Legislación › Orden PJC/89/2026, de 10 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 16 de diciembre de 2025, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2
Desafíos: Amenazas y Riesgos
Los dos planos, global o internacional y nacional, en los que esta Estrategia participa en la Seguridad Nacional llevan a diferenciar dos tipos de amenazas que emanan de la proliferación de ADM y concurren sobre los intereses de esa seguridad nacional.
Por un lado, las amenazas que provienen de otros estados o de alianzas entre ellos y que en muchos casos se incrementan o derivan de las carencias del régimen internacional de no proliferación. Estas amenazas intensifican los riesgos transfronterizos que pueden llegar a ser globales con diversos efectos, entre ellos:
– Los intentos de proliferación de ADM socavan los esfuerzos internacionales para mantener un control estricto sobre ellas y prevenir su propagación, pudiendo contribuir a carreras armamentísticas.
– La violación de tratados de no proliferación por parte de Estados o la amenaza de abandono de estos tratados por parte de actores clave pueden debilitar el régimen global de no proliferación, creando una incertidumbre armamentística que afecte a la toma de decisiones o las políticas de los actores.
– La proliferación empleada políticamente como elemento de disuasión regional, como el caso de Corea de Norte o Irán, permite a países con un peso relativo menor ganar una visibilidad e influencia desequilibrante, dañando la cooperación transfronteriza.
– La proliferación de ADM en regiones cercanas a España, como el Mediterráneo o el Norte de África, podría generar inestabilidad política, aumentar las tensiones y desencadenar conflictos.
– Las tensiones y la polarización en las relaciones internacionales pueden dificultar la colaboración para prevenir y contrarrestar la proliferación de ADM, pero el efecto es en ambos sentidos, pudiendo la incertidumbre armamentística contribuir a aumentar la polarización y siendo un factor importante que colabore a socavar un multilateralismo fuerte y eficaz.
– La desestabilización provocada por la proliferación de ADM puede contribuir a aumentar la probabilidad de conflictos a nivel global e incluso su uso en ataques directos, que sería el efecto más perverso y de consecuencias difíciles de prever, pero siempre catastróficas.
– La falta de control sobre las ADM implica una incertidumbre en su manejo o el de sus precursores, que puede generar errores de cálculo y accidentes de consecuencias incalculables.
Por otra parte, la amenaza asociada a acciones proliferadoras en territorio español o a través de nuestras fronteras podrían tener diversas consecuencias:
– Preparación de ataques directos por acción de grupos terroristas o delincuencia organizada, sería la posibilidad con más impacto y podría reflejarse en situaciones críticas de origen nuclear, radiológico, químico o biológico que pueden afectar a la seguridad humana, animal, vegetal o ambiental.
– Creación de situaciones de preocupación relacionadas con la posible existencia de planes para actuar con ADM que lleguen a producir alarma social y traten de desestabilizar el estado. Estas situaciones pueden buscarse a través de campañas de desinformación que, a su vez, pueden formar parte de estrategias híbridas.
– Un escenario de proliferación de ADM puede afectar al normal desempeño de la economía de muy diversas maneras, incidiendo en rutas de transporte, en fuentes de energía, en la producción agrícola o ganadera, en la industria o en la propia estabilidad de los mercados nacionales.
Circunstancias condicionantes de riesgo
La magnitud del desafío que supone, para la Seguridad Nacional, la existencia de cada una de las amenazas y sus consecuentes riesgos determina la mayor o menor urgencia e intensidad de las acciones que se requieren para la consecución de los objetivos de la estrategia.
Esa magnitud depende no solo de las características de la amenaza en sí, de la vulnerabilidad o el grado de exposición, sino que existen unos factores, en ocasiones exógenos sobre los que es difícil actuar, estos factores o circunstancias condicionan la existencia o características de la amenaza y deben ser atendidos incluso cuando sea poco probable actuar sobre ellos, al menos desde el ámbito de esta estrategia. Por ello cuando se plantean los objetivos y las líneas de acción es necesario considerar las sinergias con otras estrategias de seguridad, como las estrategias nacionales Contra el Terrorismo o Contra la Delincuencia Grave, la Estrategia de Acción Exterior de España o las directivas de Defensa Nacional y de Política de la Defensa, entre otras.
