CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2

Un nuevo paradigma del crimen organizado y la delincuencia grave

En este capítulo se reflejan las características y tendencias a nivel mundial de la criminalidad organizada y la delincuencia grave, así como la situación actual de la amenaza para España.

2.1 Características y tendencias.

En los diferentes informes oficiales internacionales, relativos a la evaluación de la amenaza y de respuesta estratégica, se establece un panorama del crimen organizado y la delincuencia grave que se caracteriza por un entorno delictivo interconectado, que hace un uso cada vez mayor de la violencia, la corrupción y la infiltración en estructuras empresariales legales.

Las redes delictivas parecen ser capaces de adaptarse y aprovechar los cambios que se producen en el entorno en el que operan. En este sentido, el establecimiento de vínculos estables o alianzas puntuales entre redes criminales para alcanzar sus fines o la generalización del modelo de crimen como servicio (Crime as a Service-CaaS), son muestras de esta capacidad de adaptación, que permite ampliar el espectro de actividades ilícitas y, en muchos casos, su especialización.

La integración de todo tipo de expertos en las redes delictivas favorece la comisión de actividades ilícitas y dificulta su investigación. Además, el crimen organizado ha adoptado fácilmente un uso creciente de las nuevas y punteras tecnologías para expandir su influencia, optimizar sus actividades y actuar con mayor impunidad, especialmente en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluso desarrollando y financiando herramientas o software novedoso enfocado a cada actividad delictiva. Por otro lado, la Inteligencia Artificial (IA) como tecnología emergente, está remodelando también el panorama actual de la delincuencia organizada y grave.

Siendo el enriquecimiento económico el principal objetivo de cualquier actividad ilícita, se hace imprescindible el aseguramiento de los beneficios económicos obtenidos mediante el blanqueo de capitales. Las redes criminales potencian esta actividad, tanto en su formato de «autoblanqueo», como mediante la presencia de redes independientes dedicadas al blanqueo de beneficios de otras organizaciones criminales.

Por otro lado, la convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento, favoreciendo su cooperación en todos los ámbitos delincuenciales, especialmente en relación con el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el tráfico de personas, el tráfico de armas y/o explosivos o el blanqueo de capitales como fuentes de financiación del terrorismo.

La implantación de redes criminales de ámbito internacional en distintos países, aprovechando las diferentes circunstancias que en ellos concurren (geográficas, institucionales, legales, económicas, sociales…), evidencia el carácter transnacional del crimen organizado y la delincuencia grave.

La situación geoestratégica mundial, tan cambiante y a la vez tan influyente, hace necesaria la adopción de medidas novedosas, creativas y de carácter proactivo para combatir el fenómeno del crimen organizado y la delincuencia grave, siendo fundamental adelantar el ámbito de actuación a las zonas de origen.

También en el ámbito internacional, las dinámicas generadas por conflictos bélicos influyen directamente en la evolución del crimen organizado, que se aprovecha de las guerras para eludir controles y expandir su actividad, principalmente los tráficos ilícitos.

Las redes criminales operan, cada vez más, como intermediarios al servicio de actores de amenazas híbridas, siendo éste también un desafío, no sólo para la seguridad pública, sino afectando también a los propios cimientos de las instituciones y la sociedad. Finalmente, cabe señalar que la persistencia, extensión y características del crimen organizado son factores que elevan el riesgo de desestabilización de la normal convivencia, lo que redunda aún más, si cabe, en su consideración de amenaza a la seguridad nacional de primer orden.

2.2 Análisis de la situación actual en España.

El escenario geopolítico, social y económico global y las características propias y diferenciales de España en dicho contexto, afectan de forma relevante a la evolución de la delincuencia grave y organizada en nuestro país.

La condición de España como miembro de la Unión Europea, su situación y características geográficas, como son el carácter peninsular, la ubicación en el extremo sur europeo y a la vez su cercanía al continente africano, su gran extensión de costa, la localización estratégica del archipiélago canario y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como sus estrechos lazos históricos, comerciales y culturales con América Latina y norte de África son factores determinantes para el desarrollo, no solo del comercio lícito, sino también de los tráficos ilícitos. Estas conexiones internacionales se sustentan a través de grandes infraestructuras como las portuarias y aeroportuarias.

Igualmente, aspectos como las buenas condiciones climáticas, el hecho de que el idioma español sea una de las lenguas más habladas del mundo o el volumen comercial y turístico, son factores que favorecen el asentamiento estable de población extranjera, circunstancia aprovechada por delincuentes, grupos y organizaciones criminales nacionales e internacionales para su establecimiento en nuestro país, especialmente en zonas de costa como el Sur y el Levante peninsular, desde donde también operan con el resto del mundo.

