CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3

Una sociedad menos permisiva y más resiliente contra el crimen organizado y la delincuencia grave

En este capítulo se identifican la evolución y progresos en la acción del Estado frente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave, con especial referencia a los mercados criminales y las graves formas delictivas, así como los vínculos con el terrorismo.

3.1 Evolución y progresos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

El número de organizaciones criminales identificadas en nuestro país en los últimos años se mantiene estable. Los organismos nacionales dedicados a combatir el crimen organizado y la delincuencia grave centran sus esfuerzos en tratar de desarticular las estructuras criminales existentes, con el propósito fundamental de evitar que éstas se consoliden, evolucionen y asciendan dentro de la pirámide delincuencial.

Se debe poner en valor la cooperación, coordinación y la efectividad institucional en esta lucha, ya que en los últimos años se han llevado a cabo numerosas actuaciones que han permitido la desarticulación de importantes organizaciones criminales e impedido, en otros casos, el asentamiento y expansión de pequeñas células detectadas.

Por otro lado, periódicamente se llevan a cabo informes y análisis de situación y prospectivos para poder anticiparse a las potenciales amenazas. Además, se colabora con distintos organismos y agencias internacionales con el fin de aunar esfuerzos para garantizar una mejor protección de la ciudadanía.

España ha conseguido mantener un nivel de violencia contenido de la criminalidad organizada, demostrando la eficacia de sus medidas preventivas y represivas, implementando planes concretos en zonas altamente afectadas. Un ejemplo de ello es el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha por el Ministerio del Interior en el año 2018, y que se ha ido adaptando al cambio de estrategias, modus operandi y extensión de la actividad criminal mediante el incremento en medios humanos y materiales y la ampliación paulatina a otros territorios y provincias adyacentes. Este Plan ha supuesto un hito en la lucha contra la criminalidad organizada, siendo actualmente un referente de colaboración, cooperación y coordinación no sólo a nivel nacional sino también transnacional.

No obstante, la virulencia demostrada por el crimen organizado en otros países de nuestro entorno evidencia que aún queda un margen de mejora y se requiere potenciar el principio de autoridad de todas las instituciones implicadas.

En el marco estratégico, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave necesita de un enfoque multidisciplinar e internacional, requiriendo de una capacidad de anticipación frente a amenazas criminales transnacionales. Esta anticipación depende, en gran medida, de un intercambio ágil y sistemático de inteligencia con otros países, incluyendo también los de origen y los de refugio de los autores, aprovechando para ello nuestra representación oficial en cada país.

Una de las herramientas de cooperación internacional de referencia para la lucha contra las principales amenazas criminales, es la Plataforma Multidisciplinar Europea contra Amenazas Delictivas (EMPACT), en la que España participa, coordina, contribuye o lidera distintas Prioridades y Acciones Operativas que se organizan dentro de ella. Además, existen foros de trabajo de intercambio de buenas prácticas de carácter operacional, donde España ha sido pionera consiguiendo activar el flujo de información y fomentando su intercambio en las diversas metodologías del crimen organizado.

España participa activamente en la Red Europea sobre el Enfoque Administrativo (European Network on the Administrative Approach-ENAA), que se consolidó en 2018 para combatir la delincuencia grave y organizada, poniéndose de manifiesto la importancia para los Estados Miembros de adquirir la infraestructura jurídica necesaria para incorporar también un enfoque administrativo en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

En otros espacios internacionales la presencia de España ha sido notoria y entre ellos podemos destacar el Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC) o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Igualmente, España participa en la protección de la frontera exterior desde un punto de vista aduanero y activamente en los Mecanismos de Aplicación y de Examen de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado (Convención de Palermo).

Para hacer frente a la amenaza que presenta el blanqueo de capitales, España ha reforzado el nivel preventivo, ampliando la tipología de sujetos obligados sometidos a control. Por otro lado, se está reforzando la colaboración interinstitucional en la identificación de las operaciones de riesgo de cada sector.