Entre estas circunstancias encontramos algunas que afectarán directamente a la situación del régimen internacional de no proliferación tales como la situación geopolítica global y su consecuente incidencia en la geoestrategia de todos los actores implicados, las actitudes más o menos agresivas de estados proliferadores o las propias debilidades del régimen internacional.
Por otra parte, y enfocando a la parte más cercana a factores de contraproliferación de esta estrategia, las circunstancias de mayor incidencia son la propia voluntad de grupos no gubernamentales de utilizar este tipo de armas o su propia capacidad para conseguirlas.
Potenciadores del riesgo
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 identifica unos vectores de transformación que inciden sobre la evolución ámbitos clásicos de la Seguridad Nacional. Alguno de los elementos que la ESN21 identifica como componentes de esos vectores tienen una especial incidencia transversal en la dimensión de los riesgos provocados por la proliferación de ADM.
De entre esos elementos, cabe destacar a las tecnologías disruptivas, las estrategias híbridas y el uso de campañas de desinformación, con las intersecciones existentes entre todos ellos.
Desarrollo científico y tecnológico. Tecnologías disruptivas
El ritmo de desarrollo científico y tecnológico se ha venido acelerando en los últimos años. Si bien este desarrollo puede proporcionar herramientas para hacer más efectiva la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, también plantea nuevos retos.
Estos retos derivan de varios factores, entre los que se pueden destacar los siguientes.
Por un lado, en el ámbito de las nuevas tecnologías sensibles, la distinción entre usos militares y usos civiles se difumina, a lo cual contribuyen también políticas como el programa de fusión civil – militar de China. Ante esta situación no existe suficiente concienciación en la comunidad científica sobre los retos de seguridad nacional derivados de la investigación, y especialmente en el ámbito de programas de colaboración internacional, ello a pesar de que el Reglamento de la UE 2021/821 sobre el control de exportaciones de los bienes de doble uso se dirige también a los científicos y académicos como «exportadores» de bienes de doble uso, en tanto que pueden transferir conocimientos estratégicos.
Los regímenes de control de exportaciones existentes no disponen de las herramientas necesarias para actualizar sus listas de control a nuevas tecnologías, lo que se ve agravado por la situación política de cuasi – bloqueo en la que se encuentran en la actualidad. Los sistemas de control de exportaciones tradicionales siguen enfrentándose a dificultades, además, para controlar las transferencias intangibles de tecnología.
En un plano interno, resulta necesario mantener actualizados los marcos normativos de seguridad y realizar los controles necesarios según la normativa nacional e internacional, con especial atención a las tecnologías de doble uso.
En una lista no exhaustiva de tecnologías sensibles que pueden plantear retos para la lucha contra la proliferación, destacan las siguientes:
– El desarrollo tecnológico en el ámbito del espacio puede implicar la aparición de nuevos riesgos de proliferación. Cada vez son más los países que poseen una industria aeroespacial capaz de realizar lanzamientos de satélites. La tecnología desarrollada para ello podría llegar a adaptarse para el lanzamiento de misiles intercontinentales, posibles vectores de ADM.
– El uso de vehículos autónomos no tripulados (UAV), no solo por estados proliferadores, también por grupos armados no estatales, supone un grave riesgo para la seguridad, pues los UAV pueden adaptarse y ser usados como vectores para el empleo de distintos tipos de ADM. Los grupos no estatales están explotando principalmente fuentes comerciales legales para acceder a los UAV o traficando ilícitamente con ellos.
– Los desarrollos en materia de computación cuántica, inteligencia artificial, impresión 3D o el desarrollo de semiconductores pueden facilitar, entre otros, la creación de centrifugadoras de gas o reducir las barreras de diseño, síntesis y despliegue de armas químicas.
– Estas tecnologías también podrían facilitar las aplicaciones de doble uso, en las que la investigación legítima se reutiliza con fines maliciosos. Además, los sistemas de IA pueden exacerbar las amenazas asimétricas al dotar a los actores no estatales de mayores capacidades de producción y difusión.