La situación del crimen organizado en España indica una prevalencia de actividades criminales relativas a los tráficos ilícitos, especialmente de cocaína y cannábicos, seguidas, en menor medida, por actividades delictivas contra el patrimonio y el orden socioeconómico. De este modo, el narcotráfico en España, como actividad principal o asociada a otras, representa la mayor amenaza proveniente del entorno del crimen organizado y la delincuencia grave.

Las organizaciones criminales con actividad en España se caracterizan por la composición mayoritariamente multinacional, con participación de españoles, el desarrollo de actividad internacional y la utilización de estructuras comerciales para sus fines, así como por una tendencia a constituirse como proveedoras de servicios de otras organizaciones internacionales y a infiltrarse en estructuras logísticas para facilitar sus actuaciones.

La evolución de los grupos y organizaciones criminales hacia la policriminalidad en sus actividades delictivas, por ejemplo, simultaneando el tráfico de drogas y la trata de seres humanos, implica un cambio en sus rutas de distribución hacia otros países europeos o del continente africano. Además, la acción institucional ha determinado el desplazamiento de la actividad criminal hacia nuevas áreas geográficas e incluso hacia otros países vecinos.

Son numerosas las redes criminales implicadas en el crimen organizado transnacional. Entre ellas, destacan las procedentes del norte y este de Europa, cuenca mediterránea, África y América Latina.

2.3 Principales amenazas y vulnerabilidades.

Las amenazas del crimen organizado y la delincuencia grave son múltiples y variadas, y se manifiestan mediante actividades ilícitas de distinta naturaleza como los ciberataques, la trata de seres humanos con sus distintos fines, la explotación sexual infantil, el tráfico ilícito de migrantes, de drogas y de armas, los fraudes y delitos económicos, o los delitos contra la propiedad y el medio ambiente, entre otros.

Sin obviar las amenazas citadas, del análisis y experiencia acumulada, en la actualidad se identifican como principales las siguientes:

Tráfico ilícito de drogas y centros de transporte

España se destaca como uno de los países de la Unión Europea con el litoral más extenso. Esta característica geográfica única, junto con su ubicación estratégica, posiciona a nuestro país como un punto clave en las rutas marítimas globales, en el transporte marítimo internacional y especialmente en el sur de Europa.

En términos de comercio, inversiones y empleo, los puertos son fundamentales para hacer posible la prosperidad económica de todos los países, que dirigen su objetivo en tratar de mejorarlos para hacerlos más atractivos, aun si cabe, con el fin de impulsar el comercio internacional y contribuir al desarrollo económico. Sin embargo, este papel estratégico que desempeñan los puertos les hace vulnerables a la explotación por las redes delictivas para la consecución de sus intereses.

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas utilizan en gran medida los puertos en nuestro país, especialmente para la introducción de la cocaína procedente de los principales países productores situados en América Latina. En muchas ocasiones, las redes delictivas corrompen a personas que cuentan con información privilegiada en estas instalaciones para llevar a cabo la extracción de la mercancía ilícita. En los últimos años las incautaciones de cocaína en los puertos nacionales y europeos han experimentado un notorio crecimiento.

El refuerzo de la resiliencia de los puertos a la actuación de las organizaciones criminales es imprescindible y requiere de la acción combinada de los sectores público y privado. La seguridad en estos centros logísticos necesita de un enfoque común, más allá de nuestras fronteras. En este sentido, la Alianza Europea de Puertos resalta la necesidad de una lucha común frente a esta amenaza.

El tráfico aéreo en España, una vez recuperado el volumen perdido tras la pandemia, está experimentando un crecimiento constante año tras año, en consonancia con la demanda nacional e internacional, lo que convierte a nuestro país en un hub de conexiones internacionales. La entrada y salida masiva de personas y mercancías propicia, asimismo, el incremento en los tráficos ilícitos, especialmente de estupefacientes. En este sentido, son cada vez más frecuentes las aprehensiones de droga en equipajes de mano y facturados, así como en contenedores y paquetería aérea, en cantidades nunca vistas hasta ahora.

En definitiva, la expansión mundial del narcotráfico, la consolidación de las organizaciones criminales implicadas en esta actividad y las conexiones en todos los sentidos entre continentes requieren articular mecanismos de cooperación internacional, tanto bilaterales como multilaterales, para afrontar estos retos, en especial los que afectan a este tipo de infraestructuras. Es necesario, asimismo, combinar las políticas de lucha contra la oferta con las de disminución de la demanda, con el fin de abordar esta problemática desde un enfoque integral.