Dada la utilización de elevadas cantidades de efectivo en esquemas delictivos, se han impuesto mayores limitaciones y controles al uso del mismo en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En el ámbito de la investigación, se ha implementado un sistema de formación especializada y continua destinada al personal investigador, poniendo especial énfasis en el estudio patrimonial desde su inicio. Igualmente, se han incorporado avances en los sistemas informáticos que permiten la detección de patrimonios inconsistentes y el análisis de flujos financieros.

La intensificación en la cooperación bilateral con socios internacionales ha permitido mejorar las capacidades de rastreo de flujos financieros ilícitos y fortalecer los sistemas de vigilancia económica.

Asimismo, se han dado pasos significativos en la recuperación de activos delictivos relacionados con el crimen organizado, destacando la presencia de España en las diferentes redes oficiales e internacionales existentes en este ámbito. No obstante, se hace necesario reforzar las herramientas de seguimiento, evaluación y obtención de datos estadísticos, así como mejorar la rapidez de acceso a la información y agilizar las respuestas.

Igualmente, conscientes de la dificultad que entraña la gestión de los bienes previamente identificados y recuperados, España se encuentra en un proceso de definición y optimización de procedimientos cuya mejora constante debe impulsarse.

La lucha contra la corrupción en nuestro país se está abordando desde diferentes frentes.

En el ámbito operativo, se han desarrollado investigaciones que evidencian una actividad criminal relacionada con delitos de corrupción, extorsión y tráficos ilícitos, en la que se identifican importantes esquemas de blanqueo de capitales.

En cuanto al marco legislativo, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, contempla la aprobación de una estrategia en esta materia.

La presencia de España en foros internacionales enfocados en la lucha contra la corrupción, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales o el Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es fundamental para avanzar en el conocimiento de esta amenaza.

Los avances tecnológicos están facilitando la lucha contra la criminalidad organizada y grave. La interoperabilidad que está siendo implementada desde el Ministerio del Interior, chequeando la información disponible en diferentes plataformas, posibilitará la coordinación y sinergia de los operadores, optimizando el uso de la información por quién esté en mejores condiciones de utilizarla.

El trabajo conjunto de varios países en el desencriptado de información compartida en plataformas utilizadas, casi exclusivamente, por organizaciones criminales, ha posibilitado grandes avances en el conocimiento de la criminalidad trasnacional y en el desmantelamiento de estructuras hasta hace poco ocultas.

Conscientes de la importancia de la Inteligencia Artificial en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a diversos fenómenos delictivos, como el uso malicioso que los delincuentes pueden hacer de esta tecnología, España ha avanzado en una regulación ética y responsable, alineando la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 al pionero Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, así como generando modelos soberanos de lenguaje.

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave es responsabilidad de las autoridades públicas, pero también requiere de la implicación del sector privado. Esto exige de un planteamiento eficaz y coordinado que permita el fomento de la confianza mutua y el intercambio fluido de información, por lo que la cooperación público-privada se constituye como una herramienta crucial para dar respuesta a esta amenaza.

Asimismo, la colaboración ciudadana se configura como un elemento capital para fortalecer la seguridad pública y cimentar sociedades más resilientes. La ciudadanía debe ser consciente de que los delitos afectan a toda la sociedad, por lo que se hace necesario fortalecer la confianza con las instituciones y el desarrollo de programas pedagógicos y educativos en línea con esta Estrategia. Ejemplos de esta colaboración son, entre otros, la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en redes sociales, la implementación de aplicaciones de denuncia ciudadana (AlertCops) o los números de teléfono establecidos para prestar ayuda o facilitar la remisión de denuncias, que no dejan rastro en los listados de llamadas.

La formación, como base del crecimiento de las instituciones, se torna fundamental a todos los niveles en la investigación de actividades relacionadas con el crimen organizado.

Se ha potenciado la formación específica para mejorar la capacidad de todos los actores involucrados, la participación en grupos de trabajo, foros nacionales e internacionales y comisiones bilaterales, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas, en especial con los países clave. Todo ello ha de considerarse esencial como parte de una formación continua.

