento de realizar la evaluación. En el presente análisis, se actualiza la información analizada en la evaluación intermedia para conocer la situación de ejecución de las medidas en el momento final de su implementación (medido a partir del estado en diciembre de 2024).

Grado de avance de las medidas

En cuanto al grado de avance que se ha producido en el último año, del total de veintisiete medidas que estructuran la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, el 59 % se encuentra en una fase muy avanzada de ejecución, como cabría esperar en el último año de la estrategia (dieciséis de las veintisiete medidas se encuentran cumplidas o con más del 60 % ejecutado). En síntesis:

– Doce medidas han sido plenamente cumplidas y seis se encuentran en fase de ejecución avanzada (con más del 60 % ejecutado). Respecto a septiembre de 2023, se han desarrollado plenamente siete medidas más.

– Cinco medidas se están ejecutando (es decir, se ha ejecutado entre el 30 y el 60 % de su cumplimiento) y otras cuatro se encuentran en fase inicial (se ha ejecutado menos del 30 %).

– La ejecución de cuatro medidas continuará en esta nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.

Gráfico 1. Grado de avance de las medidas en 2024 (total)

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de avance realizados por el SEPE.

Las doce medidas que han sido completamente cumplidas son:

– N.º 1: Desarrollar un marco común de referencia para el servicio de orientación y prospección.

– N.º 3: Elaborar una cartera de servicios específicos dirigidos a empresas.

– N.º 5. Poner en marcha los nuevos Centros de orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo.

– N.º 6. Acompañamiento y orientación durante el proceso de transformación productiva.

– N.º 7. Elaboración de planes territoriales y/o locales y sectoriales de transformación productiva.

– N.º 14. Definir el espacio de gestión del conocimiento e innovación.

– N.º 15. Definir e implementar planes anuales de trabajo de gestión del conocimiento e innovación.

– N.º 16. Diversificar las formas de prestación (presencial o digital) de los servicios de la Cartera Común del Sistema Nacional de Empleo.

– N.º 18. Impulsar la provisión, consolidación y profesionalización del personal de los servicios públicos de empleo (incluido el adscrito a los servicios de orientación y prospección), impulsando la formación permanente del Sistema Nacional de Empleo.

– N.º 19. Impulsar la transformación digital de los servicios públicos de empleo para el rediseño y optimización y modernización de los servicios públicos.

– N.º 25. Establecer un Mapa de participación institucional.

– N.º 26. Proponer el establecimiento de una herramienta de información que facilite la Gobernanza del sistema.

Hay cuatro medidas cuya ejecución continuará en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028:

– N.º 10. Diseñar el modelo integrado de evaluación y seguimiento de las políticas activas de empleo.

– N.º 13. Creación de un mecanismo especializado en las funciones de evaluación de la calidad en la prestación de los servicios de la Cartera Común del Sistema Nacional de Empleo.

– N.º 21. Calidad y ética de los datos.

– N.º 24. Proponer y diseñar un sistema de información que permita contar en cada ámbito con los datos de todos los recursos e inversiones en políticas activas de empleo.

Las medidas 10, 13 y 21 relacionadas con la evaluación, que se desarrollan en el marco del objetivo estratégico 8 de la presente Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo. La medida 24, que a partir de la información que ya se posee sobre la materia en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se reforzará en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo con nuevos cuadros de mando que monitorizarán la ejecución de las medias de empleo durante la vigencia de esta Estrategia.

A continuación, se muestra el grado de avance teniendo en cuenta el tipo de Objetivo Estratégico (Gráfico 2) y Objetivo Específico (Gráfico 3) en el que se alinea cada una de las medidas.

Como se puede observar en el siguiente Gráfico, la mayor parte de las medidas cumplidas corresponden con el Objetivo Estratégico 4 de «Mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo». También existen grandes avances en el Objetivo Estratégico 1 sobre «Enfoque centrado en las personas y en las empresas» y en el Objetivo Estratégico 2 sobre «Coherencia con la transformación productiva», en el que más de la mitad de las medidas se encuentran en fases avanzadas.

