CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1

Análisis de contexto en los dominios aéreo y espacial

Aspectos generales del ámbito aeroespacial

El desarrollo de la aviación comercial, la importancia de la actividad económica que se genera en el aire-espacio o utiliza sus medios, o los efectos sobre nuestra sociedad que pueden derivarse del control y empleo de este entorno por parte de actores no deseados, incluso en tiempo de paz, hacen de los dominios aéreo y espacial un ámbito fundamental de la acción del Estado.

La Ley de Seguridad Nacional de 2015 reconoce la seguridad del espacio aéreo y del espacio ultraterrestre entre los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional que requieren una atención específica. Estos espacios sin frontera física se caracterizan, entre otros parámetros, por su accesibilidad. La accesibilidad, en el caso del espacio ultraterrestre, está resultando cada vez más fácil en las órbitas bajas.

El espacio ultraterrestre, al que nos referiremos como Espacio, es un entorno continuo global sin barreras geográficas ni soberanías nacionales, gobernado por sus propias leyes físicas y escasamente regulado por tratados internacionales. Alberga un número creciente de capacidades y servicios cruciales para la sociedad, así como para la seguridad y defensa, lo que ha incrementado la presencia y actividad de actores tanto estatales como no estatales.

La complejidad del entorno espacial, de los intereses y relaciones entre los diversos actores se reflejan en la necesidad de una adecuada gestión y regulación. Aunque algunos aspectos críticos para el uso del Espacio, como la asignación de órbitas y frecuencias de operación, se acogen a ciertas reglas, es imperativo desarrollar un marco normativo que regule de manera eficaz el empleo del espacio ultraterrestre para un uso seguro y sostenible.

El Espacio, particularmente las órbitas sobre la Tierra, es un entorno competitivo, disputado y congestionado, por lo que requiere capacidades específicas para garantizar la libertad de acceso seguro al mismo, y con ello contribuir a la necesaria autonomía en los procesos de decisión. Estas circunstancias han llevado a la OTAN, a la Unión Europea y a España a reconocer la importancia que tiene como dominio operacional específico para la seguridad y la defensa.

La Seguridad Aeroespacial debe abordarse mediante políticas, medidas y acciones coordinadas destinadas a proteger y asegurar el uso adecuado y la libertad de acción, así como la integridad, funcionalidad y sostenibilidad de ambos dominios.

España, de acuerdo con sus capacidades y posición económica, es uno de los principales socios europeos en los sectores aeronáutico y espacial. Ambos sectores son claves para el desarrollo económico y la seguridad de la nación y, consecuentemente, es fundamental garantizar el acceso y la libertad de acción en ambos dominios.

Los activos aeroespaciales forman parte de las entidades críticas y de los servicios esenciales según establecen las directivas europeas relativas a la resiliencia de las entidades críticas (CER) y a medidas de ciberseguridad (NIS2). La protección de estos y las infraestructuras asociadas, así como la adecuada gestión y salvaguarda de la integridad de las capacidades, usuarios y servicios, es esencial para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad.

La no existencia de una frontera física entre los dominios aéreo y espacial dificulta el acuerdo internacional sobre su determinación, por lo que la regulación existente al respecto es escasa e imprecisa. Para facilitar la coordinación de las operaciones en ambos dominios, a los efectos de esta Estrategia se considera que la frontera teórica y académica entre ambos dominios se sitúa en torno a los 100km de altitud, en la denominada línea de Kármán.

Las normas que rigen el uso del espacio aéreo y del espacio ultraterrestre se fundamentan en principios sustancialmente distintos. Mientras que el espacio aéreo nacional está sujeto a la soberanía estatal, el Espacio se considera patrimonio común de la humanidad, según los tratados internacionales. No obstante, el principio de no apropiación del espacio ultraterrestre, consagrado en los Tratados de Naciones Unidas, está sujeto a interpretación y podría ser cuestionado en el futuro por leyes nacionales que faciliten la exploración y utilización comercial de los recursos espaciales.

La exploración y explotación del Espacio supone una fuente de conocimiento, impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías, aporta aplicaciones que se han convertido en indispensables para la calidad de vida de los ciudadanos, es una fuente de creación de empleo de alta cualificación y tiene implicaciones relevantes en materia de seguridad y defensa. La demanda de servicios relacionados con el uso del Espacio continuará incrementándose y el Estado debe apoyar al sector para disponer de la mayor autonomía estratégica posible, reduciendo la dependencia tecnológica e industrial de otras potencias en el desarrollo de capacidades espaciales y el suministro de servicios fundamentales para el funcionamiento y la economía del país.

En cuanto al dominio aéreo, su relevancia no se limita el transporte rápido y eficiente de personas y bienes, sino que también es fundamental para la integración global, contribuyendo al crecimiento económico y la conectividad entre naciones. Al igual que el dominio espacial, es un sector estratégico generador de empleo de alta cualificación, uno de los principales inversores en tecnología e innovación a nivel de facturación y eminentemente exportador.

La creciente demanda de servicios aeronáuticos exige reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa, lo que requiere un respaldo estatal para fomentar el desarrollo de tecnologías propias y disminuir la dependencia externa en componentes críticos.

Dinámicas de transformación en los dominios aéreo y espacial

El contexto internacional atraviesa un periodo de grandes incertidumbres, aunque se vislumbran ciertas tendencias que marcarán el orden mundial a medio y largo plazo. Esta combinación de cambios y constantes configura un nuevo paradigma en los ámbitos político, económico y geopolítico.

Factores de incertidumbre

Dos factores dificultan la comprensión de nuestra época a través de los patrones tradicionales de competencia entre potencias:

– Desafíos de naturaleza global –fundamentalmente el cambio climático, pero también otros como las pandemias, ciertos aspectos de la tecnología o la proliferación nuclear– que sólo pueden ser atajados mediante la cooperación internacional, más difícil en un contexto de rivalidades. Las rivalidades fomentan desconfianza lo cual incentiva a los Estados a no renunciar a ventajas relativas, aunque el precio de la no cooperación sea mayor.

