CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1

Hacia una nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave

En este capítulo se recogen las razones que motivan la actualización de la Estrategia Nacional contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave 2019-2023 y el mandato del Consejo de Seguridad Nacional para su revisión, teniendo en cuenta la evolución de la amenaza y las directrices estratégicas nacionales e internacionales en esta materia.

1.1 Marco de referencia y mandato.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, revisaba y actualizaba la estrategia anterior y se adaptaba a los cambios delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional desde una visión integral, siendo el marco de referencia político-estratégico para prevenir y luchar contra los fenómenos criminales que causan un grave daño a la sociedad.

Finalizada su vigencia, el Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 19 de marzo de 2024, adoptó un acuerdo por el que se aprobó su revisión, y la elaboración de una nueva Estrategia. Dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» mediante Orden PJC/327/2024, de 14 de abril.

Este mandato establece que la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave debe acomodar el anterior texto a la realidad actual de la seguridad, articulándose como un documento adaptativo a las nuevas formas y estructuras del crimen organizado y de la delincuencia grave, como amenaza cambiante y en continua evolución, alineado con las prioridades de la Unión Europea e iniciativas internacionales sobre la materia.

1.2 Alineamiento con directrices estratégicas nacionales e internacionales.

En el marco de la Política de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 define el crimen organizado como una amenaza a la seguridad y bienestar de la ciudadanía, que se caracteriza por su finalidad esencialmente económica, su efecto horadador y potencialmente desestabilizador sobre la instituciones políticas y sociales, su carácter transnacional y su opacidad, características que se tendrán presentes en esta nueva Estrategia. En cuanto a la delincuencia grave, las actuaciones delictivas sobre colectivos vulnerables, como la explotación de menores o la trata de seres humanos con fines sexuales y/o laborales, así como el contrabando, el cibercrimen o el tráfico ilícito en todas sus modalidades, suponen una amenaza tangible para la seguridad nacional.

Todo ello también se refleja en desarrollos estratégicos de segundo nivel, en los que se abordan cuestiones conectadas con la criminalidad organizada y la delincuencia grave (ciberseguridad, seguridad en los espacios marítimo y aeroespacial, seguridad económica y financiera, …), siendo necesario mencionar expresamente la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, donde se incide en la trascendencia del vínculo creciente del terrorismo con la criminalidad organizada.

Por otro lado, la complejidad de las formas de manifestación de la delincuencia organizada y grave, así como el carácter transnacional de su organización y de su impacto, hace necesario que cualquier desarrollo en este ámbito contemple la visión internacional de la amenaza, con el fin de evaluar adecuadamente su naturaleza y características y arbitrar medidas de actuación en el marco de soluciones conjuntas a nivel supranacional.

El principal tratado internacional en materia de crimen organizado es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) o Convención de Palermo de 2000, en vigor desde 2003, con sus tres protocolos adicionales. Destaca también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) de 2003, en vigor desde 2005. En diciembre de 2024, se adoptó la Convención de Naciones Unidas contra el Cibercrimen, que entrará en vigor tras la firma de los Estados parte.

En el ámbito del Consejo de Europa, cabe mencionar el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest de 2001, en vigor desde 2004.

En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha desarrollado la «Estrategia UNODC 2021-2025», que contempla –dentro de sus cinco esferas temáticas– el modo de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas, así como la prevención y lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción, la ciberdelincuencia y la delincuencia económica. Además de esto, pone el foco en la financiación y las operaciones de los grupos terroristas, que a menudo dependen de actividades delictivas organizadas como el tráfico ilícito de armas, de drogas y el blanqueo de capitales. Destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia penal, de promover en su seno medidas eficaces para prevenir y combatir las citadas amenazas y de impulsar la cooperación internacional.

El Marco Estratégico 2022-2025 de la Secretaría General de INTERPOL, establece metas estratégicas de referencia para apoyar a todos los países miembros en la reducción del impacto de la delincuencia organizada, grave y emergente, con el fin de proteger a las sociedades y comunidades más vulnerables, en especial en las nuevas tendencias delictivas, el terrorismo y la ciberdelincuencia.

El Plan Estratégico 2022-2025 de la Organización Mundial de Aduanas reconoce, entre sus objetivos estratégicos, la protección de las fronteras frente al crimen organizado transnacional a través de la cooperación internacional y define planes de acción específicos en torno a la gestión de riesgos, el control de pasajeros y seguridad, la lucha contra el blanqueo de capitales, así como la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha continuado con la revisión de las Recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), reforzando los estándares sobre recuperación de activos, el marco internacional para la transparencia de las personas y estructuras jurídicas, e impulsando una aplicación eficaz de la regulación de los activos virtuales.

Por su parte, la Unión Europea (UE) en su Estrategia contra la Delincuencia Organizada 2021-2025, centra sus objetivos en desmantelar las estructuras de delincuencia organizada y combatir los delitos de alta prioridad, eliminar los beneficios generados por la delincuencia organizada y evitar su infiltración en la economía legal y la sociedad, y adaptar las autoridades policiales y judiciales a la era digital, así como en la necesidad de prevenir y fortalecer la cooperación internacional. Así mismo, la lucha contra la delincuencia grave y organizada forma parte de las prioridades clave de la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea; junto con el desarrollo de un sistema europeo de seguridad sólido, el fomento de la justicia mediante una cooperación más estrecha y la mejora del intercambio de información.

A su vez, la estrategia comunitaria establece que la Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Delictivas (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats-EMPACT) es una de las principales herramientas destinadas a aplicar las estrategias de lucha de la UE contra las estructuras de delincuencia organizada mediante operaciones y esfuerzos coordinados. El uso de esta plataforma por parte de los Estados miembros desde el año 2010, ayuda a determinar las amenazas delictivas que el Consejo de la UE define como prioritarias, basándose, entre otras fuentes, en el Informe de Europol de Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado y la Delincuencia Grave de la Unión Europea (European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment-EU-SOCTA), así como de otros elementos de evaluación elaborados en su seno. Dichas amenazas se afrontan a través de una actuación colectiva y estructurada de las autoridades policiales, aduaneras, fiscales y judiciales, así como de las instituciones y agencias europeas y, en su caso, de terceros países, organizaciones internacionales y el sector privado.

Mas recientemente, en octubre de 2023, la Comisión Europea en su Hoja de Ruta para la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, establece que el comercio ilícito de drogas representa una de las amenazas a la seguridad más graves a las que se enfrenta la UE en la actualidad, y marca como prioridad hacer frente a estas amenazas que son comunes a los Estados miembros y sus socios internacionales. A su vez, la hoja de ruta establece acciones concretas y específicas para subsanar las nuevas deficiencias mediante diecisiete medidas en cuatro ámbitos prioritarios: una nueva Alianza Europea de Puertos, el desmantelamiento de las redes delictivas de alto riesgo, establecer medidas para prevenir la delincuencia organizada mediante el intercambio de mejores prácticas y la colaboración con los socios internacionales. Además, establece como esencial la adopción de unas normas comunes, sólidas y eficaces para impulsar las medidas nacionales y para proteger a las víctimas de estos delitos.

Así, teniendo en cuenta, entre otros, estos parámetros nacionales e internacionales, la presente Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, constituye el marco de referencia en la lucha contra estas amenazas y pretende, desde una perspectiva nacional, asumir, implementar, desarrollar y adaptar las acciones específicas para proteger a España de su expansión, así como mitigar sus efectos.