Artículo ciento cuarenta. Delitos por abuso de oficio o falsedad.

Artículo ciento cuarenta cuarenta. Delitos por abuso de oficio o falsedad.
1. Serán castigados con las penas, penas de prisión mayor de tres a siete años y multa de 30.000 dieciocho a 300.000 pesetas veinticuatro meses los funcionarios que abusando de su oficio o cargo dolosamente realicen alguna de las siguientes falsedades:
a) Alterar sin autorización las fechas, horas o lugares en que deba celebrarse cualquier acto electoral incluso de carácter preparatorio, o anunciar su celebración de forma que pueda inducir a error a los electores.
b) Omitir o anotar de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres de los votantes en cualquier acto electoral.
c) Cambiar, ocultar o alterar, de cualquier manera, el sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho.
d) Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la formación o rectificación del Censo, o en las operaciones de votación y escrutinio.
e) Efectuar proclamación indebida de personas.
f) Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algún acto electoral, por mandato de esta Ley.
g) Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta.
h) Imprimir, confeccionar o utilizar papeletas o sobres electorales con infracción de las normas establecidas.
i) Incumplir las obligaciones relativas a certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales previstas en esta ley.
j) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, análoga a las anteriores, por alguno de los modos señalados en el artículo 302 del Código Penal.
2. Si las alteraciones de la verdad falsedades a las que se refiere este artículo fueran producidas se cometieran por imprudencia temeraria, grave, serán sancionadas con la pena de prisión menor.
3. En la apreciación multa de los supuestos a que se refiere el presente artículo los Tribunales se atendrán doce a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. veinticuatro meses.