Artículo 41.

Artículo 41.

1. Los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas que por fraude, negligencia o a título de simple inobservancia causen daños en el dominio público de la Generalidad, o la usurpen de la manera que sea, estarán obligados a reparar el daño y a restituir el que han sustraído y serán responsables de la comisión de hechos constitutivos de infracción administrativa.

2. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.

a) Son infracciones leves las que han producido daños hasta 600 euros.

b) Son infracciones graves las que han producido daños de más de 600 y menos de 6.000 euros.

c) Son infracciones muy graves las que han producido daños de más de 6.000 euros.

3. Las sanciones a imponer serán las siguientes:

a) Por infracciones leves, hasta el tanto del perjuicio causado.

b) Por las infracciones graves desde el tanto hasta el tanto y medio del perjuicio causado.

c) Y por las infracciones muy graves del tanto y medio al doble del perjuicio causado.

4. Las sanciones a imponer se graduarán atendiendo a la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados o la reincidencia.

5. Por disposición reglamentaria se podrá regular el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, atendiendo a los principios del procedimiento sancionador que regula el capítulo I del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Tanto las infracciones como las sanciones prescribirán en los plazos y las condiciones que establecen las normas con rango de ley.

7. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al director o directora general del Patrimonio, sin posibilidad que se pueda delegar en ningún otro órgano distinto, de acuerdo con la Ley 30/1992.

8. Contra la resolución del director o directora General del Patrimonio, se podrá interponer recurso de alzada.

Se modifica el apartado 2 por el art. 41.7 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. BOE-A-2010-737.