3.2 Lucha contra mercados criminales y graves formas delictivas.

En su lucha contra el narcotráfico, España ha establecido estrategias y planes a nivel nacional que han contribuido positivamente a su control, principalmente de cocaína y derivados cannábicos, que hasta el momento suponen el mayor volumen de actividad del crimen organizado. Dado el importante carácter transnacional del tráfico de drogas, también colabora activamente en numerosos foros y grupos de trabajo internacionales, desde donde se impulsa la necesaria cooperación entre los principales países afectados, con el objetivo de aunar esfuerzos en el control de las principales vías de entrada de droga en nuestro continente, como por ejemplo la participación en el Grupo Horizontal de Drogas del Consejo de la UE.

A pesar de la experiencia acumulada en España en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la proliferación de las drogas sintéticas hace que sea necesario profundizar en el conocimiento de las peculiaridades propias de este tipo de sustancias, así como de sus precursores y pre-precursores. Tampoco debemos obviar la presencia creciente en los mercados internacionales y nacionales de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS), así como la de otras sustancias no controladas procedentes del desvío de su curso legal que, al ser consumidas más frecuentemente entre la población más joven, han de estar sometidas a seguimiento debido a sus importantes efectos nocivos para la salud. En esta línea, a nivel internacional se han desarrollado iniciativas como la Coalición Global contra la amenaza de las drogas sintéticas, impulsada por Estados Unidos y de la que también forma parte nuestro país.

Las organizaciones criminales especializadas en los delitos contra la propiedad, como los robos con violencia, robos con fuerza, hurtos, tráfico ilícito de vehículos o el comercio ilegal de bienes culturales, emplean métodos que les permiten operar durante breves periodos de tiempo dentro y fuera de nuestro país, siendo ésta una dificultad añadida a la investigación. Conscientes de ello, se están llevando a cabo acciones de colaboración y cooperación con diferentes países para abordar esta problemática.

Por otro lado, ciertos delitos contra el patrimonio son dirigidos contra personas vulnerables, mayores y menores de edad, por lo que se considera necesario potenciar aún más las campañas de prevención dirigidas a estos colectivos para reducir la incidencia delincuencial sobre ellos, tanto en el ámbito físico como en el virtual.

La economía sumergida y el fraude fiscal son lastres económicos y sociales, ya que suponen un detraimiento de ingresos al erario público. Además, producen distorsiones en el mercado, dado que quienes de manera sistemática incumplen sus obligaciones, tienen una evidente ventaja competitiva respecto de aquellos otros que asumen los costes fiscales del desarrollo de su actividad.

La lucha contra estas amenazas trasciende frecuentemente al ámbito estatal. Por ello, dada la complejidad técnica de cada modalidad delictiva, se requiere el establecimiento de adecuados mecanismos nacionales e internacionales de colaboración y coordinación efectivos para su prevención, detección, investigación y enjuiciamiento.

La proliferación de armas de fuego que ilegalmente circulan por todo el mundo y su impacto en la seguridad global, determinan que la lucha contra esta amenaza sea una de las prioridades también a nivel nacional, por lo que se hace necesario llevar a cabo un esfuerzo constante en la detección y neutralización de los canales de su suministro ilegal.

Ante normativas cada vez más estrictas a nivel nacional y europeo, las redes criminales recurren al uso de armas a priori no letales que modifican para disparar fuego real, así como al ensamblaje de piezas adquiridas por Internet, al desvío de armas robadas, e incluso, a la impresión 3D.

Por otro lado, la adquisición a través de páginas web y la supresión de controles aduaneros dentro de la UE, facilitan la importación y distribución de piezas y armas desde otros países con una legislación más permisiva en esta materia, a menudo mediante empresas de paquetería. Por ello, debe ser considerado de especial interés el control sobre el movimiento de armas y sus piezas.

El control de los precursores de explosivos es fundamental en la prevención en la lucha contra las formas más graves de delincuencia y terrorismo, pues se trata de evitar que elementos de uso común en la sociedad sean usados de forma maliciosa.

Como respuesta a la evolución de la amenaza para la seguridad pública causada por el terrorismo y otras actividades delictivas graves, la UE ha asumido esta preocupación, implicándose al máximo en el control de este tipo de precursores y desarrollando normativa específica sobre su comercialización y usos, reforzando así el sistema destinado a impedir la fabricación ilícita de explosivos.

Con esta perspectiva, en España se han adoptado las medidas necesarias para llevar a cabo este control, cumpliendo con la norma europea y adaptando para ello la nacional con la actual vigente Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos.