Gráfico 2. Grado de avance de las medidas por objetivos estratégicos de la EEAE (2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de avance realizados por el SEPE.

Gráfico 3. Grado de avance de las medidas por objetivos específicos de la EEAE (2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de avance realizados por el SEPE.

Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024

Denominación de los Objetivos Específicos:

1.1 Acompañamiento personalizado a demandantes de empleo impulsando la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo desde la perspectiva de la persona.

1.2 Servicio personalizado a empleadores/as impulsando un nuevo modelo de relación, reforzando la colaboración y la comunicación entre los servicios públicos de empleo y las empresas.

1.3 Políticas Activas de Empleo en los nuevos servicios públicos de empleo.

2.1 Acompañar, con el conjunto de políticas activas de empleo, las estrategias públicas dirigidas al cambio de modelo productivo, su modernización y digitalización.

2.2 Aprovechar el potencial del empleo hacia la consecución de un crecimiento sostenible y para la transición ecológica y digital […].

3.1 Consolidar un modelo integrado de evaluación de las políticas activas de empleo.

3.2 Valorar la atención de las personas y las empresas a través de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

3.3 Crear un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los servicios públicos de empleo.

4.1 Diversificar los canales de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Empleo, impulsando la accesibilidad universal a estos para asegurar se provisión continua, personalizada e inclusiva.

4.2 Impulsar la transformación digital y la modernización de los servicios públicos de empleo […].

4.3 Planificar, actualizar y asegurar el acceso a la Formación Profesional para el Empleo, para fortalecer su prestación personalizada en base a las demandas del sistema productivo.

4.4 Fortalecer el Sistema Nacional de Empleo a través de la interoperabilidad de los sistemas, la mejora de la calidad de sus datos, el intercambio de conocimiento en su seno y con otros organismos y entidades colaboradoras.

5.1 Impulso financiero de las políticas activas de empleo: un marco financiero para ganar en mayor eficacia y cohesión en el Sistema Nacional de Empleo […].

5.2 Promover la mejora del sistema de gobernanza existente con la finalidad de establecer un modelo más eficaz y eficiente que refuerce la cohesión del Sistema Nacional de Empleo.

5.3 Mejorar la coordinación operativa de los distintos niveles administrativos que intervienen en las políticas activas de empleo y de la mejoría de la imagen de los servicios públicos de empleo.

3. Evaluaciones de la Estrategia y los Planes Anuales de Empleo

La evaluación de las estrategias, planes y medidas de política pública constituye un elemento esencial que acompaña todo su ciclo de vida y la puesta en marcha de las actuaciones. La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo establece los principios básicos para el seguimiento y evaluación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) (hasta 2022 Plan Anual de Política de Empleo –PAPE–), para el desempeño del conjunto de Servicios Públicos de Empleo y de la calidad del servicio de empleo.

El desarrollo de la anterior Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, se vio acompañado del despliegue de distintos procesos de evaluación: la evaluación de los Planes Anuales de Política de Empleo 2021 y 2022, así como del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023 y la evaluación intermedia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. En 2025 se concluirá el proceso evaluativo impulsado por el SEPE, con la publicación de las evaluaciones finales del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2024 y de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. Estas iniciativas responden a la voluntad del pleno desarrollo de las evaluaciones como objetivo esencial dentro del proceso de transformación y modernización de las Políticas Activas de Empleo, impulsado por el Servicio Público de Empleo Estatal en colaboración con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.

En un sentido amplio, este objetivo forma parte de la promoción de una verdadera cultura de la evaluación y de su paulatina sistematización a nivel estatal en el conjunto de las políticas públicas, del marco de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

En este nuevo marco normativo y planificador, la evaluación trasciende la visión tradicional de la medición de resultados, y se configura como un recurso imprescindible, buscando una mayor eficacia en la asignación de los recursos, la optimización del proceso de toma de decisiones, el impulso de la innovación en las actuaciones, el avance en el control de responsabilidades, y la rendición de cuenta antes los organismos, interlocutores sociales y la sociedad en su conjunto.