– Aceleración en la adopción de nuevas tecnologías cuyas consecuencias son imprevisibles. El ámbito aeroespacial es sólo uno de los teatros de esta transformación, pero está interconectado con los demás. El debilitamiento de nuestra base industrial y tecnológica propia puede acarrear elecciones difíciles entre obtener capacidades (creadas por otros actores extranjeros, públicos o privados) o conservar mayores cotas de autonomía y soberanía.

La revolución digital –con todos sus corolarios: la colectivización del conocimiento a través de Internet, su replicación automática a través de la inteligencia artificial (IA), la difuminación de los ámbitos virtual y físico, la computación cuántica, la recolección masiva de datos y su poder predictivo sobre la conducta, la manipulación de información e imágenes, la automatización de la guerra– impacta en todos los ámbitos de las relaciones internaciones y es un factor de incertidumbre.

La tecnología se ha convertido en una fuente de poder, rivalidad y competición, incluyendo el ámbito militar, ha transformado el tejido de la economía mundial, sus infraestructuras y los propios conceptos de creación de valor, propiciando una mayor globalización de sus servicios (liderada por los nuevos gigantes tecnológicos) y la necesidad de armonización regulatoria, que chocan con una creciente fragmentación geopolítica.

Nuevas constantes

Se observa un mayor uso de la fuerza al margen del Derecho Internacional, con un Indo-Pacífico en ascenso y una Europa enfrentando conflictos crecientes. A la par, el multilateralismo está debilitado y el «Sur Global» gana protagonismo económico y demográfico, aunque con un preocupante auge de la diplomacia transaccional y relativización del Derecho Internacional y los derechos humanos.

En el ámbito económico, la globalización ha dado paso a una mayor preocupación por la resiliencia y la seguridad económica. Se prioriza la mitigación de riesgos sobre la apertura comercial, lo que genera barreras y disputas en el comercio global. Las empresas ya no pueden desligarse de la política internacional y, a su vez, juegan un papel crucial en la acción exterior de los Estados.

La seguridad ya no es disociable de la política industrial. Asistimos a una suerte de cambio de mentalidad entre algunas de las principales potencias industriales del mundo, que tratan a la competitividad de sus empresas como un requisito estratégico además de un activo económico. Esta nueva mentalidad conlleva serios dilemas para un modelo de economía como el nuestro, el de España y el de Europa: un modelo que está basado en la apertura comercial, en el libre mercado y la libre competencia.

Conforme a estas tendencias de fondo en clave geopolítica, destaca la creciente competencia en el Espacio de países como China, Rusia, India y Estados Unidos que están invirtiendo fuertemente en tecnologías espaciales avanzadas.

Éstas son tendencias de fondo que, más allá de los puntos de inflexión como la guerra de Ucrania o de otros sucesos futuros que no podemos prever, están transformando el mundo de manera decisiva, entrelazando cada vez más geopolítica y economía.

Dinámicas de transformación

En dimensión económica, la industria aeronáutica es un pilar económico importante, generando empleo y contribuyendo al PIB. Se debe mantener la competitividad del sector mediante la inversión en innovación y la mejora en toda la cadena de valor.

La modernización de aeropuertos y el desarrollo de sistemas avanzados de gestión del tráfico aéreo son esenciales para soportar el crecimiento del sector y mejorar la seguridad. Las inversiones en infraestructuras también fomentan el turismo y el comercio.

Los gobiernos de los principales países desarrollados proporcionan incentivos financieros y apoyos a sus industrias nacionales para fomentar la innovación y proteger el empleo en el sector aeronáutico.

El sector espacial es un motor de crecimiento y competitividad que requiere aumentar la inversión en tecnologías espaciales avanzadas y fomentar la colaboración público-privada. Además, la rápida evolución industrial y tecnológica en el dominio espacial ofrece nuevas oportunidades de mercado y puede impulsar la creación de empleos de elevada cualificación en sectores de alta tecnología, posicionando a España como un actor relevante en el sector. El dominio espacial es clave para la monitorización y mitigación del cambio climático, abriendo oportunidades para el desarrollo de una economía verde y sostenible.

En dimensión tecnológica, la disputa es particularmente intensa, se está produciendo una carrera por la supremacía mundial, que incluye el control de exportaciones de tecnologías críticas y de doble uso. La importancia geopolítica que está adquiriendo el sector aeroespacial se ve reflejada en los incrementos exponenciales de nuevos programas estratégicos de defensa en este ámbito (velocidad hipersónica, IA, energía dirigida, aeronaves no tripuladas…). Desde Europa se hace hincapié en disponer de una autonomía y soberanía en tecnologías estratégicas a través de programas como el European Defence Fund (EDF).

La innovación en el sector aeronáutico requiere de un marco temporal extenso y de una inversión financiera relevante en investigación y desarrollo que demuestre su aportación hacia la reducción de emisiones y funcionalidad, ya que cada componente debe cumplir con estrictas normas de seguridad operativa aérea europeas y nacionales. Es por ello esencial el apoyo institucional a las políticas de I+D en dicho sector, a través de programas específicos de I+D nacionales.

En el ámbito de la prospectiva tecnológica y la aceleración para disponer de desarrollos tecnológicos más competitivos, resulta relevante el desarrollo de nuevas capacidades relacionadas con la seguridad y defensa para la protección de los sistemas espaciales de interés gubernamental, así como la libertad de acción en el Espacio.

Existen numerosas sinergias entre tecnologías disruptivas desarrolladas, impulsadas y/o aplicadas a sistemas espaciales y otras áreas de desarrollo tecnológico nacional con aplicaciones muy diversas (robotización, IA, comunicaciones ópticas, computación cuántica, biotecnología, generación y almacenamiento de energía, fabricación aditiva, etc).

