Artículo 432.

Artículo 432.
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la una pena de prisión de tres dos a seis años e años, inhabilitación absoluta especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.
3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y la de e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las cantidades sustraídas y al circunstancias siguientes:
a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico público, o artístico,
b) el valor del perjuicio causado o si se tratara de los bienes o efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión apropiados excediere de seis meses a tres años y suspensión 50.000 euros.
Si el valor del perjuicio causado o de empleo los bienes o cargo público por tiempo efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta tres años. la superior en grado.