Precisamente por esta concepción, estos instrumentos legales y de planificación estratégica incorporan un enfoque transversal, integral y participativo que, en el caso de los servicios públicos de empleo, se orienta hacia el fortalecimiento de sus capacidades y el diseño e implantación de herramientas capaces de analizar el impacto de las Políticas Activas de Empleo con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario y sus fuentes de financiación.

La evaluación de las Políticas Activas de Empleo se dirige a la valoración sistemática del grado de cumplimiento de los objetivos de todos y cada uno de los servicios y programas que las configuran, tanto a nivel estatal como autonómico. También se dirige a los instrumentos de gobernanza y a los instrumentos legales de planificación de las Políticas Activas de Empleo; concretamente de la Estrategia, en su vertiente de determinación de objetivos plurianuales, y hacia el PAPE/PAFED, en su vertiente de concreción de estos objetivos con carácter anual y territorial.

La profundización en el reto de su evaluación integral y sistemática se completará con el pleno desarrollo de la Agencia Estatal de Empleo, prevista en la Ley de Empleo, y en su colaboración con la futura Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, responsable de coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación a nivel estatal en los próximos años.

3.1 Aprendizajes del proceso evaluativo en el marco de la Estrategia precedente.

En septiembre de 2023 se presentaron los resultados de la evaluación intermedia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que agruparon los resultados de impacto de los servicios garantizados ofrecidos en 2021 y 2022, a las personas demandantes de empleo, sobre su situación laboral posterior a la recepción de estos.

La razón de ser de las políticas activas de empleo es que las personas demandantes de empleo puedan incorporarse al mercado de trabajo y, además, que lo hagan a través de empleos de calidad. Por ello, las evaluaciones deben centrar su foco en comprobar si estos servicios logran cumplir con dicho propósito, pudiendo corroborar no solo que los servicios consigan aumentar la inserción laboral de las personas destinatarias, sino también determinan su impacto sobre las condiciones laborales que caracterizan el empleo generado.

En términos metodológicos, los estudios de impacto se han centrado en una metodología cuasiexperimental, que busca estimar un contrafactual válido, es decir, realizar una aproximación a la situación laboral que las personas demandantes de empleo tendrían si no hubieran recibido los servicios garantizados. Este tipo de análisis tiene como ventaja que permite aislar la influencia causal de factores externos o contextuales, permitiendo atribuir los cambios en la situación laboral como resultado directo de la intervención.

Esta aproximación se basa en una comparación, en el tiempo, entre las personas demandantes de empleo destinatarias de los servicios garantizados (grupo de tratamiento), y las personas demandantes que no han recibido estos servicios, y que solo han realizado el Diagnóstico individualizado inicial (grupo de control), sobre la hipótesis de que este diagnóstico no tiene una influencia sobre la empleabilidad o la probabilidad de insertarse en un empleo. Tras la aplicación de técnicas de emparejamiento entre ambos grupos (utilizando la técnica de Propensity Score Matching), para asegurar que ambos cuentan con características similares y por ende son estadísticamente comparables, se realiza un análisis de diferencias en diferencias, comparando la situación laboral en los seis meses previos al paso por los servicios garantizados, y los seis meses posteriores.

En lo que se refiere al territorio, la evaluación tuvo en cuenta los datos del impacto recopilados de todas las comunidades autónomas en las que se implementaron los servicios e integrados en un análisis conjunto. Las diferencias detectadas entre las diversas comunidades autónomas, a pesar de ser reflejadas a lo largo de la evaluación, no impidieron lograr unas conclusiones aplicables al conjunto del territorio estatal.

La evaluación intermedia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, en su análisis de impacto, viene a reafirmar los resultados de las evaluaciones de los servicios garantizados del PAPE 2021 y PAPE 2022. Cada uno de estos procesos demostró resultados similares y favorables al efecto de los servicios garantizados sobre la inserción laboral de las personas demandantes de empleo, y en específico, a los distintos colectivos prioritarios de atención. La estabilidad y la coherencia en los resultados obtenidos permiten obtener conclusiones válidas y fiables, útiles para la toma de decisiones para la gestión y el diseño de nuevas políticas activas de empleo, así como la priorización de objetivos estratégicos y líneas de acción que vertebran la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.