En dimensión medioambiental, España se posiciona como un actor clave comprometido con la transición hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, aprovechando el potencial de las tecnologías y programas espaciales. En línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se muestra un firme compromiso con la utilización de las capacidades espaciales para abordar desafíos globales como el cambio climático, la gestión de recursos naturales y la protección del planeta.

La tecnología espacial contribuye significativamente a los ODS mediante la observación de la Tierra, que optimiza la agricultura y la gestión de recursos naturales, la vigilancia de enfermedades y la respuesta a desastres, y la mejora de la conectividad y la educación a distancia. Además, facilita la integración de energías renovables y la mitigación del cambio climático, y apoya la planificación urbana y la toma de decisiones informadas a través de datos geoespaciales.

España tiene el firme compromiso de contribuir a la consecución de los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente y de forma particular con aquellos firmados en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París o los objetivos climáticos de la Unión Europea (Fit for 55, Pacto Verde Europeo).

En el caso concreto del transporte aéreo, España ha sido un firme impulsor del Marco Global de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que establece un hito inicial de una reducción de emisiones neta de un 5 % en 2030 a nivel mundial gracias únicamente a las energías más limpias. Asimismo, se están impulsando activamente políticas para alcanzar la neutralidad climática en el transporte aéreo a nivel europeo.

España tiene la oportunidad de convertirse en líder en producción de SAF (Combustible Sostenible para aviación), al igual que ya lo es de otras energías renovables. Como el potencial de producción de SAF en España es muy superior a la demanda local, con la instalación de más plantas se podrían exportar grandes volúmenes de este combustible innovador al mercado internacional, con el consiguiente rédito medioambiental y, al mismo tiempo, económico.

España un país del aire y del espacio

La posición geográfica privilegiada de España, junto con su entorno natural y cultural, ha consolidado a España como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Durante el año 2024 visitaron España 93,8 millones de turistas, lo que supuso un aumento del 10,1 % respecto al año anterior, marcando un nuevo máximo histórico. En este contexto, la seguridad en el ámbito aeroespacial, en todas sus dimensiones, es esencial para garantizar que estos desplazamientos se realicen con la máxima seguridad.

La continuidad del demostrado éxito de gestión de los modelos integrados y en red de ENAIRE y AENA es clave para el desarrollo del dominio aéreo. ENAIRE, es el principal proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en España, el cuarto en Europa por volumen de tráfico y uno de los más importantes a nivel mundial. AENA, gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España y a través de su filial Aena Internacional opera 18 aeropuertos en Reino Unido y Brasil y participa en la gestión de otros 15 en distintos países de América.

La industria aeroespacial española participa en los principales desarrollos aeronáuticos europeos, tanto civiles como militares. Empresas españolas destacan en la fabricación de aviones de transporte militar, turbinas, servicios de mantenimiento y de componentes para misiones espaciales, centros de control aéreo y sistemas de detección/seguimiento (radares), adquiriendo una sólida reputación y confianza. España es uno de los pocos países con capacidad para cubrir todo el ciclo de diseño y fabricación de aeronaves.

El sector espacial español ha crecido de una manera muy importante en los últimos cinco años. Las capacidades proporcionadas por las empresas de medio y gran tamaño de primer nivel, han servido como elemento tractor para todo un ecosistema de pequeñas y medianas empresas que contribuyen con su especialización al desarrollo conjunto del sector. Los modelos de colaboración pública y privada, el aumento de vías de financiación y la creación de polos industriales especializados, entre otros factores, han sido determinantes para el desarrollo y consolidación de un tejido industrial espacial que ofrece y exporta soluciones innovadoras.

En el contexto europeo, España es miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde su fundación en 1975 y participa en sus principales programas. Lo mismo sucede con el Programa Espacial de la UE que fomenta y apoya la innovación y la competitividad a través de inversiones en tecnologías disruptivas. Los componentes del Programa Espacial de la UE se deben considerar de interés para la Seguridad Nacional por su carácter estratégico, aunque no llegan a cubrir las necesidades de Defensa.

Con la creación de la Agencia Espacial Española se ha buscado impulsar la investigación espacial y fortalecer la industria nacional del sector, para dotar a España de una base tecnológica e industrial sólida, que, alineada con los intereses de la Seguridad Nacional, aporte un mayor grado de independencia tecnológica y un mejor posicionamiento ante los retos y oportunidades en el ámbito de la cooperación internacional.

La combinación de un sector aeroespacial consolidado, fundamental para nuestra economía, el desarrollo de programas nacionales estratégicos, la participación en programas europeos de alto interés tecnológico e industrial, la apuesta por la innovación, por la componente de Defensa del sector y el constante apoyo gubernamental, sitúan a España como un país con una clara vocación aeroespacial en plena fase de crecimiento y desarrollo.

El sector aéreo en España. Aspectos generales del sector aéreo en España

Aunque las epidemias y pandemias que pueden propagarse por medios aeroespaciales se identificaron como un desafío en la ESAN19, la aparición del COVID-19 generó un enorme impacto, que se extendió a nivel global con gran rapidez, y que supuso una drástica reducción del transporte aéreo, espacialmente intenso en el tráfico de pasajeros, con objeto de contener la propagación del virus.

La recuperación de la actividad aérea se ha producido con una sorprendente rapidez, lo que hace, si cabe, más necesario continuar avanzando en la acción coordinada de todas las administraciones para garantizar tanto la seguridad sanitaria de los ciudadanos como un uso seguro del espacio aéreo, a la vez que permite el desarrollo de un sector que es estratégico.

Durante el año 2024 el sector Aeronáutico ha experimentado un crecimiento interanual del 8 %, superando los 15.000 millones de euros en facturación. 2025-2030 va a ser un período clave: se prevé una fuerte recuperación de pedidos de aviones comerciales, y a nivel global se desarrollarán nuevos modelos en los que será fundamental el posicionamiento de nuestra industria, en particular en las nuevas tecnologías con el objetivo de reducir las emisiones.