El fenómeno de la corrupción

La corrupción juega un papel crucial en muchas de las actividades delictivas llevadas a cabo por la delincuencia organizada y grave, bien para facilitar la comisión de delitos o como requisito previo a la actuación delictiva grave, infiltrándose en infraestructuras u obstruyendo la acción de la justicia.

La corrupción, que puede manifestarse de diversas formas, tiene un impacto muy negativo en la seguridad nacional, al crear un entorno propicio para el crimen organizado. Este fenómeno debilita los pilares fundamentales del buen gobierno, generando una desconfianza y deterioro institucional que afecta negativamente a toda la sociedad.

Las redes delictivas, a sabiendas del papel que la corrupción supone para llevar a buen fin sus actividades, tratan de llevar a cabo las actuaciones necesarias, incluidas distintas formas de amedrantamiento, para corromper a individuos en todos los niveles, tanto de sectores públicos como privados, convirtiéndoles en actores clave del proceso criminal.

El abordaje de la corrupción requiere un enfoque integral, con un compromiso y esfuerzo sostenido y coordinado en el que participen todos los sectores de la sociedad.

Por otro lado, se viene observando el uso por parte de las organizaciones criminales de procedimientos legalmente previstos en contra de las instituciones públicas, con la finalidad de entorpecer su actuación y perturbar el adecuado funcionamiento de la acción de la justicia contra el crimen organizado y la delincuencia grave. Ejemplo de ello es la interposición de querellas y denuncias a los investigadores, convirtiendo a estos en investigados, con la consecuente deslegitimación en sus funciones.

Incremento de la violencia y sensación de inseguridad

El crimen organizado y la delincuencia grave están íntimamente relacionados con el incremento de la violencia tanto a nivel interno como externo. Las aprehensiones de todo tipo de armas, los ajustes de cuentas, los ataques contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de aduanas, portuario, etc., así como los robos con violencia entre redes criminales están siendo una constante y ocasionan, además, efectos colaterales como el aumento en la inseguridad ciudadana y, en ocasiones, una afectación a la vida y salud de las personas. Por ello, se hace necesario un tratamiento integral que contemple a todos los colectivos afectados.

La influencia de los conflictos bélicos y el terrorismo

La guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio o cualquier conflicto de esta entidad, producen un efecto desestabilizador que las organizaciones criminales utilizan en su beneficio.

La expansión del terrorismo en algunas zonas de África, especialmente el Sahel, el Cuerno de África o la Cuenca del Lago Chad, así como los conflictos persistentes promovidos por milicias armadas, están generando una interacción cada vez mayor entre la actividad terrorista y distintas formas de crimen organizado relacionadas con el tráfico de armas, personas o minerales, entre otros. Igualmente, la fragilidad institucional de algunos estados, los conflictos preexistentes o las emergencias humanitarias, dificultan la lucha contra las actividades delictivas, algunas de las cuales tienen impacto en Europa y más concretamente en España. Por ello, se hace cada vez más necesaria la colaboración con los países afectados, el intercambio de información y el refuerzo de las capacidades operativas atendiendo a las demandas locales.

La actividad de las redes criminales de inmigración irregular como factor influyente

Las condiciones geográficas ya citadas anteriormente determinan que España sea uno de los países que soporta mayor presión migratoria de la UE y que esta sea explotada por las redes criminales de inmigración irregular.

La actividad de las redes de inmigración irregular puede coexistir con la financiación por o para otras actividades delictivas, exponiendo a nuestro país a varios riesgos: que terceros estados y/o actores no estatales instrumentalicen los flujos migratorios en un contexto de tensión geoestratégica; que se constituyan en una posible herramienta de desestabilización de las instituciones a la par que en una grave violación de los derechos humanos en cuanto a sus vinculaciones con la trata y explotación de personas; que la situación de vulnerabilidad de los migrantes irregulares sea explotada en procesos de radicalización; o que la inmigración irregular pueda ser utilizada para la penetración de elementos terroristas.

Cabe señalar que en España las organizaciones históricamente dedicadas al narcotráfico han visto en el favorecimiento de la inmigración irregular una vía con la que diversificar sus ingresos, aprovechando tanto las rutas como las infraestructuras y medios ya existentes.