De la evaluación intermedia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, destacan las siguientes conclusiones:

Como ilustra el Gráfico 4, el impacto estimado de los servicios garantizados sobre la inserción laboral de las personas demandantes de empleo fue de +5,6 puntos porcentuales (p.p.), lo que indica que participar en las intervenciones que ofrecen los servicios públicos de empleo garantiza un mayor acceso al mercado laboral.

Gráfico 4. Impacto contrafactual de la EEAAE (Eval. intermedia), inserción laboral total (6 meses)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE y de la TGSS.

El Gráfico 5 muestra el impacto neto sobre la inserción laboral de las personas que participan en cada uno de los servicios o combinaciones de servicios. En el gráfico se muestra, por una parte, el impacto (positivo o negativo) sobre la inserción que ha tenido la recepción del servicio de análisis, comparado con el grupo de control y, por otro lado, la mejora respecto al punto de partida del propio grupo de tratamiento del servicio concreto (porcentaje entre paréntesis). Como se puede observar, la realización conjunta de tutorías y formación, y su acompañamiento con itinerarios, son las dos intervenciones más exitosas, aunque son realizadas por un bajo número de población demandante: 37.338 y 22.497 personas, respectivamente. La tasa de inserción de quienes reciben estos dos servicios alcanza +19,5 y +16,4 puntos adicionales de impacto respecto al grupo de control, constituyendo las trayectorias de servicios con mayor eficacia.

La formación en el trabajo, tras la tutorización, es uno de los servicios en los que más participan las personas demandantes, aunque como se demostró en la evaluación, no se orienta especialmente a las que tienen menores niveles formativos, pues quienes más participan son las personas que cuentan con, al menos, estudios secundarios.

Cabe destacar que los Itinerarios personalizados suponen el único servicio con un impacto negativo sobre la incorporación al mercado de trabajo (-10,2 pp.), a pesar del elevado número de demandantes (131.659) que solo reciben este tipo de intervenciones de activación para el empleo. No obstante, los itinerarios han demostrado ser un valor agregado importante al combinarse y apoyarse con otro tipo de servicios.

De esta evaluación se desprende que el mayor éxito en la inserción laboral se encuentra en la combinación de servicios; en especial cuando son reforzados con la combinación de tutorizaciones y formaciones. La participación con intensidad en estas acciones no tiene una alta cobertura entre las personas, pero presentan, en general y en todos los colectivos, resultados favorables a la incorporación laboral.

Parece contradictorio que el mayor éxito se dé entre combinaciones de servicios bien planificadas, y sin embargo el servicio «itinerario personalizado» evaluado en solitario muestre un impacto negativo. Como hipótesis, este hecho parece deberse a que la sola asignación de un itinerario, sin que se concrete o vincule a una combinación de servicios, no mejora la empleabilidad. Incluso puede ser un indicador de rechazo a esos servicios propuestos. Entendiendo las combinaciones de servicios como itinerarios aplicados, está claro que su impacto en la mejora de la empleabilidad es el más significativo de todas las atenciones.

Gráfico 5. Impacto neto por servicio: diferencia en diferencias (6 meses)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE y de la TGSS.

En relación con la población perceptora de prestaciones por desempleo, al comparar en total solo el grupo de tratamiento, el impacto global de los servicios es de +7,3 puntos de inserción entre el grupo que sí percibe prestaciones, y de +3,6 pp. entre quienes no las perciben (ver Gráfico 6).

Esta tendencia se mantiene en todos los grupos de servicios analizados, presentando tasas de impacto mucho más elevadas entre quienes sí reciben prestaciones. Esto demuestra que los servicios garantizados tienen un éxito considerablemente mayor entre las personas demandantes de empleo perceptoras de prestaciones, lo que se podría explicar, tanto debido a la implicación previa de estos con el mercado laboral, como a su vinculación más estrecha con los mecanismos de apoyo al empleo.