En el ámbito medioambiental, los delitos relacionados con la gestión y el tráfico ilegal de residuos, el comercio de especies protegidas y la caza y pesca ilegales representan un desafío creciente. El impacto ambiental asociado al cultivo de drogas en nuestro país, las talas indiscriminadas de vegetación autóctona y las sustracciones de recursos hídricos, así como la contaminación de éstos asociada al vertido de residuos, son igualmente relevantes. Estas actividades, a menudo vinculadas al crimen organizado, generan daños significativos a los ecosistemas y suponen un riesgo para la economía formal.

La combinación de esfuerzos regulatorios, investigativos y operativos ha redundado en una mayor capacidad para abordar las complejidades del crimen medioambiental y mitigar sus efectos más nocivos. El fortalecimiento de las redes de inteligencia medioambiental y la promoción de una cooperación más estrecha entre agencias, son pasos esenciales en esta dirección.

En el marco de las actuaciones contra las redes de inmigración irregular, dada su dimensión transfronteriza, se destaca la necesidad de mantener y reforzar la colaboración con los países de origen y de tránsito, para identificar y desarticular las organizaciones criminales y, por tanto, para la contención y la prevención del fenómeno. Asimismo, es importante destacar la sinergia de los esfuerzos que los Estados miembros desarrollan en el marco de las agencias europeas EUROPOL y FRONTEX.

Por su parte, el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que propone establecer un enfoque más equilibrado, sostenible y solidario para gestionar estos asuntos dentro de los Estados miembros, se consolida como una herramienta eficaz y solvente, no exenta de importantes retos, por su enfoque integral y sus medidas para reforzar el control fronterizo, gestionar los retornos y coordinar mejor los esfuerzos entre los distintos actores.

Por todo ello, es necesaria una implicación multisectorial que combine la seguridad en las fronteras, potenciando la prevención y la detección sin obviar el necesario enfoque asistencial que cabe garantizar a las víctimas, que viven el drama de la inmigración clandestina propiciada por las redes de tráfico de personas. El seguimiento de este fenómeno y su evolución hacia escenarios cada vez más complejos es más que necesario, teniendo en cuenta nuestra singular posición geográfica como punto central en las vías de comunicación entre Europa, el Mediterráneo y el Atlántico.

La trata y explotación de seres humanos continúan siendo uno de los mercados criminales más lucrativos a nivel nacional e internacional, pese a que en estos últimos años se han reforzado los mecanismos de cooperación y colaboración de carácter multidisciplinar y se ha realizado un notable esfuerzo en la planificación integral contra estas formas delictivas, y en protección hacia las víctimas.

El ejemplo más destacado es el Plan Estratégico Nacional contra la trata y la explotación de seres humanos 2021-2023 (PENTRA), que ya se contemplaba en la anterior Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave y que ha supuesto el primer instrumento de planificación de carácter integral en esta materia en España. Este Plan ha servido de base para otros sectoriales, como el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas, o el Plan Camino del Ministerio de Igualdad.

Una de las principales actuaciones que quedan por desarrollar, que deriva del PENTRA, y en la que actualmente se trabaja de manera especialmente intensa, es la aprobación de Ley integral de lucha contra la trata y explotación que, sin duda, supondrá un punto de inflexión en las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la trata de personas, potenciando la protección de las víctimas, así como una más eficaz lucha contra la actividad delictiva, en especial en los entornos digitales.

La violencia de género continúa siendo una de las formas más graves de delincuencia y de violencia contra la mujer. En este ámbito, se han efectuado los cambios necesarios en la normativa nacional para endurecer las penas y mejorar la atención y la protección de las víctimas durante los procesos judiciales.

Además, los sistemas de respuesta a esta amenaza están en constante actualización y adaptación, siendo ejemplo de ello el Sistema VioGén-2 que, junto con el nuevo Protocolo para la Valoración y Gestión Policial del Nivel de Riesgo de Violencia de Género y Seguimiento de los casos a través del Sistema VioGén-2, forman parte del continuo avance en la estrategia interinstitucional de prevención contra la violencia de género, buscando como fin último que ninguna víctima vulnerable quede fuera del sistema de protección.

