Artículo 83. Precios de venta y rentas máximos de las viviendas con protección oficial.

Artículo 83. Precios de venta y rentas máximos de las viviendas de protección oficial.
1. Las La venta, alquiler o demás formas de cesión de uso de las viviendas de protección oficial deben efectuarse por el precio que se sujetan al régimen determine por reglamento. Dicha regulación, en cuanto a segundas y sucesivas transmisiones, debe ponderar el tiempo transcurrido entre la calificación definitiva y la venta, los índices públicos y objetivos de precios al consumo, el estado de venta y conservación y, si procede, las mejoras realizadas, para garantizar un adecuado incremento de rentas que corresponde abonar a los usuarios como máximo, determinados valor o, si procede, la falta de acuerdo con los artículos 83 bis a 83 quáter. conservación que pueda implicar una minusvaloración.
2. Corresponde a la Administración competente En suelo que se haya obtenido gratuitamente o que se haya obtenido sin coste en virtud de una subvención pública para calificar la adquisición, las promociones de viviendas de protección oficial determinar el pueden tener un precio o la renta máximos específico que tenga en cuenta estrictamente el momento coste de calificarlas. Cada vez que se formalice un contrato que permita a los usuarios ocupar una vivienda la edificación y gestión.
3. Para favorecer la temporalidad exigida y la rotación necesaria en las viviendas de protección oficial, las partes deben hacer constar en el oficial de alquiler, a partir de la finalización del primer periodo de contrato el precio y establecido de acuerdo con la renta máximos vigentes en aquel momento, sin perjuicio Ley del Estado 29/1994, de que puedan pactar un precio o 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, excepcionalmente, puede aplicarse una renta inferiores. superior a la del primer periodo. Dicha renta y las circunstancias excepcionales en que puede aplicarse deben establecerse por reglamento. En ningún caso puede aplicarse a contratos de personas de la tercera edad y de personas con ingresos por debajo de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.