Artículo 5. Cumplimiento de la función social.

Artículo 5. Cumplimiento de la función social.

1. El ejercicio del derecho de propiedad debe cumplir su función social.

2. Existe incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o un edificio de viviendas en el supuesto de que:

a) Los propietarios incumplan el deber de conservación y rehabilitación de la vivienda, siempre que ello suponga un riesgo para la seguridad de las personas y se les haya garantizado, si demuestran su necesidad, las ayudas públicas suficientes para hacer frente al coste de la conservación o rehabilitación de la vivienda.

b) La vivienda o el edificio de viviendas estén desocupados de forma permanente e injustificada durante un período de más de dos años. Ni la ocupación de estas viviendas sin título habilitante ni la transmisión de su titularidad a favor de una persona jurídica alteran la situación de incumplimiento de la función social de la propiedad.

c) La vivienda esté sobreocupada.

d) No se destine a residencia habitual y permanente de personas, si es una vivienda de protección oficial o una vivienda reservada para el planeamiento urbanístico a este tipo de residencia.

e) Después de la consecución de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o de la firma de compraventas de vivienda que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario por parte del prestatario, no se formule una propuesta de alquiler social en los términos establecidos por el artículo 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

f) (Anulada)

g) Los propietarios, si tienen la condición de grandes tenedores, no inicien las acciones de desalojo requeridas por la administración competente, la vivienda se encuentre ocupada sin título habilitante y esta situación haya provocado una alteración de la convivencia o del orden público o ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.

2 bis. Los supuestos a los que se refieren las letras b y d del apartado 2 constituyen un incumplimiento del deber de los propietarios de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística.

3. Para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o un edificio de viviendas, las administraciones competentes en materia de vivienda deben arbitrar las vías positivas de fomento y concertación a las que se refiere el título III, y pueden establecer también otras medidas, incluidas las de carácter fiscal, que propicien el cumplimiento de dicha función social y penalicen su incumplimiento.

3 bis. Las administraciones competentes en materia de vivienda pueden declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas en caso de que los propietarios hayan sido requeridos para adoptar las medidas necesarias para cumplir la función social de la propiedad y hayan incumplido el requerimiento en el plazo establecido. La declaración del incumplimiento de la función social puede comportar la adopción de las medidas de ejecución forzosa que determina la legislación en materia de vivienda y, en los supuestos del apartado 2 bis, las establecidas por la legislación en materia de suelo, incluida la expropiación forzosa en los casos establecidos por ley.

4. El departamento competente en materia de vivienda y las administraciones locales deben actuar coordinadamente en la delimitación y declaración de los ámbitos o las situaciones aisladas en que se produzca incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda, y en la determinación y ejecución de las medidas legalmente establecidas que sea preciso adoptar.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la letra f) del apartado 2, en la redacción dada por la Ley 1/2022, de 3 de marzo, y con los efectos previstos en el fundamento jurídico 9, por Sentencia del TC 120/2024, de 8 de octubre. BOE-A-2024-23944

Se añade la letra g) al apartado 2 por el art. 1.1 de la Ley 1/2023, de 15 de febrero. BOE-A-2023-5752

Se modifican las letras b), d) y f) del apartado 2 y se añaden los apartados 2 bis y 3 bis por el art. 1 de la Ley 1/2022, de 3 de marzo. BOE-A-2022-4208

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 2.b), 2.d), 2.f) , 2 bis) y párrafo segundo del apartado 3, en la redacción dada por los arts. 2.2 a 2.5 y 4.2 del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, por Sentencia del TC 16/2021, de 28 de enero. BOE-A-2021-2835

Se modifican los apartados 2 y 3 y se añade el 2 bis por los arts. 2.2 a 2.5 y 4.2 y 3 del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre. BOE-A-2020-2509

Se deja sin efecto la modificación de los apartados 2.b) y 3 por Acuerdo de 25 de abril de 2019. DOGC-f-2019-90471, por el que se deroga el Decreto-ley 5/2019, de 5 de marzo.

Se modifican los apartados 2.b) y 3 por el art.1.1 y 2 del Decreto-ley 5/2019, de 5 de marzo. DOGC-f-2019-90350

Se declara el desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad nº 2501-2016 en relación con las letras e), f) y g) del apartado 2, por Sentencia del TC 13/2019, de 31 de enero. BOE-A-2019-2547

Se declara el mantenimiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de las letras e), f) y g) del apartado 2, en la redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, por auto del TC de 20 de septiembre de 2016. BOE-A-2016-8959.

Se suspende la vigencia y aplicación de las letras e), f) y g) del apartado 2, en la redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 29 de julio.. BOE-A-2015-9725. desde el 5 de mayo de 2016 para las partes del proceso y desde el 3 de junio de 2016 para los terceros, por providencia del TC de 24 de mayo de 2016, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2501-2016. BOE-A-2016-5337.

Se añaden las letras e), f) y g) al apartado 2 por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 29 de julio. BOE-A-2015-9725.

Se modifica el apartado 2.b) por el art. 149 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. BOE-A-2012-546.