Las redes de tráfico irregular de personas, además de atentar contra colectivos especialmente vulnerables, son un catalizador para otras actividades transfronterizas de delincuencia organizada y representan una seria amenaza para la seguridad de nuestro país y del conjunto de la UE. Así, las redes de inmigración irregular optimizan sus plataformas criminales para vehicular a través suyo todo tipo de tráficos ilícitos y favorecer la trata de seres humanos, principalmente para la explotación sexual y laboral.

Por todo ello, es de vital importancia la colaboración con los países de origen y de tránsito, para identificar y desarticular las citadas organizaciones criminales, por lo que se hace necesaria una implicación multisectorial que combine la seguridad en las fronteras con un enfoque humanitario, fomente la cooperación internacional y asegure políticas de inmigración efectivas. El seguimiento de este fenómeno y su evolución hacia escenarios cada vez más complejos es prioritario, teniendo en cuenta nuestra singular posición geográfica como punto central en las vías de comunicación entre Europa, el Mediterráneo y el Atlántico.

El impacto sobre colectivos vulnerables

Las organizaciones criminales utilizan diversos métodos para aprovecharse de las vulnerabilidades que presentan determinadas víctimas potenciales.

La captación y reclutamiento de menores para la comisión de delitos no es un fenómeno novedoso, las organizaciones criminales suelen utilizar a este colectivo por su vulnerabilidad y facilidad de manipulación, lo que favorece este reclutamiento.

Esta situación facilita a las organizaciones criminales un cierto crecimiento y expansión en el tiempo, además de ofrecer protección ante la ley en virtud de la edad de los infractores y, en algunos casos, una mayor dificultad de detección.

En los últimos años esta tendencia se ha extendido y han evolucionado los métodos de reclutamiento, utilizándose cada vez más la captación a través de servicios de mensajería encriptada de las redes sociales, sin intermediarios, permitiendo a los delincuentes dirigirse sin esfuerzo a un amplio público, sin necesidad de reunirse físicamente.

Por otro lado, los menores, como colectivo especialmente vulnerable, se enfrentan a amenazas graves que constituyen un peligro tangible debido a la gravedad de los delitos de los que pueden ser víctimas. La rápida expansión de las tecnologías digitales, su accesibilidad a edades cada vez más tempranas y el anonimato inherente a Internet y las redes sociales, han creado un entorno propicio para la comisión de hechos delictivos como la pornografía infantil, el grooming, la sextorsión, los delitos de odio, etc., aprovechando además la falta de control y supervisión de estos entornos digitales.

Las crisis económicas probablemente intensificarán la trata de personas y el tráfico de migrantes desde regiones económicamente desfavorecidas. Esta situación genera nuevos retos que requieren de un esfuerzo en la detección temprana, la prevención y la persecución del delito, la protección y asistencia a las víctimas, así como de un mayor énfasis en la cooperación y coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional.

El uso ilícito de estructuras legales y entramados financieros

Las organizaciones criminales frecuentemente aprovechan estructuras empresariales legales para sus actividades, lo que les permite actuar mientras ocultan tanto sus operaciones como la procedencia ilícita de sus beneficios. Las organizaciones criminales sofisticadas crean redes de empresas en diferentes países para maximizar el anonimato y dificultar el rastreo. Este fenómeno plantea desafíos significativos para las autoridades policiales y judiciales encargadas de combatir el crimen organizado, especialmente en un contexto de globalización y complejidad financiera creciente.

Para impedir esta explotación de la infraestructura económica y jurídica legal, se precisa también de un enfoque administrativo en su lucha. Las medidas administrativas pueden detener el negocio criminal, generando una mayor disuasión que con la implementación única de consecuencias penales. Entre estas medidas, destacan aquellas relativas a la investigación de las empresas que tienen una conexión con la delincuencia organizada, así como su posible denegación o revocación de las licencias de actividad.

La actividad delictiva genera ingentes beneficios económicos, principal motivación de los grupos criminales, por lo que una de las formas más eficaces de luchar contra las organizaciones es a través de la privación de los beneficios ilícitos obtenidos. Para conseguir este objetivo adquieren una especial relevancia las investigaciones patrimoniales, que permiten identificar y recuperar las ganancias y bienes cuya procedencia sea ilícita, frustrando así el fin perseguido.

En este contexto, se requiere del compromiso y cooperación necesarios entre los distintos actores competentes de los sectores público y privado, así como de priorizar y suministrar las herramientas adecuadas para llevar a cabo todo tipo de investigaciones de carácter financiero, mejorando la coordinación internacional para abordar el carácter transnacional que habitualmente tienen los mecanismos de fraude y ocultación patrimonial empleados por los autores.