Como en todo cambio hay fuertes riesgos asociados, pero también oportunidades en un sector tradicionalmente conservador en lo tecnológico por los problemas asociados a la seguridad y costes de certificación de nuevos sistemas y equipos.

Los siguientes se pueden considerar un resumen de los retos que debe afrontar nuestra industria aeronáutica en los próximos años:

– La ciberseguridad y resiliencia, en un entorno en el que conviven tecnologías de vanguardia con otras diseñadas bajo prismas funcionales que no contemplaban la ciberseguridad como uno de sus requisitos por defecto.

– Aumentar la participación en los programas más rentables de aviones comerciales y en aquellos de interés para la Defensa.

– Mantener la capacidad para cubrir todo el ciclo de diseño y fabricación de aeronaves.

– Mantener el liderazgo en el desarrollo y producción de centros de control aéreo, así como en sistemas de detección y seguimiento (radares).

– Posicionarse adecuadamente en las nuevas tecnologías de descarbonización de la aviación, en particular el Hidrógeno y el combustible sostenible de aviación (SAF), el desarrollo de las baterías de alta densidad energética y la propulsión híbrida.

– Posicionar a la industria española en drones y sistemas contra drones: uno de los principales polos de crecimiento de la industria aeronáutica a nivel global.

– Diversificar: Aumentar la capacidad industrial española en sistemas y equipos más allá de las aero-estructuras.

– Mantener el liderazgo en tecnologías prioritarias: materiales compuestos.

– Integrar capacidades en toda la cadena de valor: Primes, Tier-1, pymes, centros tecnológicos, OPIS, universidades.

El PTA (Programa Tecnológico Aeronáutico), con 190M€ en subvención (2021-2023), ha supuesto un revulsivo importante para la industria nacional en su posicionamiento futuro en tecnologías claves (avión cero emisiones, sistemas embarcados…), pero necesita de una continuación debido a la extensión en términos financieros y de tiempo de las inversiones de I+D del sector.

Los países de nuestro entorno tienen programas específicos a largo plazo para impulsar grandes proyectos de I+D que posicionen sus empresas y organismos en los futuros desarrollos industriales. España necesita de un mecanismo de continuación del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA), para mantener el apoyo institucional a la industria nacional y no perder la posición estratégica ganada en estos años.

En el área de aeronaves no tripuladas, la entrada en vigor del Real Decreto 1036/2017 y la publicación de los reglamentos europeos 2019/945 y 2019/947 significaron un crecimiento exponencial del número de operadores registrados con cifras de crecimiento superiores al 1.000 % entre 2020 y 2022. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) terminó el 2024 con el registro de un total de 119.712 operadores de sistemas de aeronaves no tripuladas en España, un incremento del 27 % con respecto a 2023. Se considera que la dimensión del sector seguirá creciendo tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 517/2024 que aclara el ámbito de aplicación de la normativa nacional y se alinea con la normativa europea.

El desarrollo de esta normativa ha representado un fuerte impulso para el sector, mejorando nuestra competitividad, fomentando la creación de empleo de alta cualificación y disminuyendo el impacto ambiental.

El dinamismo del sector aéreo y su constante evolución tecnológica requieren la colaboración público-privada, con un importante papel del sector público empresarial y la intervención de las Administraciones Públicas. La coordinación de las actuaciones del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el ámbito de sus competencias, prevista en el artículo 6 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, es un factor esencial que es necesario señalar.

En conclusión, el sector aéreo es un sector industrial estratégico, por su peso específico en el conjunto de la economía nacional, su contribución a la seguridad y defensa, el papel de tracción que ejerce sobre el ecosistema innovador y su capacidad de transformación. Por todo ello, requiere la atención específica prevista en el artículo 10 de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional.

El sector espacial en España: aspectos generales del sector espacial en España

España es miembro de diferentes organizaciones internacionales relacionadas de uno u otro modo con actividades en el dominio espacial. Participa en los principales proyectos europeos e internacionales del sector espacial y aloja en su territorio importantes infraestructuras espaciales tanto nacionales como internacionales.

La industria espacial española dispone de amplias capacidades tecnológicas e industriales en todos los segmentos (vuelo, tierra, lanzadores), que van desde la fabricación de instrumentos y cargas de pago completas hasta la integración de éstas en sistemas complejos (plataformas, satélites, centros de explotación de capacidades, de operaciones, etc.). Esta capacidad permite participar en el desarrollo de misiones completas y abarcar toda la cadena de valor del sector, con presencia también en el mercado de aplicaciones y servicios.

Gracias al esfuerzo creciente y continuado del sector espacial, anteriormente respaldado principalmente por la inversión procedente de las administraciones públicas y actualmente con una cada vez mayor participación del sector privado, disponemos de capacidades espaciales gubernamentales propias en vigilancia y seguimiento espacial, telecomunicaciones y observación de la tierra.

España tiene acceso a las capacidades desarrolladas a través de los componentes del Programa Espacial de la Unión Europea (EUSPA) y los programas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se debe señalar la participación en Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT), liderada por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).

Actualmente, se continúa potenciando la capacidad nacional de vigilancia y seguimiento espacial, con mejoras en el Centro Español para la Vigilancia y Seguimiento Espacial (S3TOC) como aportación nacional al sistema de vigilancia espacial de la Unión Europea (EU SST, EU Space Surveillance and Tracking), lo que permite el seguimiento de trayectorias de activos espaciales, sus maniobras y potenciales reentradas atmosféricas, el estudio de fragmentaciones, la prevención ante posibles colisiones y el apoyo a los lanzamientos hacia el Espacio.

Esta capacidad posiciona a España entre las pocas naciones con capacidad tecnológica, industrial y organizativa para poder integrarse en los sistemas de vigilancia y seguimiento multinacionales, y contribuir a la elaboración de los imprescindibles catálogos de objetos espaciales en órbita, lo que refuerza el papel de España como un actor relevante en materia de seguridad espacial y Conciencia de la Situación Espacial (SSA, por sus siglas en inglés, Space Situational Awareness). El Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial (COVE) del Mando Operativo Espacial dispone de capacidades adicionales para la caracterización de activos espaciales y monitorización de actividades irresponsables en órbita, contribuyendo igualmente al Conocimiento del Dominio Espacial (SDA, por sus siglas en inglés, Space Domain Awareness).