Gráfico 6. Impacto de los tipos de servicios garantizados según perceptores de prestaciones. Puntos de impacto respecto al grupo de control (6 meses)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE y de la TGSS.

4. Conclusiones y aspectos a considerar en la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo

Jóvenes y personas en situación de Paro de Larga Duración:

El impacto que tienen sobre la empleabilidad las combinaciones de servicios se ha analizado también para los diferentes grupos y colectivos de personas atendidas por los servicios públicos de empleo. A la vista de los resultados de las evaluaciones de los Planes Anuales de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-24, es necesario reforzar especialmente las atenciones a las personas jóvenes y a las que se encuentran en una situación de paro de larga duración. Estos son los dos colectivos donde el impacto en la empleabilidad conseguido muestra un mayor margen de mejora.

Así pues, se pondrán en marcha planes específicos de atención a estos colectivos, acordados en el marco del Diálogo Social, para dar mayor impulso y coherencia al conjunto de medidas dirigidas a ambos, que la presente estrategia ya incorpora en el desarrollo de sus objetivos operativos. Nueve medidas de la presente Estrategia se dirigen específicamente a estos dos colectivos, distribuidas en tres de sus objetivos operativos (2.1, 2.3 y 7.3).

Personas extranjeras.

Son uno de los colectivos en los que mayor impacto están teniendo las atenciones prestadas por los servicios públicos de empleo. El papel relevante que está desempeñando este colectivo en el buen comportamiento de nuestro mercado de trabajo, sosteniendo el crecimiento de la población ocupada, incrementando la actividad y facilitando la cobertura de puestos vacantes, junto con el reto que supone facilitar su integración social y laboral plena, tienen su reflejo en dos medidas incluidas en dos objetivos operativos (2.3 y 7.3).

Atención a empresas.

En el marco de la evaluación del PAPE 2022, se estudió específicamente la relación entre ofertas y demandas de empleo. Las evaluaciones realizadas por la Red PES sobre el SNE en el marco del Proyecto Benchlearning dieron lugar a recomendaciones sobre la mejora de los servicios a empresas. Así, el despliegue efectivo de la garantía de servicios a las empresas se realizará en el período de vigencia de esta Estrategia, y su evaluación requerirá contar con datos comunes y comparables en todo el territorio del Estado, sobre empresas atendidas y servicios prestados. Para ello, los sistemas tecnológicos y el conjunto de aplicativos informáticos que dan soporte a la gestión del empleo se ampliarán para dar cabida al registro de las empresas que soliciten atención, y a la codificación de los servicios y atenciones proporcionadas. La incorporación de esa información al Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo se realizará acordando los datos, reglas y procesos comunes, y su contenido común se definirá en colaboración entre el SEPE y los servicios públicos de empleo autonómicos.

Otras conclusiones y su relación con los resultados de la evaluación.

De manera más general, los resultados de las evaluaciones de impacto, de eficacia, realizadas sobre las atenciones prestadas a las personas demandantes de empleo, han orientado los objetivos operativos del primer Bloque (1.1 al 2.3), acompañando el nuevo escenario de garantía de servicios a las personas que establece la Ley de Empleo vigente.

Las evaluaciones sobre los procedimientos en el Sistema Nacional de Empleo, incluidas también en las evaluaciones de los Planes Anuales, se han tenido en cuenta para elaborar el tercer Bloque de medidas y sus objetivos operativos (5.1, 5.2 y 6.1).

Finalmente, los análisis realizados en el marco del Plan de Transversalización, y el desarrollo de la evaluación de los Planes Anuales y la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-24 tienen su reflejo en las medidas y objetivos operativos del Bloque 4 (objetivos 7.1 a 8.4).

5. Ciudades de Ceuta y Melilla en la Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo

Las Ciudades de Ceuta y Melilla son entes autonómicos con particularidades estructurales que las diferencian del resto del territorio nacional. Su ubicación estratégica y localización como enclave en el norte de África hacen que deban enfrentar retos complejos, ajustando su modelo administrativo y económico a esta especial situación.