El uso de las tecnologías para fines ilícitos

La ampliación de los espacios digitales mediante la cada vez mayor implementación del internet de las cosas (Internet of Things-IoT) está incrementando significativamente las posibilidades de ataque y acceso ilegítimo a los datos y activos de las organizaciones. Los dispositivos IoT se están convirtiendo en objetivos de los ciberdelincuentes para recopilar información sobre perfiles y comportamientos de los usuarios.

El número de ciberdelincuentes aumenta constantemente, favorecido por la socialización de las nuevas tecnologías, que facilitan la actividad técnica, y por el creciente número y complejidad de las infraestructuras digitales, que amplían la superficie potencial de ataque y los objetivos.

El uso de todos los tipos de ciberdelitos (phishing, malware, ransomware, ingeniería social, robo de identidad, hacking, etc.) está facilitando el acceso a información confidencial o la comisión de fraudes, amenazas, extorsiones, espionaje industrial, difusión de pornografía infantil o estafas a través de internet y de redes sociales.

El empleo de criptoactivos como medio anónimo y de difícil rastreo para el blanqueo de capitales, ha desplazado a otros métodos más comunes hasta ahora. Este anonimato también se pone en evidencia en el uso de la dark web para el tráfico de bienes ilícitos.

Otras tecnologías cada vez más utilizadas son los drones aéreos y marítimos, empleados para el transporte de drogas, armas o para vigilar y proteger las actividades delictivas, los cuales proporcionan a los grupos organizados más seguridad en sus operaciones, así como la posibilidad de anticiparse a los movimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los de bandas rivales.

Finalmente, se destaca el uso de las nuevas redes de comunicación y las aplicaciones de mensajería cifradas por los grupos de crimen organizado.

El marco regulatorio se está fortaleciendo a nivel global para hacer que los sistemas digitales sean más resilientes y la experiencia de los usuarios más segura, pero el factor humano sigue siendo el eslabón más débil y seguirá siendo explotado por el crimen organizado en la red, por lo que se hace necesario que, desde las instituciones oficiales, se utilicen estas mismas herramientas para promover una mayor difusión de información preventiva.

El impacto de la Inteligencia Artificial (IA)

La IA es una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que requerían de la inteligencia humana, como puede ser el aprendizaje, el reconocimiento de patrones o la resolución de problemas. Este gran desarrollo tecnológico convierte a la IA en una herramienta catalizadora de cambios significativos, tanto tecnológicos como sociales, capaz de generar un impacto transversal en diferentes ámbitos, como puede ser la economía o la sociedad.

El desarrollo y aplicación de la IA mejorará la calidad de vida de la ciudadanía, pero resulta imprescindible el desarrollo de una exhaustiva regulación que permita su implementación de manera ética y responsable.

A la vista del potencial de esta tecnología, las organizaciones criminales la utilizan cada vez más para impulsar de diferentes maneras sus actividades ilícitas. Su posible uso para llevar a cabo actividades como la optimización en los procesos de blanqueo de capitales, fraudes financieros de entidad, estafas, la ejecución de ciberataques o los denominados deepfakes para crear contenidos falsos e incluso generando campañas de desinformación de gran precisión y a mayor escala, representa un desafío significativo para todas las instituciones relacionadas con la prevención, detección, investigación, represión y enjuiciamiento de las actividades criminales, que deben de adoptar las medidas oportunas para combatir eficazmente las amenazas derivadas de la utilización de esta herramienta con fines delictivos.

El deterioro del medio ambiente asociado a la acción delictiva

El deber de conservar el medio ambiente está reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, las iniciativas para su protección se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en paralelo a la gradual toma de conciencia sobre la importancia de proteger el entorno.

A pesar de su impacto profundo, esta amenaza no siempre ocupa un lugar prioritario en las agendas de seguridad, por lo que se plantean importantes desafíos para su prevención y persecución. El daño a los recursos naturales provocado por la actividad humana lícita o ilícita afecta no solo a los ecosistemas y a la diversidad, sino también a la salud pública, a los medios de vida de las comunidades y a la seguridad global. Estas acciones contribuyen a una degradación ambiental que excede el ámbito local y adquiere una dimensión transnacional y global.

En definitiva, el impacto del crimen organizado sobre el medio ambiente constituye una amenaza compleja que demanda una respuesta coordinada y multidisciplinar. Más allá de sus implicaciones ecológicas, esta problemática exige una reflexión estratégica que integre consideraciones ambientales en el marco de las políticas de seguridad y de desarrollo sostenible.