Artículo 8. Competencias.

Artículo 8. Competencias.

1. El Consejo de Gobierno ejercerá las siguientes competencias:

a) Definir la política en materia patrimonial y la aprobación de las normas reglamentarias de desarrollo de esta ley.

b) Establecer, de estimarlo conveniente, los criterios para la coordinación de la utilización, gestión y administración de los bienes y derechos.

c) Determinar las directrices y la estrategia general sobre la gestión del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades.

d) Acordar, aprobar o autorizar los actos de disposición, administración y gestión que esta ley le atribuye.

2. Además de la competencia general del artículo 7 y el resto de atribuciones recogidas en esta ley, corresponderá a la consejería competente en materia de hacienda:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa y la política patrimonial definida por el Consejo de Gobierno, a cuyo efecto podrá dictar las circulares, instrucciones y órdenes de servicio que estime oportuno.

b) Fijar los criterios para la coordinación de la utilización, gestión y administración de los bienes y derechos, cuando no sean establecidos por el Consejo de Gobierno, y verificar su aplicación, pudiendo dictar instrucciones y circulares a estos fines.

3. Las consejerías, a través de los órganos que determinen sus normas de organización y competencias, ejercerán las siguientes atribuciones:

a) La ejecución de la política patrimonial en el ámbito de su consejería, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno y la consejería competente en materia de hacienda.

b) Prestar la colaboración que se solicite por la consejería competente en materia de hacienda para la defensa, protección y gestión del patrimonio.

c) La adquisición, custodia, protección, uso, gestión y enajenación de los bienes muebles y los derechos de propiedad incorporal que sean necesarios o vengan utilizando para el ejercicio de sus competencias.

d) Las facultades y obligaciones correspondientes a la adscripción de los bienes inmuebles y los derechos reales y de arrendamiento que recaigan sobre los mismos.

e) Las demás competencias y atribuciones establecidas por esta ley.

4. A los organismos públicos y demás entidades de derecho público les corresponderán las competencias establecidas para las consejerías en el apartado anterior y las específicamente atribuidas en esta ley.