Artículo 210. Actuaciones de minimización del impacto territorial generado por los núcleos de viviendas en el suelo no urbanizable.

Artículo 210. Actuaciones de minimización del impacto territorial generado por los núcleos de viviendas en el suelo no urbanizable.
1. El plan general estructural, o cualquier instrumento de planeamiento con capacidad de establecer la ordenación estructural, podrán delimitar como zona urbanística en el suelo no urbanizable los núcleos de viviendas consolidados que deben minimizar su impacto territorial, cuya implantación se haya efectuado al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación.
2. A los efectos de la delimitación a que se refiere el apartado anterior, se consideran núcleos de viviendas consolidados las agrupaciones de viviendas implantadas sobre ámbitos en suelo no urbanizable que conserven una parcelación de características rurales propias del ámbito territorial, y con rurales. A los efectos de la minimización de impactos territoriales existe una agrupación de viviendas en suelo no urbanizable siempre que haya una densidad igual o superior a tres viviendas por hectárea, sin perjuicio de que puedan tener tal consideración grupos de una menor densidad cuando proceda por condiciones de proximidad, de infraestructuras y territoriales.
3. Únicamente podrán legalizar la obra y el uso residencial, a través de su inclusión en el ámbito de los instrumentos regulados en este capítulo, las edificaciones completamente acabadas antes del 20 de agosto de 2014. Y ello con independencia de la situación jurídico administrativa en la que se encuentren, y a salvo del contenido de las sentencias judiciales que sobre las mismas hayan recaído, que no quepa se deberán cumplir de acuerdo con lo que se disponga en las resoluciones de ejecución que los tribunales dicten.
La solicitud de inicio de la realización evaluación ambiental y territorial estratégica de medidas cualquiera de restauración los instrumentos de minimización de impactos regulados en este capítulo, implica la suspensión de la tramitación de los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística o hayan quedado fuera de ordenación. la ejecución de las resoluciones que recaigan sobre obras que puedan ampararse en los mismos. Quedan en suspenso, asimismo, los plazos de prescripción o caducidad de las acciones o procedimientos en ejecución o tramitación.
3. La ordenación pormenorizada En caso de estas áreas no producirse la aprobación del instrumento, decae la posibilidad de alcanzar la legalización de las edificaciones a través de los instrumentos regulados en este capítulo, debiendo preceptivamente dictarse y ejecutarse las órdenes que procedan de acuerdo con los artículos 231 y siguientes de la presente ley.
4. Para legalizar, a través del plan, edificaciones que se realizará encuentren situadas en el suelo que goce de cualquier tipo de protección por medio sus especiales valores ambientales, o suelo que se encuentre afectado por limitaciones de uso específicas derivadas de la aplicación de la normativa sectorial de minas, costas, aguas, riesgo de inundación o infraestructuras, o por la existencia de actividades implantadas legalmente o en proceso de legalización, se deberá emitir informe previo vinculante de la administración con competencias afectadas.
5. En el caso de que el núcleo de viviendas consolidado o viviendas aisladas objeto de la minimización de impacto territorial se encuentre en terreno forestal o colindante al mismo, se procurará la realización de las medidas que la legislación de prevención de incendios forestales establezca para las nuevas urbanizaciones, edificaciones y usos.
En caso de no realización de estas medidas en el proyecto de legalización, la administración pública quedará exenta de responsabilidad en el supuesto de que se produzcan daños materiales como consecuencia de un plan especial incendio.
En el supuesto de que podrá comprender fases el núcleo de ejecución viviendas consolidado objeto de la minimización de impacto territorial se encuentre en un área inundable y para las obras edificaciones ya existentes, las administraciones competentes exigirán la adopción de urbanización, correspondiendo a medidas de disminución de la conselleria competente vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en materia la Ley 17/2015, de ordenación 9 de julio, del territorio sistema nacional de protección civil y urbanismo el Plan de acción territorial sobre prevención de riesgo de inundación en la aprobación definitiva del plan especial, conforme al Libro I Comunitat Valenciana.
En los dos casos anteriores, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de esta ley y, protección civil aplicables al ayuntamiento, caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la selección documentación del programa expediente de actuación integrada y licencia de obra o legalización.
Junto a la designación declaración responsable de primera ocupación se acompañará, en su caso, certificado del urbanizador, según este libro II. Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona forestal sin haber realizado las medidas de prevención contra incendios forestales o que se encuentra en zona inundable.