Sexto.

Sexto.
En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante la Administración, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) primero.1. f) del presente acuerdo Acuerdo serán los siguientes:
1. Reclamaciones formuladas ante la Administración General del Estado y ante sus organismos autónomos o Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, por responsabilidad patrimonial con exclusión de aquéllas aquellas a las que derivan del funcionamiento de la Administración se hace referencia en los puntos 2, 3 y 4 de Justicia: este apartado:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.
2. Reclamaciones fundadas en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
2.1 Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe informe del Consejo General del Poder Judicial.
2.2 Error judicial:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe sentencia reconociendo expresamente el error judicial.
2.3 Prisión preventiva:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe sentencia declarando la absolución por inexistencia del hecho imputado o que por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre.
3. Reclamaciones derivadas de la responsabilidad del Estado Legislador:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
b) En caso de que la lesión sea consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, que se acredite que la norma ha sido declarada inconstitucional mediante sentencia publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Reclamaciones fundadas en el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional:
a) Que existe dictamen del Consejo de Estado.
b) Que el Tribunal Constitucional ha declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo o una cuestión de inconstitucionalidad.