Artículo 7. Derecho a la verdad.

Artículo 7. Derecho a la verdad.
1. Los poderes públicos vascos colaborarán con los órganos y organismos del Gobierno Vasco que ejerzan funciones en materia de derechos humanos, promoción de la memoria o convivencia democrática para, en el marco de sus respectivas competencias, contribuir al conocimiento de la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere esta ley, a través de las siguientes acciones:
a) Promoverán el derecho de todas las víctimas a que se conozcan los hechos contrastados de lo sucedido, facilitando el acceso a todo tipo de archivos oficiales y a cualesquiera otros lugares donde se pueda conseguir información.
b) Difundirán, con el necesario respeto a la identidad de las víctimas, y atendiendo a la diversidad y a las diferencias existentes, las relaciones de hechos que la Comisión de Valoración haya considerado vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política a las que se refiere esta ley.
Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación del apartado 1 desde el 10 de mayo de 2017 para las partes en el proceso y desde el 1 de junio de 2017 para los terceros por providencia del TC de 23 de mayo de 2017, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 2336/2017. BOE-A-2017-6067
2. Los poderes públicos vascos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y competencias, para garantizar el acceso de todas las víctimas a las siguientes acciones:
a) Facilitarán a las personas beneficiarias previstas en el artículo 3 de esta ley información sobre los recursos disponibles y, en su caso, aquella que permita incoar los oportunos procedimientos judiciales que, en cada caso, puedan proceder.
b) Cuando la Comisión de Valoración considere que del contenido del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo comunicará a los tribunales competentes y, en su caso, a la administración competente.
c) Asimismo, los expedientes de las víctimas reconocidas por esta ley serán, en todo caso, remitidos al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos para que este pueda, siempre dentro del necesario respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, desarrollar las políticas que son de su competencia.