– Los avances de la biotecnología, especialmente los avances de la informática aplicados a la biología, permiten diseñar procesos, formas o protocolos para los análisis y el manejo de los datos, ello ha conllevado, entre otros elementos, una evolución más rápida de lo previsible de las técnicas de ingeniería genética, pudiendo ya hoy en día realizar la edición de microorganismos de manera que se consigue que estos realicen nuevas funciones para las que no estaban diseñados, incluso, crear microorganismos sintéticos. Esta realidad científica y tecnológica se solapa con un mayor intercambio de información muy generalizado entre científicos, técnicos o incluso estudiantes o personas interesadas en estos temas.
Son numerosas las tecnologías relacionadas con la biología susceptibles de su mal uso. Las herramientas de edición genética, la bioinformática, las técnicas de bioprospección o la biología sintética son algunas de ellas.
El manejo de los posibles organismos modificados genéticamente o el de patógenos naturales peligrosos, se realiza, al menos cuando se hace bajo control de Estados, en los laboratorios de máxima seguridad, los laboratorios de nivel de contención 4 (BSL-4). Recientemente, este tipo de laboratorios ha aumentado de manera considerable en países como China, India O Malasia. Si bien nunca se debe presuponer ninguna actividad incorrecta sin elementos que justifiquen esa suposición, también es cierto que la proliferación de estos laboratorios implica un aumento de la exposición a la amenaza de su mala utilización por elementos no controlados.
– Transferencias intangibles de tecnología.
La utilización de medios electrónicos para el tratamiento y la transferencia de la información técnica o los distintos softwares que soportan tecnologías son métodos universales de trabajo que, independientemente los muchos beneficios de su uso, suponen una enorme dificultad para el control de las transferencias. En el caso de material de defensa, o de doble uso, esta dificultad de control es un gran problema para las autoridades competentes y esta dificultad acarrea un mayor nivel de riesgo si esos intangibles están relacionados con tecnologías NRBQ, sometidas a controles internacionales. Un caso de especial interés es la obtención de tecnologías a través de ingeniería inversa, aprovechando lagunas o escollos jurídicos en países proveedores o terceros. En definitiva, la propagación de contenidos teóricos necesarios para desarrollar una tecnología es uno de los grandes retos y su control debe encontrar un equilibrio entre los intereses comerciales o la libertad académica y las inquietudes legítimas en materia de seguridad.
Estrategias híbridas
Estrategia híbrida es un término que puede englobar todo tipo de actuaciones coordinadas y sincronizadas, dirigidas a explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones mediante acciones que tienden a fomentar la desestabilización política de las instituciones nacionales o internacionales.
Las estrategias híbridas podrían incluir acciones cometidas con material NRBQ, o utilizando algún tipo de amenaza de su uso, tanto en el plano global, que afecten a España o sus socios o aliados, como las cometidas en el marco nacional. Pueden ser actos relacionados con cualquiera de las amenazas referidas en esta estrategia. El hecho diferencial es la voluntad que un actor estatal o no estatal le imprime a los hechos, normalmente buscando explotar las vulnerabilidades del estado víctima para influir en la toma de decisiones o alcanzar posiciones de ventaja política o estratégica.
Las estrategias híbridas NRBQ pueden tomar múltiples formas. Por ejemplo, pueden implicar el despliegue de agentes NRBQ, actos de sabotaje, uso malicioso del ciberespacio o campañas de desinformación para manipular la opinión pública, desacreditar a las autoridades e influir en el comportamiento social. En general, la complicación de la atribución de responsabilidades en muchos tipos de incidentes NRBQ hacen que estos materiales sean elementos de interés para cualquier actor malintencionado, incluso en escenarios grises previos a una guerra híbrida.
Los asesinatos selectivos patrocinados por algún estado que utilizan agentes NRBQ o las campañas más sutiles de desinformación en el contexto de la pandemia de COVID-19 muestran muy gráficamente la complejidad de contrarrestar las estrategias híbridas.
Las capacidades industriales de España, su potente sector químico, el aumento de laboratorios de investigación biológica y la presencia de numerosas instalaciones radiológicas y de centrales de energía nuclear, unido a la amenaza específica proveniente de grupos terroristas, hacen que estas estrategias híbridas supongan un aumento tangible de la amenaza.
Campañas de desinformación
Aunque las campañas de desinformación pueden y suelen formar parte de estrategias hibridas, en el caso de las ADM tienen unas perspectivas especiales, haciendo aumentar el riesgo de las amenazas en distintos frentes:
En primer lugar, pueden construirse campañas entorno al uso de estas armas para generar pánico en una sociedad, especialmente cuando buscan condicionar el comportamiento en situaciones de especial sensibilidad, como un proceso electoral o una crisis en curso.