Así, la estructura político-administrativa de ambas Ciudades –parte indisoluble e irrenunciable de nuestra soberanía– se ajusta constitucional y jurídicamente a su particular condición, con una representación parlamentaria garantizada normativamente y un régimen de autogobierno definido en el Estatuto de Autonomía de 1995, con mayor peso competencial del Estado respecto al resto del sistema autonómico.

Gozan de un régimen fiscal propio, con beneficios e incentivos, situándose, asimismo, fuera del territorio aduanero de la Unión Europea.

Este contexto geopolítico y socioeconómico particular de estas Ciudades, agravado en los últimos años por la pandemia del covid-19, unido a las características singulares propias de una sociedad de frontera (sociedad diversa, presión asistencial y migratoria, fragilidad ante crisis sociopolíticas, etc.), requieren una atención diferenciada por la suma de dificultades asociadas a factores económicos, sociales, demográficos y su propio carácter extra peninsular.

A tal efecto, el 18 de octubre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que constituyen sendas estrategias para incentivar la creación de oportunidades en los dos territorios, asegurar su viabilidad económica, reforzar la cohesión social y reducir las diferencias económicas con el resto de España, en un marco de relaciones de buena vecindad con Marruecos.

Con una inversión en conjunto superior a 711 millones de euros entre 2023 y 2026 para la ejecución de más de 70 medidas (inversiones y reformas) para cada una de las ciudades, los Planes se estructuran alrededor de tres grandes ejes de acción transversales: nuevo modelo económico que fomente la economía verde, circular y digital, promocione el turismo sostenible y luche contra el desempleo, inversiones y medidas transversales en infraestructuras y vivienda y mejora de los servicios públicos imprescindibles para garantizar el buen funcionamiento del Estado de bienestar, que, bajo la coordinación del Ministerio de Política Territorial, movilizan recursos del Estado en un compromiso absoluto de la Administración General del Estado y los distintos departamentos ministeriales con la revitalización económica de las ciudades y el progreso en estos territorios.

En el marco de la actual Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, los Planes anuales para el Fomento del Empleo Digno concretarán las directrices necesarias para alcanzar los objetivos de esta Estrategia en cada una de las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado de cumplimiento de los mismos y fijarán los servicios y programas de activación para el empleo que se desarrollarán por el Servicio Público de Empleo Estatal en ambos territorios.

Medidas relacionadas con el fomento del empleo en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad de Ceuta

Medidas relacionadas con el fomento del empleo en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad de Melilla

6. Ámbito de gestión estatal en la Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo

Igualmente, en el marco de la actual Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, los Planes anuales para el Fomento del Empleo Digno concretarán las directrices necesarias para alcanzar los objetivos de esta Estrategia en el ámbito estatal, los indicadores que se usarán para conocer y evaluar anualmente su grado de cumplimiento y fijarán los servicios y programas de activación para el empleo que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, desarrollará el Servicio Público de Empleo Estatal con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos.

Los programas comunes y propios desarrollados a nivel estatal se articularán en torno a los seis Ejes de políticas activas de empleo en los que se estructuran los Planes anuales e incluirán tanto los relativos a la formación en el trabajo de ámbito estatal, como a los incentivos a la contratación laboral, y a otros programas que se ejecutan a través de distintos instrumentos jurídicos en el ámbito estatal. Entre ellos cabe destacar por su transcendencia los siguientes:

− La iniciativa de formación de oferta de ámbito estatal para personas demandantes de servicios de empleo ocupadas, destinada a financiar la ejecución de programas de formación sectoriales, transversales y de formación habilitante o capacitadora, de acuerdo con la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla dicha ley y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

La formación de las personas trabajadoras ocupadas es un factor decisivo para la garantía del ejercicio de su derecho a la formación, como forma de favorecer su formación a lo largo de la vida, mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional y personal, de manera que se mejoren sus perspectivas de empleo estable y de calidad. Asimismo, esta formación es clave para el progreso de los sectores productivos y la mejora de la competitividad y productividad de las empresas, al estar ligado su crecimiento al incremento de las competencias de la población activa.

