Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación.

Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios intermediarios. de intermediación.
1. Los órganos competentes, Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tengan tenga atribuidas, podrán dictar órdenes a que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios intermediarios para de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que interrumpan la prestación suspendan el correspondiente servicio de un intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o retiren de los contenidos ilícitos. Las órdenes dictadas contra uno cuya interrupción o varios elementos concretos retirada hayan sido ordenados respectivamente.
2. Si para garantizar la efectividad de contenido ilícito, con independencia del lugar la resolución que acuerde la interrupción de establecimiento del prestador del la prestación de un servicio intermediario, se ajustarán o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a lo previsto la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediación que suspendan el artículo 9 correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del Reglamento (UE) 2022/2065. servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
2. 3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado anterior, refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
3. 4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda.
En particular, cuando resulte necesario para proteger los derechos de la víctima o grupos o personas discriminadas, los jueces y tribunales podrán acordar, de conformidad con la legislación procesal, motivadamente, y siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad, cualquiera de las medidas de restricción o interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de internet que contempla la presente ley.
4. Las restricciones a la prestación de servicios contempladas en este artículo se adoptarán sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional procesal, penal y civil, así como en materia de cooperación judicial.