En segundo, las teorías de la conspiración sobre amenazas químicas o biológicas pueden mermar la cohesión social y la confianza en las instituciones nacionales y científicas y, además, puede motivar la radicalización violenta o tratar de crear mayores brechas en el contexto geopolítico internacional, tal y como se observó durante la pandemia del SARS-CoV-2.
Por último, las campañas de desinformación desplegadas tras un eventual uso de estas armas o simplemente de un incumplimiento flagrante de los acuerdos internacionales, no solo pueden mermar el apoyo a una efectiva sanción de estas actividades, sino que, además, suponen un importante riesgo para el compromiso con la vigencia de los acuerdos y leyes internacionales para la prohibición y control de las mismas.
Frente a estos riesgos, es necesario potenciar los mecanismos de detección de campañas de desinformación, desarrollar estrategias de comunicación efectivas para limitar o contrarrestar sus efectos y promover la formación y la concienciación sobre la desinformación y sobre las armas de destrucción masiva y las organizaciones y normativas que las regulan.
Amenazas procedentes de actores estatales
Dados los requerimientos económicos y tecnológicos para el desarrollo de programas de destrucción masiva, el mayor riesgo de proliferación horizontal deriva de actores estatales.
Como se ha mencionado, la falta de resolución de las crisis de proliferación en Corea del Norte e Irán, así como el uso de armas químicas por el anterior régimen sirio siguen contribuyendo al desgaste de la estabilidad internacional. Adicionalmente, esta situación tiene el potencial de desencadenar carreras de armamentos en las respectivas regiones, contribuyendo aún más a la inestabilidad internacional.
Esta situación requiere reforzar los instrumentos internacionales de detección de programas no declarados de armas de destrucción masiva.
La ausencia de régimen de verificación en el ámbito de la CABT
En el ámbito biológico, aunque la CABT puede considerarse un éxito de la comunidad internacional al intentar poner fin a la proliferación de armas biológicas y complementar el Protocolo de Ginebra de 1925, lo cierto es que se trata de un tratado que adolece de la falta de una organización encargada de verificar el cumplimiento de la Convención por parte de los países que la han ratificado. Quizá la desconfianza reinante durante la Guerra Fría no permitió dejar anclado un tema tan importante y que ha sido, desde entonces, motivo de gran controversia entre los Estados parte.
A pesar de que los Estados parte tienen la obligación de desarmarse, destruyendo o desviando hacia fines pacíficos todos los agentes biológicos, toxinas, armas, equipos y vectores, no existía ni existe ninguna entidad que vele por el progreso de este objetivo. Los Estados parte no están obligados a declarar los agentes biológicos o las toxinas empleadas en actividades no prohibidas. Tampoco están obligadas a declarar todos los laboratorios que se ocupan de la investigación y del desarrollo de sustancias que podrían ser utilizadas como agentes de guerra.
En 2001 el borrador del protocolo de verificación, como se le conoce dentro del ámbito de la CABT, consiguió aunar un conjunto de medidas recopiladas desde las primeras conferencias de revisión con el objetivo primero de fortalecer el cumplimiento de esta Convención. Desafortunadamente, no se alcanzó un consenso. Sucesivos intentos en posteriores conferencias de examen han tratado propuestas para abordar el tema de manera más constructiva y trasladar el debate a un territorio nuevo, más productivo y con visión de futuro.
A falta de un mecanismo de verificación, el sistema de medidas de fomento de la confianza (CBM) ha contribuido a aumentar la transparencia de las actividades de los Estados parte. Este sistema se introdujo en 1987 tras una decisión de la segunda conferencia de revisión de la CAB en 1986.
El objetivo de las CBM es prevenir o reducir la ocurrencia de ambigüedades, dudas y sospechas y mejorar la cooperación internacional en el campo de las actividades biológicas pacíficas. Los Estados parte de la convención sobre armas biológicas deben presentar sus informes nacionales sobre medidas de fomento de la confianza a más tardar el 15 de abril de cada año a la unidad de apoyo a la implementación de la convención sobre armas biológicas.