En este marco, la finalidad de esta iniciativa de formación de ámbito estatal dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas es conseguir que el tejido productivo nacional sea un referente de competitividad y calidad en un mercado global, a través de la adquisición y mejora de competencias técnico-profesionales y transversales relacionadas con los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, así como con las necesidades de adaptación a los cambios necesarios del sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, a fin de que obtengan mejor capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

− La formación de ámbito estatal dirigida a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y negociación colectiva, de acuerdo con lo establecido en la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, modificada por la Orden TES/1079/2022, de 10 de noviembre. Las actividades formativas financiadas en este marco tienen como finalidad el desarrollo de planes de formación que incluyan actividades formativas dirigidas a la capacitación de personas vinculadas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales de ámbito estatal para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social de ámbito estatal y la negociación colectiva.

− La formación de las personas en situación de privación de libertad y la formación de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, que se financie en régimen de concesión directa, según lo establecido en el artículo 6.5.d), de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, a través de la programación, gestión, seguimiento y control de estas iniciativas de formación.

− La formación programada por las empresas para sus trabajadores y trabajadoras en función de sus necesidades, a través de la gestión, seguimiento y control de las acciones formativas que se organicen e impartan en este marco con flexibilidad en sus contenidos y el momento de su impartición, siempre que se respeten las condiciones establecidas en la normativa reguladora (la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla dicha ley) y se financien a través del «crédito de formación» que se hace efectivo mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a medida que se realiza la comunicación de finalización de las acciones formativas.

− Los permisos individuales de formación para que las personas trabajadoras realicen formación reconocida mediante una titulación o acreditación oficial, a fin de favorecer su desarrollo profesional y personal, siempre que no constituya una formación obligatoria para el empresario, a través de la gestión, seguimiento y control de las acciones formativas que se ejecuten en este marco y se financien a través del «crédito de formación» ya indicado.

– Incentivos a la contratación laboral de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. Estos incentivos tienen como objetivos generales promocionar la contratación de las personas desempleadas, especialmente de las más vulnerables, contribuir al mantenimiento y la mejora de la calidad del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas, así como fomentar la creación de empleo en el ámbito de la economía social. Con independencia de su nacionalidad, origen étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, religión o creencias, ideología, discapacidad, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que determine, podrán ser destinatarias de las medidas de fomento de la contratación laboral, cuando se financien mediante bonificaciones en la cotización las personas de atención prioritaria, que figuren registradas en los servicios públicos de empleo como demandantes de servicios de empleo en situación laboral de desempleadas y personas trabajadoras que se encuentren en determinados supuestos.

− El Programa de Fomento del Empleo Agrario, regulado mediante el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, que tiene por objeto subvencionar proyectos de interés general y social a ejecutar por las distintas Administraciones públicas, por sí mismas o en régimen de adjudicación, subvencionándose la contratación de personas trabajadoras desempleadas, preferentemente eventuales agrarias, así como proyectos de inversión de las Administraciones públicas, generadores de empleo para las personas trabajadoras eventuales agrarias.

− Los programas experienciales de empleo y formación TándEM dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción de las personas participantes desempleadas mediante su cualificación en alternancia con la práctica profesional, previstos en los artículos 30 a 35 y en el artículo 86.1.b) del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, así como en la Orden TES/1077/2023, de 28 de septiembre, por la que se establecen, en el ámbito competencial del Servicio Público de Empleo Estatal, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de políticas activas de empleo previstos en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre.

− Los programas para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años a través del programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Publicas y el programa Investigo, regulados en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1248/2024, de 10 de diciembre, mediante subvenciones destinadas a la contratación laboral. A través de esta contratación se cubrirán preferentemente puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social, la atención a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia e intervención con colectivos vulnerables, la rehabilitación de entornos y vivienda, así como el desarrollo local rural.