El sector industrial espacial español constituye un sector estratégico en términos globales, por su peso específico en el conjunto de la producción industrial, por el papel de tracción que ejerce sobre el ecosistema innovador y otras industrias, por su capacidad de transformación de la economía y el mercado laboral, y por su aportación estratégica para preservar las condiciones de seguridad de la sociedad.

La industria espacial española ha demostrado un desempeño notable, alcanzando una facturación de 1.200 millones de euros en el ejercicio 2023. Estas cifras destacan la relevancia económica del sector, que representa una contribución significativa del 1,2 % al PIB industrial nacional. Destaca por su alta productividad, por la intensidad exportadora, la inversión en I+D+i y por generar un impacto multiplicador en la economía española.

Con el objetivo fundamental de que la industria aeronáutica y espacial española se mantenga como actor clave ante los retos y oportunidades asociados a las grandes transformaciones previstas en el sector en el corto y medio plazo, el Gobierno de España aprobó, en marzo de 2022, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Aeroespacial (PERTE). El proyecto, que goza de una elevada ejecución presupuestaria, prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución inicial del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones.

El PERTE Aeroespacial y el Programa Tecnológico Espacial (PTE) de 2024, están interconectados como parte de una estrategia integral para impulsar el sector espacial en España. El PTE, enmarcado en el PERTE Aeroespacial, es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades diseñada para impulsar el desarrollo y la competitividad del sector espacial nacional y tiene como objetivo financiar proyectos de I+D en el sector para aumentar la competitividad de su tejido productivo, centrando su atención en la capacidad productiva de constelaciones de satélites y en avanzar el grado de madurez de tecnologías con alto potencial disruptivo, alcanzando al ámbito académico y al empresarial. Adicionalmente dispone de un pilar transversal con actuaciones que afectan al sector espacial y al aeronáutico.

En 2023, se aprueba el Estatuto de la Agencia Espacial Española (AEE) con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos departamentos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional en el ámbito de su competencia. La AEE adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Ministerio de Defensa contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que regule las actividades del sector público espacial y sirva de guía al privado.

Constituye el objeto propio de la AEE la utilización del Espacio en beneficio, conocimiento y seguridad de la sociedad española, el establecimiento, fomento y coordinación de todas aquellas actividades y políticas que permitan la investigación, el desarrollo tecnológico e industrial y la innovación en el ámbito espacial. La AEE tiene como una de sus prioridades alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad y protección en la operación y funcionamiento de los sistemas espaciales, en la implantación de los segmentos de usuario para la explotación de sus capacidades y en el desarrollo de las aplicaciones que se precisen para ello.

Así, en el marco de la futura Estrategia Espacial Nacional, y con la adecuada coordinación con los demás organismos competentes, desde la AEE se deberán apoyar las acciones conducentes a garantizar los objetivos de seguridad y defensa que en relación con el Espacio se señalan en la ESN, la Estrategia Espacial de la Unión Europea para la Seguridad y la Defensa (EU SSSD, en sus siglas en inglés) y documentos similares que se redacten en el ámbito de la Alianza Atlántica (OTAN).

Por otra parte, el cambio de denominación a Ejército del Aire y del Espacio (EA), aprobado por Real Decreto 524/2022, de 27 de junio de 2022, pone de manifiesto la importancia del espacio ultraterrestre dentro del marco de la seguridad y la defensa, destacando el papel esencial que deben asumir las FAS en la protección y el control del Espacio, así como el liderazgo del EA en este entorno.

En el marco de las FAS, éstas se han adaptado con el fin de minimizar la creciente vulnerabilidad del dominio espacial y favorecer un entorno seguro para los intereses nacionales, siendo su responsabilidad garantizar el libre acceso al Espacio y su explotación, así como proteger las infraestructuras, medios y servicios aeroespaciales de cualquier desafío y amenaza.

La mencionada adaptación supuso la creación de un Mando del Espacio en el Ejército del Aire y del Espacio que permitirá centralizar la preparación de sus unidades, así como la dirección, planeamiento, organización y coordinación de las funciones que posibiliten la vigilancia, control y operación en el Espacio.

Marco regulatorio de la seguridad en el dominio aéreo

La Ley 48/1960 de Navegación Aérea, junto con la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, continúan siendo la referencia básica para configurar el entorno jurídico del ordenamiento del espacio aéreo español. Ambas leyes, que desarrollan las competencias ministeriales, han sido actualizadas en numerosas ocasiones para adecuarlas a la continua evolución del sector aéreo y están abordando las últimas fases del procedimiento legislativo para una nueva modificación.

Destacan como referencias básicas el Reglamento (UE) 2024/2803 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 relativo a la realización del Cielo Único Europeo y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/203 de la Comisión, de 27 de octubre de 2022, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos relativos a la gestión de los riesgos relacionados con la seguridad de la información que puedan repercutir sobre la seguridad aérea (PART-IS).

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana es la tarea fundamental de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). Así se establece tanto en la Constitución Española como en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No se puede entender la seguridad pública sin garantizar una adecuada protección del espacio aéreo. Las FFCCSE tienen entre sus cometidos la seguridad ciudadana en los aeropuertos, la custodia y protección de infraestructuras aeroportuarias, y la supervisión del cumplimiento de normativas de extranjería y resguardo fiscal del Estado.

Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional y la mencionada Ley 21/2003 desarrollan las competencias del Ministerio de Defensa y las misiones de las FAS en el ámbito aeroespacial, estableciendo que corresponde al Ministerio de Defensa:

a. La vigilancia, control y defensa del espacio aéreo de soberanía española, así como el control de la circulación aérea general en tiempos de conflicto armado, como responsable principal de la defensa aérea de España.

b. La ordenación y control de la circulación aérea operativa.

c. El control de la circulación aérea general y el establecimiento de las medidas que afecten a la estructuración, gestión y condiciones de uso del espacio aéreo cuando así lo determine el Presidente del Gobierno o el Ministro de Defensa por concurrir, respectivamente, circunstancias extraordinarias o situaciones de emergencia que así lo aconsejen.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es responsable de la ordenación y control de la circulación aérea general en tiempo de paz, y en situaciones de crisis distintas de aquellas en las que interviene el Ministerio de Defensa.

La defensa aérea está integrada, desde tiempos de paz, dentro del Sistema de Defensa Aérea y Antimisil Integrada de la OTAN (IAMD, por sus siglas en inglés, Integrated Air and Missile Defence), y España ofrece capacidades de defensa aérea fuera de nuestro territorio nacional, como parte de nuestra aportación solidaria a las operaciones de la Alianza.

Así, el Ejército del Aire y del Espacio realiza la monitorización continua del espacio aéreo de responsabilidad nacional, empleando para ello los recursos humanos y materiales del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (SVICA), los aviones de reacción rápida (QRA, por sus siglas en inglés, Quick Reaction Alert), los medios que el Ejército de Tierra y la Armada pongan a su disposición, y los sistemas de mando, control y comunicaciones que permiten el cumplimiento de la misión. Este esfuerzo, realizado 24 horas al día, todos los días del año, emplea diariamente más de 5000 personas y gran parte de las infraestructuras del EA. La defensa aérea protege el territorio nacional contra amenazas como el uso de aeronaves civiles para actos terroristas (renegade).

En lo que respecta al espacio aéreo de soberanía, su delimitación horizontal está definida, pero no la vertical, pues no existe un acuerdo internacional. La Convención de Chicago de 1944 no contiene una definición sobre el espacio aéreo, aunque basada en la definición OACI de aeronave, «toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra«, se podría considerar que el Espacio empieza a la máxima altitud a la que el vuelo aerodinámico es posible. Tampoco ninguno de los cinco principales Tratados sobre el espacio ultraterrestre regula su delimitación.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha propuesto una hoja de ruta para las operaciones por encima del nivel de vuelo FL550 (17 km de altitud) y no establece un límite superior, dando un rango entre los 80 y 120 km de altitud. EASA identifica las acciones preparatorias requeridas en un futuro marco regulatorio para las operaciones en la franja que se ha denominado espacio aéreo superior (HAO).

Se han identificado 27 categorías de futuros vehículos y operaciones HAO, algunas de las cuales caen bajo la aplicabilidad del Convenio de Chicago y de los Reglamentos de la UE sobre aviación civil, mientras que otras se califican como operaciones espaciales y caen bajo la competencia de los Estados miembros, mientras que otras presentan características híbridas y hay que estudiarlos caso por caso.

En el ámbito de operaciones HAO coexistirán diferentes tipos de aeronaves y vehículos, algunos de ellos de características hipersónicas o suborbitales (vehículos espaciales actualmente bajo la responsabilidad de entidades nacionales). Esto implica que los tiempos de permanencia dentro del espacio aéreo pueden ser muy cortos, por lo que una armonización o coordinación con posibles regulaciones de terceras partes sería deseable.

Se puede concluir que, si bien los tratados y actos básicos de la UE permiten algunas de estas operaciones y dar una competencia compartida a la UE para regular algunas de ellas, particularmente aquellas clasificadas como operaciones de aviación civil realizadas en el ámbito de la UE, la mayoría de las normas de aplicación actuales tendrían que ser adaptadas o harían falta nuevas normas, como por ejemplo en materias de aeronavegabilidad, operaciones, navegación y gestión del tráfico aéreo, medio ambiente, aeródromos, licencias de personal, etc.

Por otra parte, dado que algunas de estas operaciones serán no tripuladas, las sinergias con las regulaciones de drones también tendrán que ser evaluadas más a fondo. Habrá que tener en consideración los riesgos de seguridad operacional y seguridad de estas operaciones en el tránsito por el espacio aéreo actual, por debajo de FL550, y cuando atraviesan el espacio aéreo superior.

El sector civil de las aeronaves no tripuladas, viene regulado por la normativa europea (Reglamento Delegado (UE) 2019/945 y del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947) y se complementa a nivel nacional con el Real Decreto 517/2024 (en vigor desde el 25 de junio de 2024), que completa a la normativa europea en los ámbitos de aplicación de la misma y actualiza la normativa nacional en el ámbito de aplicación excluido de la norma europea (actividades militares, aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo, vigilancia costera o similares). Además, el Real Decreto 517/2024 desarrolla el marco normativo U-Space (conjunto de servicios y procedimientos específicos que han sido diseñados para garantizar el acceso seguro, eficiente y asequible, al espacio aéreo de los drones), que también viene regulado a nivel europeo en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664.

El Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), especifica en su articulado que, por motivos de seguridad pública, todas aquellas operaciones de drones (excluidas aquellas realizadas en ejecución de actividades o servicios no EASA) que se realicen sobre entornos urbanos o concentración de personas tienen que comunicarse al Ministerio del Interior. A este respecto, se podrán limitar o prohibir su realización cuando pueda dar lugar a graves riesgos para la protección de personas o bienes.

Del mismo modo, con el fin de prevenir, investigar o detectar la comisión de infracciones penales y de carácter administrativo, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior ha creado el Registro de aeronaves no tripuladas y de comercialización y venta, que afecta a todas las aeronaves no tripuladas con una masa máxima de despegue (MTOM) de 250 g o más o que estén equipada con un sensor capaz de capturar datos personales cualquiera que sea su MTOM, salvo que sea conforme con el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes, y los datos que aseguren la trazabilidad e identificación de las aeronaves y sus propietarios. Ello, sirve para afianzar el control necesario de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso negligente puede tener graves consecuencias para la seguridad pública.