Otra forma de delito dirigido a víctimas vulnerables es el abuso sexual infantil online, que se ha convertido en una de las principales prioridades. Se han llevado a cabo los avances legislativos necesarios para una mayor protección de las víctimas de este delito, así como para una atención policial especializada. Sin embargo, se debe continuar desarrollando normativa específica que se adapte a esta complejidad delictiva y dote de herramientas suficientes a las diversas instituciones del Estado intervinientes.

España ha reforzado su defensa a colectivos vulnerables mediante los Planes de acción de lucha contra los delitos de odio, implementados por el Ministerio del Interior, que, con la creación de grupos centrales operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el desarrollo de un sistema integral de coordinación, gestionado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), pretende mejorar la eficacia en la investigación, en especial en internet y redes sociales. Igualmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio contra el racismo y la xenofobia (OBERAXE), viene a reafirmar el compromiso del Estado en la prevención y respuesta ante estos ilícitos.

Como respuesta al incremento y la sofisticación de la ciberdelincuencia, así como de la proliferación del crimen como servicio, se han implementado en nuestro país la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior. Aunque han aumentado notablemente las capacidades en ciberseguridad y en prevención, investigación y persecución del cibercrimen, es necesario potenciar la cooperación internacional, la formación y especialización; dotar de herramientas tecnológicas de investigación adecuadas; incorporar modelos predictivos y de análisis de riesgos; y continuar con las labores constantes de concienciación y de adopción de medidas de seguridad por la ciudadanía y las empresas.

La protección de las infraestructuras críticas ha cobrado una importancia creciente, en la medida en que garantizan el aprovisionamiento de los servicios esenciales de nuestra sociedad y posibilitan el normal desarrollo de la actividad socioeconómica. Por lo tanto, las acciones orientadas a garantizar su funcionamiento en condiciones seguras adquieren una relevancia especial frente a las amenazas procedentes de actuaciones delictivas de distinta naturaleza.

La progresiva digitalización y la adopción de nuevas tecnologías por parte de los operadores críticos y operadores de servicios esenciales aumenta el riesgo de sufrir brechas de seguridad, lo que podría comprometer el control de los sistemas que operan estas infraestructuras y, en consecuencia, poner en peligro la continuidad de su actividad.

España, en sintonía con el marco normativo europeo, trabaja decididamente en la implementación de la Directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas (CER) y la Directiva de Seguridad de la Información en la Red (NIS2), buscando fortalecer tanto la seguridad como la capacidad de adaptación de estas infraestructuras a los nuevos desafíos. Así, en un contexto de amenazas en constante evolución, el enfoque en la resiliencia se vuelve fundamental para garantizar la continuidad operativa y la confianza de la ciudadanía.

3.3 Vínculos con el terrorismo.

La cooperación entre organizaciones ilícitas se evidencia en múltiples áreas. Los grupos terroristas y las redes de crimen organizado encuentran un terreno común en el uso compartido de recursos como armas, documentación falsa y financiación, así como en la explotación de redes de tráfico de personas, drogas y armas. Esta simbiosis permite a los grupos terroristas acceder a las infraestructuras logísticas y financieras establecidas por el crimen organizado, mientras que este último se beneficia de la desestabilización social y política generada por el terrorismo, que puede facilitar sus actividades ilícitas.

La Agenda Europea de Seguridad ha subrayado la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a la financiación del terrorismo de una manera más eficaz y global, destacando los vínculos con la delincuencia organizada, que nutre al terrorismo a través de los canales anteriormente mencionados.

La intensificación de esta interacción se ha visto agravada por factores como los conflictos bélicos, que generan un contexto de inestabilidad propicio para estas alianzas.

Desde un punto de vista estrictamente estratégico y preventivo, a nivel internacional las crecientes conexiones entre terrorismo y crimen organizado se evalúan en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y en el Foro Global Contra el Terrorismo.

En 2025 España procederá a la actualización del Plan Estratégico Nacional Contra la Financiación del Terrorismo (PENCFIT), poniendo especial énfasis, entre otras acciones, en las correspondientes al auge del uso de nuevas tecnologías en relación con la financiación de grupos terroristas.