Artículo 124. Infracciones graves.

Artículo 124. Infracciones graves.
1. Son infracciones graves en materia de calidad del parque inmobiliario:
a) Vulnerar las normas de habitabilidad de la Generalidad o la normativa técnica de obligado cumplimiento, si la vulneración no afecta a la seguridad de los edificios o viviendas.
b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad relativas a la seguridad.
c) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone una afectación grave de las condiciones de habitabilidad de los edificios, previa notificación.
d) No entregar el libro del edificio.
e) Prestar suministros de agua, gas, electricidad u otras energías alternativas si no se ha obtenido la cédula de habitabilidad.
f) Negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones de información, control o inspección, en el ejercicio de las competencias establecidas por la presente ley.
g) No disponer del certificado de inspección del edificio en los supuestos en que sea exigible.
h) Promover la sobreocupación de una vivienda.
i) Destinar una vivienda a uso no residencial una actividad económica sin disponer de la oportuna autorización. del título habilitante pertinente.
2. Son infracciones graves en materia de protección de los consumidores y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario:
a) Incumplir las obligaciones establecidas o no cumplir los requisitos establecidos para ejercer la actividad de los agentes vinculados con la vivienda, si el incumplimiento causa perjuicios económicos a los consumidores por un importe superior a 6.000 euros e inferior a 12.000 euros.
b) Ejercer la actividad de agente inmobiliario sin cumplir los requisitos establecidos por la presente ley.
c) No entregar a los adquirentes de una vivienda la documentación establecida como obligatoria por la presente ley.
d) No suscribir los seguros y garantías exigidas por los artículos 54.6 y 55.3.d.
e) No aportar la garantía exigida por el artículo 55.3.c.
f) Hacer publicidad u ofertas de viviendas sin haber suscrito la correspondiente nota de encargo y sin ajustarse al artículo 58.3.
g) No entregar a los interesados en adquirir o alquilar una vivienda, antes de recibir cualquier cantidad a cuenta del precio final, la información sobre las condiciones de transmisión que establecen los artículos 60 y 61.
h) No constituir la fianza exigida por el artículo 66.3.
3. Son infracciones graves en materia de vivienda de protección oficial:
a) Incumplir los procedimientos establecidos para adjudicar viviendas de protección oficial.
b) Suministrar a la Administración, los particulares, datos inexactos para acceder a una vivienda de protección oficial o para obtener la financiación calificada.
c) Ceder parcialmente el uso de una vivienda de protección oficial, con carácter oneroso.
d) No comunicar al Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, en promociones sobre suelo no reservado a viviendas de protección oficial, la lista provisional de personas inscritas en el registro a las que se ha asignado una vivienda, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
e) Transmitir o ceder el uso de la vivienda incumpliendo la obligación de notificar la decisión a la Administración, para que esta determine quién debe ser el adjudicatario en caso de segundas y sucesivas transmisiones.
f) No efectuar las notificaciones legalmente exigidas cuando se quieren transmitir viviendas de protección oficial.
g) Suministrar a la Administración, los particulares, datos inexactos para ser inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial.
h) Incumplir los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico para el inicio y la finalización de las promociones de vivienda protegida sobre suelos reservados o calificados para tal finalidad.
i) Incumplir los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico para el destino de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo y la Vivienda que obligatoriamente deben destinarse a hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada mediante un régimen de protección pública.