En base a las competencias atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y la protección de la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior ya dispone de la aplicación SIGLO-CD, un sistema especializado en la detección, control y neutralización de drones, que cumple tanto con las funciones ejercidas por las FFCCSE de control administrativo del uso profesional, recreativo y deportivo de drones, así como constituye un instrumento fundamental en la lucha contra el uso de estas plataformas aéreas por el crimen organizado y el terrorismo.

Marco regulatorio de la seguridad en el dominio espacial

La ausencia de una legislación adecuada representa un desafío significativo para la gobernanza del espacio ultraterrestre y la protección de los intereses nacionales. En la actualidad existe una gran competencia para la obtención de licencias de uso de las frecuencias espaciales en órbitas en especial LEO que proporcionan superioridad estratégica y operativa a las naciones. La creciente participación de entidades no gubernamentales en el sector (conocida como New Space) resalta la urgencia de establecer un marco normativo nacional que regule las actividades espaciales, garantice la seguridad jurídica necesaria y alinee el uso del espacio con las prioridades nacionales, al tiempo que facilite el desarrollo legislativo en el ámbito internacional.

Los principales tratados espaciales se remontan a la Guerra Fría, destacando el Tratado del Espacio de 1967, piedra angular de la gobernanza espacial. España ha ratificado acuerdos clave, como el Tratado de Moscú de 1963, el Acuerdo sobre el Salvamento de Astronautas de 1968, el Convenio sobre Responsabilidad Internacional de 1972 y el Convenio sobre Registro de Objetos Espaciales de 1974. Actualmente, se está tramitando un nuevo Real Decreto para actualizar el Real Decreto 278/1995, por el que se crea en España el Registro previsto en el Convenio sobre Registro de Objetos Espaciales de 1974 y adaptarlo a la evolución del sector.

A nivel internacional, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) y la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) coordinan la cooperación pacífica en el uso del Espacio. Además, la Agenda Espacio 2030 promueve alianzas estratégicas para el desarrollo espacial sostenible.

En la mitigación de desechos espaciales, el Comité de Coordinación Interinstitucional de Residuos Espaciales (IADC) recomienda medidas como la «Regla de los 25 años» y el diseño sostenible de satélites.

España es signataria de los Acuerdos Artemisa desde 2023, los cuales establecen principios para la exploración espacial responsable, incluyendo la transparencia, el uso pacífico del espacio y la eliminación segura de vehículos espaciales. La adhesión a estos principios permite operar de manera más segura y previsible en el entorno espacial.

El reglamento europeo del programa espacial de la Unión 2021-2027 establece la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) que busca potenciar la competitividad de los países europeos en el sector y aprovechar las posibilidades que ofrece el espacio para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros. La normativa establece los principios de gobernanza y actuación de cada una de las organizaciones europeas involucradas, con objeto de definir sus funciones y alcanzar un alto grado de coordinación.

La Estrategia Espacial de la Unión Europea para la Seguridad y la Defensa (EU SSSD) destaca la importancia del desarrollo de instrumentos de derecho espacial de ámbito internacional para proponer modelos de gobernanza global del uso del espacio. Además, plantea la necesidad de actualizar periódicamente las amenazas espaciales, para lo que es preciso recopilar y analizar en tiempo casi real los incidentes de seguridad que puedan ser indicativos de una amenaza espacial. Así mismo, destaca la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta ante las amenazas espaciales, mediante la mejora del intercambio de información y de los procedimientos de respuesta a amenazas, la realización de ejercicios que validen dichos procedimientos y permitan crear sinergias entre los instrumentos disponibles.

La Comisión Europea, bajo el liderazgo del nuevo comisario de Defensa y Espacio, ha elaborado una propuesta de Reglamento sobre la seguridad, resiliencia y sostenibilidad de las actividades espaciales («EU Space Act») para aportar un marco regulatorio en apoyo de una gestión más segura y eficiente de los sistemas espaciales, proteger las infraestructuras espaciales contra amenazas, incorporar requisitos obligatorios de protección y ciberseguridad a los activos espaciales, introducir estándares comunes, armonizar los requisitos para las licencias de operaciones espaciales, promover la sostenibilidad de las operaciones espaciales e impulsar el crecimiento económico y los servicios en el espacio.

En coherencia con lo anterior, la futura Ley de Actividades Espaciales española, en proceso de elaboración, impulsará, entre otros, los requisitos y actividades de seguridad necesarios para regular la actividad espacial. Esta Ley, cuya propuesta de anteproyecto es responsabilidad de la Agencia Espacial Española, permitirá defender los intereses propios dentro de un contexto de cooperación y atender nuestras obligaciones internacionales, ofreciendo seguridad a todos los actores involucrados, tanto públicos como privados.

La estrategia de seguridad aeroespacial nacional como potenciador de la seguridad

Dos dominios, una estrategia de seguridad

Desde el punto de vista de la seguridad, se debe tener presente que todo objeto que pueda alcanzar la superficie de la Tierra proveniente del espacio ultraterrestre y que pueda constituir una amenaza, ineludiblemente tendrá que transitar desde el régimen orbital espacial del que procede por el espacio aéreo. Por ello se hace necesario extender las funciones de vigilancia, detección, identificación y clasificación de dichos objetos para decidir la respuesta adecuada, así como para colaborar en la atribución de aquellas acciones que, realizadas de manera voluntaria o involuntaria, pongan en peligro la seguridad aeroespacial.

El avance de la tecnología espacial y la reducción de sus costes han permitido la proliferación de compañías privadas y partenariados público-privados que, con diferentes intereses en el Espacio, han aumentado exponencialmente el número de operaciones anuales que se realizan en este dominio, aumentando en paralelo las amenazas, tanto para la aviación como para las operaciones espaciales.

