Disposición transitoria segunda. Adaptación de las sociedades a las previsiones de la ley.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de las sociedades a las previsiones de la Ley.
Uno. Dentro del plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, ley, las sociedades cooperativas constituidas con anterioridad a la vigencia de la misma deberán adaptar a ella las disposiciones de las escrituras o de los Estatutos sociales, si estuvieran en contradicción con sus preceptos. estatutos sociales. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas establecerá los requisitos a que deberá ajustarse la adaptación de los Estatutos estatutos sociales a la presente Ley. ley.
Dos. El acuerdo de adaptación de Estatutos sociales deberá adoptarse en Asamblea General, siendo suficiente el voto a favor de más de la mitad de socios presentes y representados. Cualquier miembro del Consejo Rector o socio estará legitimado para solicitar del Consejo Rector la convocatoria de la Asamblea General con esta finalidad y si, transcurridos dos meses desde la solicitud no se hubiese hecho la convocatoria, podrán solicitarla del órgano jurisdiccional competente quien, previa audiencia de los miembros del Consejo Rector, acordará lo que proceda designando, en su caso, la persona que habrá de presidir la reunión.
Tres. El plazo de adaptación previsto en el párrafo primero de esta disposición se prorrogará dos años más para aquellas sociedades cooperativas que hubiesen adaptado sus Estatutos sociales a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de sociedades cooperativas.
Cuatro. Transcurridos los plazos anteriormente señalados, el Registro de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia no inscribirá documento alguno de sociedades cooperativas sometidas a esta Ley hasta tanto no se haya inscrito la adaptación de sus Estatutos sociales. Se exceptúan los títulos relativos a la adaptación a la presente Ley, al cese o dimisión de miembros del Consejo Rector, interventores, miembros del Comité de Recursos o liquidadores y la revocación o renuncia de poderes, así como a la transformación de la sociedad, a la disolución y nombramiento de liquidadores y asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.