Sin embargo, su utilidad ha sido cuestionada por la falta de uniformidad de las medidas presentadas por los Estados parte y el distinto nivel de implicación de los mismos.
La universalización pendiente del Protocolo Adicional como estándar de verificación del OIEA
Aunque el régimen de salvaguardias totales reforzado con el Protocolo Adicional pretendía convertirse en el estándar internacional de verificación, el proceso de universalización se ha estancado. En la actualidad tienen el Protocolo Adicional en vigor 117 Estados, y otros 22 Estados ya lo han firmado. Sin embargo, países importantes por sus actividades nucleares como Brasil y Argentina o con ambiciosos programas nucleares civiles incipientes como Arabia Saudí no lo han firmado. Aunque se trate de casos muy diferentes, ciertos países de preocupación −como Irán, Siria o la República Democrática Popular de Corea− no lo han firmado o no lo han ratificado y, por lo tanto, no lo aplican.
Esta falta de universalización del Protocolo Adicional eleva el riesgo de que países potencialmente proliferadores puedan desarrollar programas nucleares militares, utilizando instalaciones no declaradas y, por tanto, fuera del ámbito de verificación del OIEA.
La necesaria renovación del Sistema Internacional de Vigilancia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
Aunque el Tratado no ha entrado en vigor, el trabajo de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) es fundamental para prevenir la proliferación nuclear. Al disponer la prohibición total de los ensayos nucleares, el Tratado trata de limitar el perfeccionamiento cualitativo de las armas nucleares y poner fin al desarrollo de tipos nuevos de esas armas.
Por ello es preciso contribuir a reforzar su régimen de verificación, que permite detectar cualquier explosión nuclear.
El régimen de verificación del TPCE está por compuesto por tres elementos centrales. En primer lugar, la base del sistema es el Sistema Internacional de Vigilancia (SIV): red mundial de instalaciones cuyo fin es detectar posibles explosiones nucleares y obtener pruebas de que se han producido. Se sirve de técnicas sismológicas, hidroacústicas, de infrasonidos y de radionúclidos. Una vez finalizada su instalación, el SIV constará de 321 estaciones de vigilancia y 16 laboratorios de radionúclidos en todo el mundo, instalados en los emplazamientos previstos en el Tratado. En la actualidad el SIV cuenta con cerca del 90% de sus instalaciones homologadas. Ahora bien, las necesidades financieras para el mantenimiento del SIV son muy elevadas, por lo que será preciso que los Estados Signatarios se planteen la necesidad de reforzar la financiación del sistema.
Los otros dos elementos son el Centro Internacional de Datos (CID), que se encarga del funcionamiento del SIV y de la Infraestructura Mundial de Comunicaciones (IMC) y las Inspecciones in Situ (IIS) que empezarán a realizarse tras la entrada en vigor del Tratado.
Amenazas procedentes de actores no estatales: proliferadora, terrorista o proveniente del crimen organizado
Aunque las amenazas de mayor impacto potencial global, asociadas a la proliferación de armas de destrucción masiva, vienen derivadas de acciones proliferadoras estatales, la actividad de grupos no gubernamentales, o incluso individuos aislados, es también un riesgo real. Las actividades proliferadoras de estos grupos, especialmente terroristas, podrían llegar a llevarse a cabo dentro de las fronteras de cualquier estado, independientemente de sus posicionamientos dentro del régimen internacional de no proliferación.
Esta amenaza ha supuesto, y sigue suponiendo, un riesgo importante que preocupa a la comunidad internacional. En múltiples ocasiones ha sido abordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de su Resolución 1373 (2001), en la que reconoce la conexión entre el terrorismo internacional y la circulación ilícita de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares; de la Resolución 1540 (2004), en la que se afirma que la proliferación de ADM y sus sistemas vectores y su posible uso por actores no estatales constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y obliga a controlar los materiales conexos para evitarla. Más recientemente, la Resolución 2325 (2016) exhorta a los estados a fortalecer sus regímenes nacionales aplicando la previa Resolución 1540.