Un incremento en el número de objetos que orbitan o que transitan de los regímenes orbitales hacia el espacio aéreo controlado, implica un aumento en el número de coordinaciones necesarias para mitigar el riesgo de colisión, así como en el número de maniobras necesarias para evitar el impacto, siempre que esto sea una opción. En ambos casos las consecuencias son negativas, puesto que pueden suponer un incremento de restricciones y limitaciones en el uso del espacio aéreo, generar dificultades en los mecanismos de coordinación, además de reducir la vida útil de los sistemas en órbita.

Por otro lado, las amenazas a los sistemas espaciales de Posicionamiento, Navegación y Tiempo y de Comunicaciones que son esenciales para la seguridad operativa de la Gestión del Tráfico Aéreo hacen imprescindible una visión conjunta de la seguridad en el ámbito aeroespacial, aun reconociendo las especificidades de cada uno de los dominios.

La Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional es el instrumento que, frente a las amenazas que puedan comprometer la integridad, funcionalidad y sostenibilidad de los dominios aéreo y espacial, recoge el conjunto de medidas, políticas y acciones coordinadas destinadas a mitigar los efectos de éstas, a asegurar la libertad de acción en la actividad en el espacio aéreo y el ultraterrestre, y a proteger los sistemas y capacidades que operan en estos dominios.

Disponer de una Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional única, que oriente los objetivos de seguridad para ambos dominios, tiene un efecto catalizador que permite incrementar la eficacia de las medidas a aplicar en la vigilancia, control y respuesta a incidentes por parte de las autoridades responsables.

Aproximación estratégica a la seguridad aeroespacial en España

Considerando todo lo desarrollado anteriormente, se precisa una nueva aproximación estratégica a la seguridad aeroespacial en España. El Real Decreto 524/2022 de 27 de junio, por el que se dispone el cambio de denominación del Ejército del Aire por la de Ejército del Aire y del Espacio es un hito inicial que pone las bases de una nueva visión estratégica.

Esta nueva aproximación estratégica, requiere ser plenamente conscientes de la tercera dimensión y de la cercanía a la que realmente se encuentra el llamado espacio ultraterrestre. El trayecto de la primera línea de ferrocarril en España, Barcelona-Mataró eran 28,5 kilómetros, distancia que ya casi dobla aquella en las que se tienen, hoy en día, capacidades del control de espacio aéreo. Los satélites de la constelación Starlink se encuentran a una altitud similar a la distancia entre Madrid y Barcelona en línea recta (505 kilómetros).

La Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CNUDM), de 10 de diciembre de 1982, define la Zona Económica Exclusiva (ZEE), fija los derechos y deberes del Estado ribereño y de terceros Estados sobre esta zona, señala los criterios para su delimitación y en sus artículos 55 y 57 establece que «la zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste» que «no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial». Nada similar existe aún en el ámbito aeroespacial pero precisamente esa falta de regulación puede afectar a la Seguridad Nacional por carecer de las capacidades adecuadas.

En los próximos años podemos esperar el desarrollo de las operaciones a gran altitud (HAO) y de sistemas de propulsión que permitan en el futuro la utilización de órbitas muy bajas (VLEO, Very Low Earth Orbit) que requieren de nuevas capacidades para proteger los intereses nacionales.

Para lograr el necesario control del espacio aéreo superior y del ultraterrestre cercano es fundamental adquirir nuevas capacidades, que permitan garantizar las misiones de vigilancia y reconocimiento aeroespacial, así como aquellas otras que aseguren la protección de dicho entorno en beneficio de los intereses nacionales. Esta adquisición de capacidades se debe hacer en un contexto donde, como se ha mencionado anteriormente, no es posible disociar la política industrial de la seguridad.

La Estrategia se enfoca en salvaguardar los intereses nacionales, reforzar las capacidades nacionales, frente a una amplia y creciente gama de amenazas, a través, tanto del desarrollo de una base tecnológica e industrial estratégica, como de diferentes mecanismos de cooperación internacional, que impulsen un mayor grado de resiliencia y sostenibilidad.

Los principales intereses nacionales objeto de protección en los dominios aéreo y espacial, son:

– La vida de los españoles, su seguridad y bienestar en la Tierra, aire o espacio.

– El espacio aéreo de soberanía, responsabilidad o interés nacional, frente a las incursiones no autorizadas de cualquier tipo.

– Una base tecnológica e industrial sólida y de alto valor estratégico.

– Las infraestructuras críticas aeroespaciales, en particular los sistemas vigilancia, control y defensa aeroespaciales.

– Los productos, aplicaciones y servicios esenciales para la ciudadanía que proporciona el ámbito aeroespacial.

– La libertad de navegación aérea y la seguridad de las aeronaves que transitan por el espacio aéreo de responsabilidad nacional.

– El acceso al espacio aéreo de las aeronaves de estado y los medios aéreos de seguridad y defensa.

– El libre acceso al Espacio, la libertad de acción en la operación y explotación del Espacio para asegurar la continuidad de las capacidades y servicios espaciales de interés estratégico nacional.

– Las frecuencias radioeléctricas adjudicadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a los activos espaciales nacionales, las posiciones orbitales asociadas en la órbita de los satélites geoestacionarios o las características asociadas de los satélites en otras órbitas.

– El cumplimiento de los Tratados Internacionales y el compromiso con los organismos internacionales de los que España forma parte en materia de Seguridad aeroespacial.

– El desarrollo de lanzadores, infraestructuras espaciales y terrenas, y centros de explotación de datos y servicios aeroespaciales.

– La salud de la sociedad ante la propagación intencionada o no, de agentes patógenos o sustancias tóxicas por medios aeroespaciales.

– El impulso del conocimiento científico y tecnológico en el ámbito aeroespacial, promoviendo el desarrollo de tecnologías propias y reduciendo la dependencia de otros países en el suministro de componentes críticos y capacidades aeronáuticas esenciales para asegurar la mayor soberanía y autonomía estratégica posible.

– La sostenibilidad ambiental de las operaciones aeroespaciales.