En España, los mapas de riesgos dan a esta amenaza un nivel de impacto considerable, pero un nivel de probabilidad bajo. Esto es consecuencia de que la utilización de elementos NRBQ requiere de la conjunción de varios elementos como son: la presencia de agentes con intención de utilizarlos (voluntad), las capacidades técnicas necesarias para su manipulación, la posibilidad de hacerse con los elementos necesarios para su confección y posterior dispersión y, finalmente, la oportunidad para hacerlo.
A pesar de que ha habido grupos terroristas que han expresado su voluntad de utilizar elementos NRBQ en sus acciones, por el momento no sería el modus operandi más congruente con la actividad proveniente de cualquier otro extremismo radical violento o terrorista asociado a ideologías políticas, que puede buscar crear una alarma puntual pero no desvirtuar sus reivindicaciones con una afectación masiva de ciudadanos, contraria a sus intereses. A pesar de ello, existen manuales que «invitan» a obtener y utilizar armas NRBQ a actores solitarios, alguno de ellos diseñado por autores asociados a ideologías extremas no religiosas.
En lo referente al crimen organizado no terrorista, su implicación en acciones con materiales NRBQ o sus precursores pueden tener más relación con tráficos ilegales de determinados materiales, en muchos casos de doble uso, que con la intención directa de utilizarlos para sus fines delincuenciales. Un caso distinto sería que la acción de los delincuentes fuera promovida, como parte de una guerra híbrida, por algún Estado con el fin de desestabilizar a otro Estado o alguna región.
Amenaza química de grupos no estatales
La posibilidad de un ataque químico por un grupo terrorista, incluso por un «lobo solitario», no es descartable, aunque es limitada, especialmente en el supuesto de ataques a gran escala.
No obstante, dado que en muchos casos estos productos químicos tóxicos industriales (TIC por sus siglas en inglés) potencialmente peligrosos, son necesarios para el normal funcionamiento de la industria (material de doble uso) y, por tanto, circulan, se manipulan y forman parte del comercio legítimo en todo el mundo, grupos terroristas o criminales podrían intentar conseguirlos para realizar ataques de pequeña o mediana intensidad.
Especial atención merecen los productos considerados precursores de armas químicas, también presentes en la industria y el comercio, pues no siendo directamente utilizables como agente agresivo, pueden llegar a serlo a partir de su manipulación o combinación.
El riesgo de la amenaza y la utilización industrial y comercial, bajo supervisión, de los TIC, hacen necesario cuidar especialmente el equilibrio entre el ágil funcionamiento de la industria y el control adecuado que evite que puedan caer en manos de agentes terroristas.
También se debe tener en cuenta la posibilidad de ataques que pretendan la liberación sin control de TIC que se encuentren en vagones de tren, camiones cisterna o instalaciones fijas que grupos terroristas lleguen a considerar «objetivos posibles».
Finalmente, resulta muy complicado que puedan realizarse acciones terroristas con agentes químicos de guerra (CWA, por sus siglas en inglés) por la gran dificultad que supone su obtención. La posibilidad de ataques con estos elementos solo podría provenir del retorno de combatientes extranjeros de zonas de conflicto en las que hubieran podido tener acceso a ellos.
Amenaza biológica de grupos no estatales
Si la probabilidad de que un grupo terrorista utilice armas químicas, existiendo, es baja, la de utilización de material biológico a gran escala es aún menor, principalmente por la mayor dificultad para conseguir y, sobre todo, manejar los elementos patógenos necesarios. En el caso de agentes biológicos no solo es necesaria la obtención del propio agente, ya de por sí complicada, sino que resulta necesario su procesamiento o cultivo y el desarrollo de un método de dispersión eficaz que permita la estabilidad en el tiempo.
No obstante, la posibilidad existe y los efectos de la pandemia han podido ser un escaparate atractivo que ha mostrado las posibilidades de un ataque biológico. Las consecuencias de un ataque biológico son aún más peligrosas que las que podría causar un ataque químico, especialmente por el tiempo necesario para su identificación, la dificultad de aislar el agente y la forma de expansión de enfermedades víricas o bacterianas, cuya actividad es difícil de perimetrar y controlar.
Además, los avances de la biotecnología, especialmente la capacidad para la modificación genética de agentes biológicos en laboratorio, abren la puerta a un tipo de terrorismo biológico extremadamente peligroso en el futuro. A ello se une la proliferación de centros y laboratorios a nivel mundial.
El tipo de organización para la que el empleo de armas biológicas pudiera ser interesante es similar al mencionado para el resto de ADM, es decir, especialmente –sin descartar otras posibilidades– terrorismo de origen religioso radical, incluso exponiéndose a resultar contagiados en la acción.
Sin embargo, en el caso de los elementos biológicos existen dos posibilidades novedosas, que serían: la acción de individuos con profundos resentimientos y problemas de salud mental, contrarios a la evolución de la biotecnología y la de grupos, sectas o células apocalípticas.
Amenaza nuclear y radiológica de grupos no estatales
El uso de materiales nucleares u otros materiales radiológicos con fines terroristas abarcan una gama de posibilidades muy amplia, desde el ataque a una central nuclear, la posibilidad de que se pueda acceder a un arma nuclear o a materiales para su preparación, hasta el uso directo de materiales radioactivos.
Si para los casos de terrorismo químico o biológico el nivel de probabilidad de la amenaza es bajo, mucho más bajo aún lo es para la amenaza de uso de armas nucleares. Sin embargo, el nivel de impacto en caso de que esta pequeña probabilidad llegara a convertirse en una amenaza inminente sería más alto que en el resto de ADM. Sería el caso de que elementos terroristas pudieran tener acceso a armas nucleares, armas que no solo se encuentran en los Estados a los que el TNP autoriza su posesión, sino también en Estados como India, Pakistán o Corea del Norte, posiblemente, entre otros.
Desde este enfoque, el elemento más positivo es que, a pesar de la actual situación del régimen internacional y los problemas del multilateralismo, que han provocado una parada o retroceso en la mayor parte de los diálogos de desarme y control de armamentos, las grandes potencias mantienen un nivel de cooperación muy importante en la lucha contra el terrorismo nuclear. En 2023 la Iniciativa Global para la Lucha Contra el Terrorismo Nuclear (GICTN) celebró su reunión plenaria bajo la copresidencia de Rusia y EE.UU., que dejaron clara su intención de seguir colaborando en este ámbito.
La acción terrorista menos improbable, en este ámbito, sería la que se realizara mediante la utilización de un artefacto o dispositivo de dispersión radiológica (RDD), que solo requiere de una fuente radiológica y un explosivo convencional, incluso de pequeña magnitud.
Según hoja informativa publicada en 2024 el OIEA, desde 1993 se han notificado un total de 4243 incidentes de actividades ilegales o no autorizadas relacionadas con material nuclear y otros materiales radiactivos. En 2023, 31 Estados notificaron 168 incidentes, seis de los ellos estaban relacionados con el tráfico o el uso doloso. Esta recurrencia confirma la necesidad de mantener la vigilancia y la mejora continua de la supervisión para controlar, proteger y eliminar adecuadamente el material radiactivo.
Agroterrorismo
Una atención especial merece la posibilidad de que pueda producirse un ataque NRBQ dirigido a animales, plantas o ecosistemas.
Si bien la propagación malintencionada de agentes biológicos patógenos puede suponer un riesgo directo para la salud de las personas, también puede dirigirse, utilizando patógenos específicos, contra las cabañas ganaderas, la producción agrícola o forestal de un territorio o ecosistemas de especial interés. Las consecuencias podrían llegar a ser importantes, no solo por atacar a la salud entendida como un todo –la salud humana es imposible sin la salud de animales y ecosistemas (concepto conocido como One Health)– sino que también podría crear situaciones que afectaran a la cohesión social, incidiendo en grandes extensiones, superficies o especies de especial protección o en partes importantes de la cabaña ganadera, todo ello puede afectar a sectores de la población especialmente sensibles e incidir en el desarrollo económico y situación ambiental.
Un ataque de este tipo podría realizarse en las distintas fases de la producción y, aunque, como el resto de las posibilidades de ataques biológicos, tendría que enfrentar dificultades en la dispersión de los patógenos, pero también es cierto que se vería potenciado por la globalización, que supone una mayor movilidad internacional de personas, animales y mercancías, lo que facilitaría una expansión incontrolada del daño.
Algunas posibilidades con factores de riesgo importante podrían ser la utilización de enfermedades de alta patogenicidad para cabañas ganaderas estratégicas en nuestro país, como la gripe aviar (influenza aviar) o la peste porcina africana (PPA).


